Mostrando entradas con la etiqueta Gestión Pública. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Gestión Pública. Mostrar todas las entradas

12 oct 2014

Notas sobre la extinción del Ministerio del Ambiente en Venezuela 2. Metiendo el ambiente por el ojo de una aguja


Imagen: Micro-escultura de Willard Wigan


Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Marcos, 10. 25.

En un artículo anterior en este mismo blog, comencé a presentar los argumentos críticos que han sido publicados con respecto a la desaparición del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en Venezuela, así como los contraargumentos usados hasta el momento para intentar invalidar las opiniones contrarias a esta decisión. Para ello, revisé los distintos artículos de opinión, declaraciones, resoluciones, artículos y notas de prensa publicados hasta el momento. A partir de este análisis encontré cuatro argumentos básicos utilizados para criticar u oponerse a la decisión:

  1. Se percibe esta decisión como un retroceso en materia de desarrollo institucional en un país pionero y con avances innegables en este tema, y, aún peor, por parte de un gobierno que se presenta internacionalmente como adalid de las causas ambientales del mundo.
  2. Se consideran incompatibles las funciones de un ministerio que debe actuar como ente rector de las políticas ambientales del país – que deberían ser transversales a toda la acción del Estado – con las de un ministerio dirigido al desarrollo urbano y que a su vez, sus actividades deberían ser orientadas y supervisadas por el primero. 
  3. Se percibe una desproporción entre los retos ambientales que afectan al país y el hecho de que de ahora en adelante estos deberán ser asumidos por una institución degradada al rango de “sub-ministerio” (luego aclaro este término) y 
  4. Finalmente, un grupo expresa estar en desacuerdo con el uso del concepto de “Ecosocialismo” para definir el objeto del nuevo ministerio y por lo contrario otro grupo celebra y apoya esta decisión.

En el primer artículo analicé el primero de estos argumentos y ahora sigo con el segundo, para ello me hice la pregunta:

¿Es compatible la gestión ambiental del país con la construcción de viviendas?

“Veo dificultad para ejercer la función reguladora sobre todo el Estado (si se maneja) desde un viceministerio (…) creo que estamos a tiempo de hacer de una rectificación. Un ministerio regulador no puede estar subsumido en un ministerio constructor” Declaraciones de Ana Elisa Osorio, ex-ministra del Ambiente 

Para contestar esta pregunta, en primer lugar es necesario saber cuáles son las funciones que fueron asignadas al Ministerio del Ambiente (MINAMB) para entender su rol en la estructura del Estado venezolano.

El MINAMB tiene asignadas una variedad de funciones que lo definen como rector de las políticas ambientales del país, contralor de las actividades capaces de generar daño al ambiente, orientador de las actividades realizadas en el país, promotor de educación y participación en temas ambientales, así como ejecutor de programas de conservación, uso sostenible, control ambiental, entre otros.

Vale la pena decir que estas funciones, que aquí se resumieron de forma muy apretada, nacen de un muy complejo cuerpo de leyes existentes en Venezuela, que orientan y regulan las políticas y gestión ambiental del país.

En tal sentido, el ministerio tuvo una dimensión múltiple y compleja que es transversal a todas las actividades que se realizan en todos los ámbitos territoriales, incluyendo zonas urbanas y no urbanas, espacios terrestres y acuáticos, así como espacios aéreos influenciados por la actividad humana. Por otra parte su acción se articula con temas prioritarios para la vida y desarrollo nacional como la salud, alimentación, seguridad, economía, cultura y ocupación territorial, entre otros. Asimismo es un ministerio con doble función: De orientador del desarrollo nacional a través de la definición de instrumentos de ordenamiento territorial, control ambiental, manejo de recursos y procesos de educación y participación, así como de ejecutor de acciones específicas en cada una de esas áreas.

Por su parte, las funciones del Ministerio de Vivienda y Hábitat están definidas por la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, norma que fue dictada para garantizar el derecho de los venezolanos a una vivienda digna.

En el artículo 5º de esta Ley se indica que este ministerio ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat en los ámbitos nacional, regional y municipal para el desarrollo del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, de seguimiento y monitoreo de la ejecución programática, física y financiera, así como la coordinación de todas las instancias organizativas y territoriales.

Asimismo, le asigna competencias sobre la política nacional de vivienda, hábitat, diseño, ejecución y seguimiento de planes de ordenamiento de asentamientos urbanos, establecimiento de normas, procedimientos y orientaciones para el desarrollo de programas de vivienda, establecer fondos para la financiación de estos planes, e intervenir en la ejecución de los mismos, entre otros.

A través del ejercicio de estas funciones, el Ministerio de Vivienda y Hábitat es un ente sectorial, dirigido a establecer, implementar políticas y acciones dirigidas a establecer políticas de desarrollo urbanístico y habitacional del país, así como a la planificación y ejecución de programas y proyectos dirigidos a garantizar viviendas para la población.

Al comparar las funciones que debían desempeñar ambos ministerios ahora fusionados, me queda claro que son totalmente diferentes y en su mayor parte difícilmente compatibles. En este punto difiero un poco de la apreciación antes mencionada de la diputada y ex-ministra Ana Elisa Osorio: Para mí, ambos ministerios, previo a la fusión, tenían roles reguladores dentro de su ámbito de competencia particular, pero la diferencia es que mientras que la función que fue asignada al ministerio de Vivienda y Hábitat queda enmarcado en un tema sectorial: El desarrollo urbanístico y promoción de la construcción de viviendas, el MINAMB tenía asignadas funciones que son transversales a todas las acciones del Estado venezolano en toda la geografía nacional, y que ahora de alguna manera nada clara toca mezclar.

Respondiendo a las críticas y dudas existentes, el ministro de “Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda” (como ahora lo nombran a pesar del Decreto de creación) Ricardo Molina indicó “No se está eliminando la palabra ambiente, ahora la tenemos más presente que nunca, hábitat es sinónimo de ambiente, y la construcción de vivienda asociada al desarrollo armónico con la naturaleza, es la unión de conceptos de políticas que tendrán que convertirse en una sola” (sic).

El intento del ministro de hacer sinónimos los conceptos de ambiente y hábitat, no me parece inocente, ni resultado de simple ignorancia. En este último caso bastará que el nuevo vice-ministro de “Ecosocialismo Ambiental” (sic) el biólogo y profesor de la Universidad Simón Bolívar Guillermo Barreto pueda aclararle la diferencia entre ambos términos. Por otra parte pudiera ser un intento, poco feliz según mi opinión, de justificar la razón jamás explicada de esta fusión.

Pero, más allá de estas posibilidades, creo que hay un trasfondo subyacente más complejo: el intento de vaciar de significado al concepto central de las ciencias ambientales para poder constreñirlo dentro del ámbito del hábitat humano. Es decir empequeñecer las dimensiones ecológicas, económicas, sociales y políticas del ambiente para poder referir de aquí en adelante a proyectos de desarrollo urbanístico como temas ambientales. Más adelante en este artículo desarrollaremos esta idea.

Luego de esas declaraciones me quedaron dos preguntas: ¿En dónde, además de algunas pocas experiencias en el mundo, la construcción de viviendas está asociada al desarrollo armónico con la naturaleza? Y por otra parte ¿en cuál de los proyectos urbanísticos desarrollados por el gobierno venezolano se ha intentado lograr este objetivo?

Por otra parte, el argumento del señor ministro de que “la fusión de los dos ministerios es la unión de conceptos de políticas que tendrán que convertirse en una sola”, podría haber sido usado para fusionar el ministerio del ambiente con una variedad de otros ministerios, quizás haciendo sinónimos los conceptos de ambiente con los de salud, cultura o quizás el de planificación, entre otros.


¿Cuál ha sido la experiencia de otros países al hacer fusiones similares?

Otro nivel de análisis acerca de la posible inadecuación de fusionar ministerios de Ambiente y Vivienda es revisar los resultados logrados por otros países donde se haya realizado una acción similar. Sorprendentemente, esta situación, hasta donde he podido saber, solo había ocurrido hasta ahora en Colombia durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe y revertida al inicio del gobierno del actual Presidente Juan Manuel Santos.

En tal sentido tenemos un punto de comparación, no necesariamente equivalente, pero sí con algunas similitudes ambientales, históricas, sociales y culturales (mas no ideológicas) que permiten establecer algunas analogías.

Al respecto, podemos citar las declaraciones del ambientalista y ex-ministro de Ambiente colombiano Juan Mayr, el cual en declaraciones a la revista Semana calificó como: “un desastre” esa fusión, porque “minimizó y debilitó la gestión ambiental en el país, pues el ministerio obedeció más a la política desarrollista, sin consideraciones ambientales”. Asimismo, expresó que: “la fusión de funciones puso al ministerio en un escenario inconveniente, al señalar que se convirtió en “juez y parte”, pues al tener competencias en vivienda y desarrollo, algunas disposiciones se enfrentaban a su papel de defensa ambiental”. Igualmente alertó que frente al… reto de la inversión extranjera, especialmente para la minería, (se) necesita un ministerio que garantice que el ambiente esté a salvo y sea derecho de todos los colombianos. Eso sólo lo puede hacer un ministerio con dientes y voluntad política para avanzar en procesos de desarrollo sostenible”. (Las negrillas son mías)

Más claro imposible. Y en gran medida aplicable a nuestra realidad actual, principalmente ante la entrada de empresas extranjeras que vienen a explotar nuestros recursos naturales, la mayor parte de las mismas provenientes de países muy poco conocidos por su preocupación, avances y responsabilidad en temas ambientales.

Por otra parte, la intención explícita del gobierno del presidente Uribe al producir estas y otras fusiones fue la reducción del tamaño del gobierno, dentro de una política común dentro de gobiernos con ideologías mucho más a la derecha que la seguida por nuestro gobierno. Entonces ¿si ideológicamente no pareciese tener sentido que las razones políticas fuesen similares, cuál entonces fue la razón de fondo del gobierno venezolano de haber tomado una decisión similar?


Receta para hacer pasar un camello por el ojo de una aguja

Las ideas aquí analizadas me llevan continuamente a la pregunta: sí no parece tener sentido ni ideológica, ni técnica, ni políticamente hablando esta fusión; entonces ¿cuáles fueron las razones que guiaron a esta decisión?

No hemos encontrado hasta ahora ninguna respuesta más o menos coherente a esta pregunta más allá del intento de rescribir los conceptos que sustentan a las ciencias ambientales o el de la implantación del ecosocialismo (que en este caso hubiese tenido más sentido fortalecer a un ministerio que le diera fuerza a esta idea)

Por ello habrá que recurrir a la imaginación: Usemos esta analogía: Si queremos pasar un camello (la gestión ambiental) por el ojo de una aguja (del desarrollismo) solo existen dos posibilidades: O hacer agujas muy grandes o hacer que el camello sea muy pequeño.

Como ya lo había comentado más arriba, este pudo ser el trasfondo de esta decisión: la necesidad de tener un sector ambiental muy pequeño, que no tenga capacidad política ni técnica de controlar los futuros planes de desarrollo urbanístico, industrial, minero o de cualquier otro tipo.

Varias pistas parecen apuntar en esa dirección: En los últimos años se han multiplicado las denuncias referidas a la minimización de la partida presupuestaria del MINAMB, el secuestro continuado de sus competencias por otras instituciones, la demolición de las bases técnicas de su trabajo a través de la incorporación de conceptos e ideas ambiguas, inaplicables o simplemente absurdas, la reducción y desvalorización de sus cuadros técnicos, la pérdida de su capacidad operativa, y un muy largo etcétera.

Si este análisis tiene algún sentido, la fusión del MINAMB con el ministerio de Vivienda y Hábitat fue únicamente la última fase de este proceso de miniaturización que ahora puede permitir pasarlo sin problema por el ojo de cualquier aguja que hayan previsto los grupos desarrollistas del país.

Cuál entonces será el futuro de la gestión ambiental del país. No tengo ninguna respuesta lógica e esta pregunta, pero siguiendo en la onda bíblica, quizás valga la pena citar el siguiente proverbio: “El que confía en sus riquezas, caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde” (Proverbios 11:28)

1 oct 2014

Notas sobre la extinción del Ministerio del Ambiente en Venezuela 1. La guagua va en reversa




Recientemente, el Ejecutivo Nacional decretó la creación del Ministerio del Poder Popular de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo a la vez que ordenó la supresión del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente  (Ver texto del decreto)

Esta decisión representó el cambio más importante en la política ambiental del país desde la creación del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en 1977.

La medida generó una enorme sorpresa y contrariedad entre las personas relacionadas con la conservación, investigación y gestión del ambiente. Esta percepción ha quedado plasmada en un importante número de declaraciones y artículos de opinión (una recopilación de estos artículos está disponible en el Portal de Desarrollo Sustentable)

Revisando los textos publicados hasta la fecha, parece existir un acuerdo básico en considerar inconveniente tal decisión. Esta idea ha sido expresada tanto por personas afectas a las políticas gubernamentales, como aquellos críticos a las mismas. Tal consenso resulta una novedad en la historia reciente de Venezuela marcada por una extrema división y polarización entre muchos grupos sociales.

Por otra parte, al analizar los mismos es posible clasificar los argumentos utilizados en cuatro ideas básicas:

  1. Se percibe esta decisión como un retroceso en materia de desarrollo institucional en un país pionero y con avances innegables en este tema, y, aún peor, por parte de un gobierno que se presenta como adalid de las causas ambientales del mundo.
  2. Se consideran incompatibles las funciones de un ministerio que debe actuar como ente rector de las políticas ambientales del país – que deberían ser transversales a toda la acción del Estado – con las de un ministerio dirigido al desarrollo urbano y que a su vez, sus actividades deberían ser orientadas y supervisadas por el primero. 
  3. Se percibe una desproporción entre los retos ambientales que afectan al país y el hecho de que de ahora en adelante estos deberán ser asumidos por una institución degradada al rango de “sub-ministerio” (luego aclaro este término) y 
  4. Finalmente, un grupo expresa estar en desacuerdo con el uso del concepto de “Ecosocialismo” para definir el objeto del nuevo ministerio y por lo contrario otro grupo celebra y apoya esta decisión.
En artículos sucesivos les presentaré un análisis de estos argumentos, así como las contra-argumentaciones que he podido conseguir hasta el momento. Quizás esta revisión nos permita comprender cuáles son las circunstancias que definirán los posibles escenarios futuros de la gestión ambiental del país.

Debo decir que procuraré realizar este trabajo de la manera más honesta posible, aunque no necesariamente de manera objetiva, ya que estoy totalmente en desacuerdo con esta decisión. Para mayor rigurosidad del trabajo, todas las citas que se hacen en el texto pueden ser revisadas mediante los enlaces colocados en cada caso.

Fundamentado en lo anterior iniciemos en este artículo el análisis del primer grupo de argumentos:

¿Vamos hacia atrás? O “ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario”

Muchos de los artículos críticos cuestionan la inconveniencia de destruir una de las historias de éxito de Venezuela al haber sido un país pionero y líder regional en materia de institucionalización y desarrollo de políticas para la gestión ambiental.

En tal sentido, quizás valga la pena preguntarse: ¿haber avanzado tempranamente en estos temas fue de alguna utilidad para el país?

Un resumen apretado y no exhaustivo de estos logros son los siguientes: Durante los treinta y siete años de existencia del Ministerio del Ambiente (MINAMB) se decretaron treinta y uno de los Parques Nacionales existentes, lo cual permite la protección de los ecosistemas que producen el 70% de la electricidad y el 80% del agua consumida en el país y se creó el sistema de administración hidráulica de Venezuela. Por otra parte se implantaron múltiples programas de conservación de la biodiversidad, se concretaron Planes de Ordenamiento del Territorio para todo el país, se establecieron Normas Técnicas especializadas para el control de contaminantes, mitigación de daños ambientales y procedimientos para la realización de estudios de impacto ambiental y se implantaron programas de control y guardería de las actividades generadoras de daños ambientales. Asimismo, se promovió la inserción de programas de educación ambiental en todos los niveles de enseñanza y se realizaron acciones para el cumplimiento de los compromisos internacionales del país en materia de protección de diversos temas ambientales y del desarrollo sustentable.

Por supuesto esto no quiere decir que su labor fue totalmente satisfactoria, ya que igualmente a lo largo de estos años hubo muchas fallas, errores y omisiones, incluso graves, pero el balance es enormemente positivo en cualquier contabilidad que se haga y estos logros, representan avances importantes en materia de gestión ambiental en comparación con otros países vecinos similares a Venezuela, y así fue reconocido incluso por el Presidente de la República en su reciente discurso en la ONU.

Creo que hay que destacar un logro adicional que quizás no es tan visible. Durante esos años y hasta el presente, una gran cantidad de trabajadores del MINAMB y sus instituciones adscritas, fueron la vanguardia de una lucha muy desigual dirigida a resistir las apetencias, intereses y negociados de todo un ejército de empresarios y políticos inescrupulosos que siempre consideraron las normas ambientales como una limitación excesiva a sus ambiciones.

Quizás también valga  la pena decir que el último capítulo de esta guerra fue el progresivo desmantelamiento de sus cuadros técnicos, el secuestro de sus funciones por otros entes gubernamentales, la contracción de su capacidad de acción real y la depreciación de su presupuesto a niveles incompatibles con la importancia de sus funciones. Es posible que esa acción fuese el preámbulo a la decisión actual y justifica para muchos su eliminación final.

Es importante añadir que en algunos de los textos críticos escritos por personas ideológicamente cercanos al gobierno, argumentan que no solo no se debió eliminar el ministerio del ambiente, sino que por el contrario se debió elevar al nivel de Vice-Presidencia (en este caso de Vice-Presidencia de Ecosocialismo)

Frente a estas críticas, el Ministro Ricardo Molina, actuando como vocero del Gobierno Nacional, respondió que no se habían sumado dos ministerios, sino que se había creado uno nuevo, cuyo nombre ahora sería (noten el giro) de “Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat” Que este no sea el que aparece en la Gaceta Oficial no parece ser problema para el ministro.

Asimismo declaró que el presidente Maduro “está dando un paso adelante mundial, no hay ministerio en ninguna parte del mundo que anteponga la palabra ecosocialismo…”.

Según el ministro, no sólo no perdimos nada, sino que ahora volvemos a estar en posición de vanguardia. Me parece una idea brillante  por parte de este funcionario. Que esto haya sido logrado a través de mezclar las funciones de rectoría ambiental con las de construcción de viviendas es un detalle menor. Quizás los colombianos nos pueden explicar que tal funcionó en su país durante el gobierno del presidente Uribe, del cual quizás se tomó la idea de esta fusión.

En relación con el argumento dado por el ministro, uno puede pensar que, en los años setenta del siglo pasado una de las tendencias globales que definieron las políticas internacionales y nacionales, fue la preocupación por el deterioro ambiental, y por ello fue realmente revolucionario avanzar tempranamente en esa dirección. Por otra parte, no sé si será  demostrable que el ecosocialismo en este momento sea una tendencia global.

Lo que sí parece ser palpable, es la necesidad que tiene los voceros gubernamentales de cambiar la percepción negativa inicial sobre la decisión, tanto dentro como fuera del país, en particular entre los grupos cercanos al gobierno.

Por tal razón, el gobierno ha tenido que apresurarse a reafirmar en el plano internacional su discurso político ambientalista. A la vez que hacia dentro del país ratificar su apego a los lineamientos expresados en el Objetivo 5 del Plan de la Patria y aclarar que serán mantenidas todas las funciones y actividades asignadas al extinto ministerio.

A pesar de la necesidad de mejorar la percepción en relación con la decisión tomada, en ninguna de estas explicaciones se intenta presentar, y mucho menos justificar, las razones por las cuales se consideró necesario eliminar al MINAMB, en vez de por el contrario fortalecerlo en consonancia con los principios que el gobierno dice defender.

Un elemento adicional que surge en el análisis, es que en varias de las declaraciones recientes realizadas por voceros gubernamentales aparecen ideas que no estaban o son distintas a las presentadas en los primeros momentos luego de que fuese comunicada la decisión de la desaparición del MINAMB. Asimismo se evidencia en las mismas una gran confusión conceptual y técnica por parte de estos funcionarios. Tales imprecisiones sugieren que sobre la marcha y de manera improvisada ha sido necesario corregir y explicar aspectos que resultaron inaceptables para algunos grupos o que simplemente nunca estuvieron totalmente definidos y justificados.

Finalmente, este primer análisis parece dejar en evidencia que la decisión fue arbitraria y que sus motivaciones políticas no están para nada claras. Por lo contrario, quizás haya que buscar explicaciones relativas a intereses grupales con vaya usted a saber cuáles objetivos. Por ello, parafraseando al cantautor dominicano Juan Luis Guerra da la impresión que en Venezuela en materia ambiental "la guagua va en reversa”.

6 mar 2008

Marcos Sorrentino nos envía hoy 6 de marzo esta importante información a los educadores ambientales de latinoamerica.

**********************************************

Aos Educadores e Educadoras Ambientais da América Latina e Caribe,

Península Ibérica e Países de Língua Portuguesa


O Foro de Ministros de Meio Ambiente da América Latina e Caribe, como principal foro político intergovernamental regional, aprovou na sua XVI Reunião a Decisão 1, que diz respeito a implementação da Iniciativa Latino Americana e Caribenha para o Desenvolvimento Sustentável (ILAC), onde foi incluída a Educação Ambiental entre as suas 11 prioridades de ação nos próximos quatro anos (Anexo 1). Além disso, a Decisão 11 responsabilizou o Brasil para dar seguimento às atividades de coordenação do Programa Latino-Americano e Caribenho de Educação Ambiental ? PLACEA durante o biênio 2008-2009 (Anexo 1). Dentro de uma perspectiva de rodízio na condução do PLACEA tivemos o apoio dos representantes dos governos da Venezuela e Argentina para assumir tal responsabilidade.

O PLACEA vem sendo desenvolvido nos últimos sete anos por iniciativa dos organizadores e participantes dos Congressos Ibero-Americanos de Educação Ambiental, capitaneado pelo governo da Venezuela. Desde 2005 o PLACEA se tornou oficialmente uma responsabilidade compartilhada pelos Ministros de Meio Ambiente da região, vinculado a implementação da ILAC.

Um dos instrumentos do Foro de Ministros para a efetiva implementação de suas decisões, em especial para a implementação da ILAC, são os grupos de trabalho, cujo funcionamento foi revisto recentemente pela Decisão 4, em que foi estabelecido o Grupo de Trabalho de Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Anexo 1). Entendemos que o GT deveria ter um caráter de suporte operativo para a implementação do PLACEA e portanto deveria ser composto por um número reduzido de países que possam agilizar a viabilização do Programa em cada sub-região.

A primeira proposta que encaminhamos aos pontos focais da Rede de Formação Ambiental do PNUMA e aos educadores e educadoras ambientais da região, no sentido da revitalização do PLACEA, encontra-se no Anexo 2 e foi muito útil para os nossos diálogos em Santo Domingo. Nas próximas semanas será encaminhado aos governos dos países da região uma proposta de matriz de prioridades para o funcionamento do Grupo de Trabalho de Educação para o Desenvolvimento Sustentável com foco na implementação do PLACEA.

A educação ambiental ainda tem presença marginal nos governos da região, haja visto os orçamentos, o tamanho das equipes e a ausência de políticas e programas nacionais de educação ambiental na maioria dos países, mesmo considerando a sua importância para o enfrentamento das mudanças socioambientais globais. Isto nos obriga a assumir uma enorme responsabilidade no sentido de reverter este quadro.

Estamos planejando a realização de uma reunião com os pontos focais da educação ambiental de todos os países, a ser realizada ainda no primeiro semestre de 2008, para detalharmos o Plano de Ação Regional do PLACEA. Mais informações sobre essa reunião serão divulgadas em breve. A idéia é que este Plano circule nas redes e demais instâncias de interlocução da educação ambiental dos países da região. Temos a intenção de ampliar a rede de pontos focais dos países e trabalharemos com essa orientação durante o período de nossa coordenação no sentido de envolver os Ministérios de Educação e uma representação da sociedade civil.

Temos que debater muitas coisas, antes de nos reunirmos para tomar decisões. Apontamos abaixo seis pontos, para iniciarmos a conversa:

O primeiro deles é sobre a necessidade de dar organicidade para as diversas iniciativas relacionadas a educação ambiental na América Latina e Caribe, Península Ibérica e Países de Língua Portuguesa ? por exemplo entre a Rede de Formação Ambiental do PNUMA e o seu Fundo Fiduciário, o PLACEA e o GT de Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável do Foro de Ministros de Meio Ambiente da América Latina e Caribe, os Congressos Ibero-Americanos de EA, entre outras. Nesse sentido, existem questões a serem superadas: estes Congressos não incluem os países de língua inglesa do Caribe e incluem a Península Ibérica; o GT de EA do Foro de Ministros, a Rede de Formação do PNUMA e o PLACEA incluem formalmente os países do Caribe, mas na prática os isola por quase não praticar a língua inglesa em seus encontros, publicações e comunicações informais. Os países de língua portuguesa (cinco africanos e um asiático, além de Portugal e Brasil) começaram a desenvolver uma importante integração que poderia nos auxiliar a penetrar com esta perspectiva latino-americana de EA em todo continente Africano, auxiliando-nos a resgatar uma dívida histórica presente também em praticamente toda América Latina, Caribe, Portugal e Espanha, apesar de serem realidades culturais muito distantes. Enfim este é um ponto de debate que puxa outro.

O da língua para a nossa comunicação. Estamos cientes das dificuldades que existem para muitos dos nossos companheiros e companheiras em acompanhar longos comunicados em português. Consultamos os leitores deste texto se podemos fazer pequenos e rápidos comunicados em português e para textos maiores (como este) podemos fazê-lo em portunhol ou quando mais oficial, nas três línguas. O Sr. Ricardo Sanchez, afirmou em tom de brincadeira, em plenária do Foro de Ministros, que a primeira iniciativa do GT de EA deveria ser um curso de espanhol para os seus participantes. Consideramos interessante a idéia do PNUMA facilitar o acesso a cursos de espanhol, português e inglês aos participantes de todas as articulações internacionais de EA ou pelo menos financiar a tradução de todos os materiais.

O terceiro ponto é o de definirmos se queremos entrar no debate internacional da EA, procurando dar visibilidade a EA Latino-Americana no contexto da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável e de outras iniciativas relacionadas às mudanças socioambientais globais ou se vamos circunscrever a nossa atuação aos países mencionados anteriormente (da América Latina, Caribe, Península Ibérica, países lusófonos), ou a parte deles.

Em nosso ponto de vista, perdemos boas oportunidades no V Congresso Ibero-Americano de EA, no I Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países Lusófonos e Galícia e na 4a Conferência Internacional de EA (Tibilsi+30), em Ahmedabad, de lançarmos a proposta de um Manifesto Planetário pela EA ou uma Declaração Universal pelos Direitos à EA, que re-colocasse o diálogo sobre o papel transformador, crítico e emancipatório da EA, para além de nossas fronteiras (em cada país e no continente) e não devemos perder essa oportunidade no VI Congresso Ibero-americano de EA.

O quarto ponto é sobre as nossas instâncias de articulação e tomada de decisão. Quais são? Quem decide?

O quinto é sobre o VI Congresso Ibero-Americano, na Argentina. Avançamos na primeira conversa com Pablo Mesa, que será o responsável por coordenar a organização do evento e ele tem propostas boas de forma e conteúdo para o evento.

O sexto, é sobre a elaboração de um Plano de Ação Regional e/ou Sub-regionais para o PLACEA. Os anexos fazem algumas provocações neste sentido, o próprio PLACEA deve ser re-visitado para avivarmos a memória (seguem no Anexo 3 alguns documentos de referência do PLACEA em português e espanhol, sendo que já estamos articulando com o PNUMA a tradução para o inglês). Também contribuem para essa revisitação as experiências de regionalização do PANACEA e do Centro de Saberes e Cuidados Ambientais de La Cuenca del Plata. As correspondências nas listas eletrônicas estão repletas de propostas e também devem ser analisadas para o aprofundamento dos debates.


Por fim, precisamos nos estruturar como coordenação e secretaria executiva deste diálogo à distância e facilitadores também das aproximações presenciais. Indicamos o endereço eletrônico para recebermos as correspondências referentes ao PLACEA: placea@mma.gov.br. Acreditamos que as propostas de blog ou lista também são importantes.

Por fim, aceitamos todas as sugestões, críticas e colaborações para que possamos corresponder às demandas colocadas pela conjuntura planetária e por nossas expectativas de tornar a EA cada vez mais presente em nossos países e na vida de cada pessoa.


Saludos fraternos,


Marcos Sorrentino

Diretor do Departamento de Educação Ambiental

Ministério de Meio Ambiente do Brasil

24 feb 2008

INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LATINOAMÉRICA Y VENEZUELA

Un mecanismo que ha sido usado por diversas naciones para la gestión pública de los procesos educativos-ambientales, es el desarrollo de Políticas, Estrategias o Leyes Nacionales que promuevan, regulen y articulen estas actividades en el país, de tal manera de hacerlas más efectivas en el logro de una mejor calidad de vida para sus ciudadanos. Una muestra preliminar de los esfuerzos realizados en este sentido en Latinoamérica puede verse en la tabla 1.

Tabla 1. Instrumentos de Gestión Pública de la Educación Ambiental en América Latina (País, Año de Publicación y Nombre del Documento)

Argentina, 200?. Estrategia Nacional de Educación Ambiental (En proceso de elaboración)

Chile, 200?. Política Nacional de Educación Para el Desarrollo Sustentable (En proceso de elaboración)

México, 2006. Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México

Costa Rica (*), 2004 Marco Estratégico para la Educación Ambiental I y II ciclos de la Educación General Básica.

Venezuela (*), 2003. La Política de Educación Ambiental y Participación del MARN

Nicaragua, 2003. Lineamientos de Política y Estrategia Nacional de Educación Ambiental

Colombia, 2002. Política Nacional de Educación Ambiental

Brasil, 1999. Programa Nacional de Educação Ambiental

Brasil, 1999. Lei No 9.795, del 27 de abril de 1999

Perú, 1999?. Política Nacional de Educación Ambiental adjunta a Agenda Ambiental 2000 - 2002

Costa Rica, 1998. Estrategia Nacional de Educación y Extensión Ambiental

Cuba, 1997. Estrategia Nacional de Educación Ambiental

Guatemala, 1996. Política Nacional de Educación Ambiental

Colombia, 1995. Lineamientos Generales para una Política de Educación Ambiental

Ecuador, 1994. Agenda Ecuatoriana de Educación y Comunicación Ambiental para el Desarrollo Sustentable.

México, 1993. Hacia una Estrategia Nacional y Plan de Acción de Educación Ambiental

República Dominicana, 1992. Estrategia Nacional de Educación Ambiental

Venezuela, 1990. Estrategia Nacional en Educación y Formación Ambiental 1990-1999

Guatemala, 1990. Estrategia Nacional de Educación Ambiental de Guatemala

Elaboración propia a partir de diferentes fuentes, principalmente en Internet. Este listado se considera preliminar y puede contener lagunas y omisiones importantes.

(*) Estos casos se refieren a instrumentos sectoriales y no de alcance general.


Asimismo, tengo información sobre la existencia de planes y/o políticas nacionales en Bolivia, y de un proyecto de Ley de Educación Ambiental en Argentina, pero hasta el momento no he podido confirmar esta información. Asimismo,
no tengo ninguna referencia sobre programas nacionales de gestión de la educación ambiental en algunos países de la región, tales como son los casos de Uruguay, Paraguay, Panamá, El Salvador y Puerto Rico. En este último caso, su particular estatus político de “Estado Libre Asociado” bajo la tutela de los Estados Unidos de América, puede hacer pensar que la EA en este país esté bajo las orientaciones de la Estrategia Nacional de ese país, pero esta conjetura no ha sido posible confirmarla

Esta tabla, es sólo un resumen enumerativo parcial de los documentos y normativas que han sido planteados en la región, y no pretende indicar sí estos instrumentos han sido efectivos en impulsar el desarrollo (promoción, institucionalización, evaluación, optimización, articulación, coordinación y/o financiamiento) de los planes, programas y proyectos educativo ambientales de cada país. Un ejemplo de esta situación es el hecho de que en el año 1990, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables de Venezuela propuso una “
Estrategia Nacional de Educación Ambiental”, pero este esfuerzo no tuvo ningún efecto sobre el desarrollo de los programas educativo-ambientales del país, ya que según se ha afirmado, no se realizó ningún intento de promover su conocimiento y uso, por lo que la mayoría de los educadores ambientales del país desconocieron su existencia y el propio ministerio la abandonó sin intentar aplicarla (Ruiz Briceño, 2000).

Igualmente, a partir de la muestra, es posible observar que la mayor parte de los países de la región seleccionaron desarrollar Estrategias Nacionales (10) incluyendo algunos países que combinaron la definición de Políticas en combinación con Estrategias. Asimismo, tres establecieron Políticas Nacionales, uno tiene una Ley Nacional y uno tiene un Programa. Queda claro que la selección de cuál es el instrumento de política pública que debe ser usado es una decisión que depende de factores sociopolíticos, institucionales, oportunidad, conveniencia o pertinencia en cada país y momento histórico.

Siendo la estrategia la herramienta más utilizada en la región, igual que en el resto del mundo (Ruiz, 2000; Tillbury, 1999) es importante definir qué es una Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA). Algunas definiciones que podemos conseguir son las siguientes:

“...procesos de planificación concertada donde los distintos actores de un país expresan sus aspiraciones en materia de Educación Ambiental. Estas constituyen grandes marcos de referencia que, además de acuerdos y compromisos, deben proporcionar las directrices a seguir para el logro de procesos estratégicos más específicos, de acuerdo a las realidades, necesidades y posibilidades de los ámbitos nacionales, regionales o locales”. Álvarez, Ruiz y Benayas, 2000

“… un proceso orientativo y flexible a través del cual es posible establecer los fundamentos, las directrices y las acciones referidas al diseño, desarrollo y evaluación de un plan de acción social considerado relevante para mejorar la calidad de vida de una población en un marco territorial, temporal y humano” Estrategia Gallega de Educación Ambiental 1994. En Ruiz, 2000.

“... un plan sistemático orientado a medio – largo plazo y que aglutina los esfuerzos de un conjunto amplio de agentes sociales (gestores, educadores, políticos, ciudadanos y asociaciones) en aras de mejorar o cambiar una realidad socioambiental en un contexto geográfico concreto” Gutiérrez y Benayas, 2000.

En resumen, las ENEAs han sido definidas como procesos de planificación, idealmente elaborados de manera participativa, definidos para ser cumplidos en un horizonte de mediano a largo plazo que establecen principios, mecanismos, actores, recursos, tiempos y procedimientos para alcanzar unos propósitos socialmente anhelados en materia de mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Por otra parte, no hay un enfoque ni una metodología estándar para la elaboración de políticas o estrategias de educación ambiental. Los estudios realizados sobre sus características dan cuenta de la enorme variedad de procesos, métodos, niveles de complejidad, lapsos de tiempos utilizados en el diseño y productos finales logrados (Ruiz Briceño, 2000; Tilbury, 1999) Lo que sí está claro es que éstas no podrán tener éxito, sino cuentan con la voluntad política, la apertura a la participación, la claridad metodológica, los procedimientos validados para la recolección amplia de opiniones y el logro de acuerdos, así como el apoyo político, económico y social necesario para garantizar su culminación, seguimiento y continuidad en el tiempo (ver: Álvarez, Ruiz y Benayas, 2000, Tilbury 1999)

(En el caso de que alguien esté interesado en las referencias citadas puedo hacerle llegar el listado de las mismas)