7 jul. 2019

Lo que apareció y no apareció en el informe de Bachelet sobre los derechos humanos ambientales







El informe presentado recientemente por parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, en mi opinión es un aporte muy valioso en la búsqueda de acciones que pongan fin a las violaciones a derechos humanos que allí se exponen, así como ayudar a generar los cambios y apoyos necesarios para lograr el regreso de la democracia en Venezuela.

Lo anterior no es contradictorio con la búsqueda de elementos que consideremos hubiese sido necesario de incluir o enfatizar para tener una mirada más completa de la situación venezolana de tal manera que puedan ser incorporados en futuros informes.

Con este propósito realicé un análisis del informe desde una mirada ambientalista y en particular desde los derechos humanos ambientales.


Lo que apareció

Algunas personas han expresado decepción porque los temas ambientales no fueran incluidos en este informe. Esa percepción no es del todo correcta. En el informe se leen párrafos tales como:

“12. El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural..” (las negrillas son mías)

Asimismo encontramos afirmaciones tales como:

“63. La extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, incluyendo la región del Arco Minero del Orinoco, ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, modos de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra. La minería también provoca graves daños ambientales y en la salud, como el aumento del paludismo y la contaminación de las vías fluviales. Tiene un efecto diferenciado en las mujeres y niñas indígenas, que corren mayor riesgo de ser objeto de trata de personas. El hecho de no consultar a los pueblos indígenas sobre estas actividades constituye una violación de su derecho a la consulta."

En ambos casos las situaciones descritas resultan de situaciones directa o indirectamente ambientales, en uno de los casos expresado de manera explícita.

Lo que no apareció

A pesar de lo anterior, parece persistir la sensación de que el informe pudiera haber incorporado una mayor cantidad de aspectos que consideramos fundamentales, así como pudo ser más explícito y contundente en temas de violaciones a los derechos humanos ambientales que están sucediendo en Venezuela.

Por ejemplo pudiera haber indicado que:

En el país no hay garantía de la calidad del agua que se suministra a la población y que según la información disponible, en el país no se están realizando las prácticas normales para garantizar la calidad del agua.

Que el uso del mercurio en la minería es generalizado a pesar de que fue prohibido por Decreto Presidencial y que el gobierno venezolano firmó (pero no ha ratificado) el Convenio de Minamata. Y que a causa de ello existe evidencia de que una gran cantidad de personas incluyendo mineros, habitantes de comunidades cercanas a las minas y comunidades indígenas, incluyendo mujeres en edad fértil y niños, están gravemente afectados por la exposición a este elemento y sus compuestos derivados. 

Que la acción del gobierno es en muchos casos contraria al compromiso nacional y responsabilidad global de mitigación del cambio climático y que el país no cuenta con un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

Que el Ejecutivo nacional mantiene una política de segregación y exclusión por razones políticas y que a través de las mismas se coarta el derecho a la participación a personas, comunidades y especialistas en la toma de decisiones relacionadas con actividades que pueden tener impactos significativos sobre el ambiente, incluyendo efectos sobre la salud y otros derechos humanos.

Todas estas informaciones están incluidas en una Carta que Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos le dirigió a la Dra. Bachelet el pasado 26 de junio.

Pero en este caso también es necesario aclarar que la fecha en que se envió esa carta ya estaba fuera del lapso de tiempo cubierto por el informe (enero de 2018 a mayo de 2019).

Y qué podemos hacer de aquí en adelante

Para lograr que el tema ambiental sea incorporado con mayor fuerza en los futuros informes que sean publicados por los organismos internacionales de derechos humanos, se necesita sobre todo realizar una mucho más completa documentación sobre violaciones a derechos humanos ambientales en el país.

Es realmente preocupante la muy poca información sistematizada y organizada que existe sobre la situación ambiental del país. Mucho menos la que haya sido enviada a los organismos internacionales de derechos humanos. Incluso hay temas que han sido completamente invisibilizados por el gobierno nacional por lo que son desconocidos por la mayor parte de la población e instituciones internacionales, ello a pesar de que representan situaciones muy graves y generadores de violaciones masivas a derechos humanos.

Asimismo, debemos comprender que, tal como lo expresó Feliciano Reyna en su intervención durante el diálogo interactivo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los venezolanos sólo contamos con las instituciones internacionales para obtener la protección y la justicia que no se consigue en el país,

Por tales razones, necesitamos hacer un gran esfuerzo para documentar, denunciar y difundir todas las violaciones a derechos humanos ambientales existentes.

Estos informes deberán ser redactados desde un enfoque de derechos humanos y enviadas a los diferentes organismos internacionales que las pueden procesar y utilizarlas en sus respectivos informes y recomendaciones.

En este sentido, no es suficiente con unos pocos informes, ni sólo realizados desde Caracas. El tema ambiental es complejo y tiene componentes territoriales particulares. Muchas organizaciones deberán desarrollar informes específicos desde diferentes perspectivas regionales y problemas particulares.

Un elemento fundamental de este proceso, es comunicar el sentido de urgencia que tiene detener el ritmo actual de destrucción de la naturaleza. Los reportes recientes provenientes de las Naciones Unidas alertan que a la actual velocidad de deterioro ambiental no será posible alcanzar la dimensión ambiental de la Agenda 2030, ni ninguna de las otras metas ambientales convenidas internacionalmente, incluidas las referidas a cambio climático y conservación de la diversidad biológica.

Más aun, el Profesor Philip Alson Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos expresó su profunda preocupación por la situación actual generada por el cambio climático y afirmó que “El cambio climático tendrá un enorme impacto sobre quienes viven en la pobreza, pero también amenaza la democracia y los derechos humanos”.

Más allá de estos llamados y alertas, los sucesos recientes de eventos sucedidos en todos los continentes, tales como inundaciones, sequías, tormentas, enormes incendios, olas de calor, son signos claros de un grave deterioro de los sistemas naturales, cuyas consecuencias pudieran ser enormemente graves tanto para la vida sobre la Tierra, como para nosotros los seres humanos.

En el caso de Venezuela, esta situación es aún más urgente, debido a que el gobierno nacional no sólo ha sido el principal promotor y ejecutor del mayor ecocidio que ha sucedido en la historia de la república, sino que ahora ha definido como política nacional posicionar la actividad minera como impulsora de la Agenda Económica Bolivariana. Esto a pesar de que esta actividad es la generadora de la mayor parte de la destrucción ambiental y generadora de violaciones masivas a derechos humanos. Adicionalmente, esta situación ocurre en un contexto de una cada vez más empequeñecida e ineficiente gestión ambiental, así como de una creciente represión, arbitrariedad e injusticia.

Pero no podemos hacer de esa acción de documentación un mero ejercicio teórico. Debemos ser capaces de demostrar que la mala gestión ambiental es un factor de muerte y destrucción masivas, tal como lo pueden ser otros sectores como el de la salud y la alimentación.

Además, las muertes y daños que genera la destrucción ambiental tienen rostro humano y es frecuentemente el de un niño, mujer o indígena.

Avanzar en estas tareas no es fácil, en particular en las terribles condiciones actuales. Por eso tenemos que aprender a trabajar en red y de manera sinérgica y cooperativa. Las circunstancias actuales del país son tan graves que, parafraseando a Jorge Luis Borges, deberíamos decir que si no nos ha unido el amor, que lo haga el espanto.

Por todo lo anterior, sí queremos ser oídos y que los temas ambientales sean reconocidos tanto como parte de la crisis venezolana, como de las posibles soluciones a los mismos, debemos ser capaces de construir y enviar un mensaje claro y fuerte desde el ambientalismo venezolano.

En su exposición ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el pasado 5 de julio, la Dra. Bachelet señaló que “Los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios”.

Lograr ese muy necesario propósito es también tarea de cada uno de nosotros.





Nota: La mariposa que aparece en la imagen superior, es la Morpho helenor Cramer, la cual fue seleccionada recientemente como mariposa nacional de Venezuela mediante una consulta abierta promovida por el Museo del Instituto de Zoología Agrícola “Francisco Fernández Yépez” (MIZA) de la Universidad Central de Venezuela. Esta selección tiene un enorme significado tanto simbólico para los que amamos la vida silvestre venezolana, sino además como futura imagen icónica para promover al país como un gran destino ecoturístico, así como recordatorio permanente de que las soluciones están en la Naturaleza.






28 jun. 2019

Carta a Michelle Bachelet sobre la situación de los derechos humanos ambientales en Venezuela




La visita reciente a Venezuela de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Dra. Michelle Bachelet, posibilitó visibilizar las terribles condiciones que tienen que sufrir la mayor parte de la población como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja que vivimos en el país.

En ese contexto, Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos, organización venezolana para la defensa de los derechos humanos ambientales envió una carta a la Dra. Bachelet y su equipo que incluye un resumen de la situación de los derechos humanos ambientales.

El objetivo de la misma es contribuir a la incorporación de la temática ambiental a las labores de seguimiento de la situación de los derechos humanos en Venezuela, así como a establecer acciones que permitan promover la solución de los problemas existentes.

El texto plantea que la situación de crisis ambiental que vive el país es consecuencia del desmantelamiento de la institucionalidad ambiental del país, en simultáneo y concordancia con la exacerbación del extractivismo minero. Estas condiciones generaron una serie de problemas que fueron agrupados en cuatro temas:

  • El deterioro de los servicios públicos y programas de gestión y control ambiental; 
  • La promoción de un desarrollo minero generador de destrucción y graves violaciones a los derechos humanos; 
  • El aumento de la vulnerabilidad social ante desastres de origen socionatural y tecnológico; 
  • La negación del derecho de la población al acceso a la información, a la participación, a la justicia en asuntos ambientales, así como a una educación ambiental de calidad. 

Dentro de estos temas resaltan algunos aspectos que resultan en graves violaciones a derechos humanos. Entre ellos: La grave crisis de abastecimiento de agua; los enormes efectos de la expansión minera promovida por el gobierno; los cada vez mayores impactos sobre la población derivados de los eventos meteorológicos adversos y la opacidad informativa del gobierno en materia ambiental.

Como conclusión, la información presentada muestra que el deterioro ambiental está generando una violación masiva de los derechos humanos, incluyendo los derechos a la salud, vida, trabajo, seguridad, información, participación, desarrollo y ambiente sano, entre otros.

Finalmente, se solicita que se incluyan consideraciones ambientales en los informes que se realicen sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y se exhorte al gobierno venezolano a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos ambientales.

El texto completo de la carta puede ser leída a continuación:

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Caracas, 26 de junio de 2019

Dra. Michelle Bachelet.
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Presente.

Ante todo queremos expresar nuestro agradecimiento por su primera visita a Venezuela y desearle el mayor de los éxitos en el cumplimiento de sus objetivos en la misma.

Como usted sabe, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció que “Un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es esencial para el pleno disfrute de una amplia gama de derechos humanos, entre ellos los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua y el saneamiento”.

Por ello, y en ocasión de su visita a Venezuela, desde Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos, una organización venezolana cuya misión es la promoción y defensa de los derechos humanos ambientales, quiere aprovechar la oportunidad para hacerle llegar un resumen de la situación ambiental existente en el país y su relación con graves violaciones a derechos humanos en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que vive el país.

La información que aquí presentamos es el resultado de un trabajo colectivo realizado en alianza con otras organizaciones de la sociedad civil, así como con investigadores de diferentes universidades y centros de investigación.

Venezuela fue un país pionero en la región al desarrollar un marco legal y una estructura institucional dirigida a mitigar el deterioro ambiental producto de los proyectos de desarrollo, así como en construir sistemas nacionales de gestión de los recursos ambientales. En los últimos años, el desmantelamiento progresivo de la institucionalidad ambiental, en simultáneo y concordancia con la exacerbación del extractivismo minero, ha generado una grave crisis ambiental, la cual puede ser descrita desde cuatro facetas cuyos efectos se superponen y se retroalimentan:

1. Se ha producido un grave deterioro de los servicios públicos ambientales, así como de los programas de gestión y control ambiental.

  • En Venezuela no está garantizado el derecho al agua potable. El 82% de la población y el 79% de los hospitales no reciben agua de forma continua. El 23% de los estudiantes más pobres no asisten a clases por falta de agua. Regiones enteras tales como las penínsulas de Paraguaná, La Guajira, el estado Nueva Esparta y gran parte de las regiones llaneras, así como sectores y comunidades de bajos recursos en diversas ciudades y pueblos de Venezuela, sufren de esquemas de racionamiento inhumanos o no reciben suministro por períodos extremadamente largos. Luego del agravamiento de la crisis eléctrica en marzo de este año, la situación ha venido empeorando continuamente sin que el Estado tome medidas efectivas para la solución de estos problemas. 
  • No hay garantía de la calidad del agua que se suministra a la población. Según la información disponible, en el país no se están realizando las prácticas normales para garantizar la calidad del agua y actualmente ninguna de las plantas de tratamiento existentes está funcionando. Existen múltiples evidencias de que el agua que se suministra a la población, tanto a través de los sistemas de acueductos así como por otras vías no cumple con los estándares nacionales, ni internacionales para ser apta para el consumo humano. Está documentado el hecho de que la contaminación de las aguas en Venezuela es la causa primaria de la persistencia y expansión de enfermedades tales como amibiasis, diarreas, giardiasis, helmintiasis y hepatitis aguda Tipo A, entre otras.
  • Se está produciendo una grave degradación ambiental en todas las cuencas generadoras de agua. Los programas de gestión de cuencas y el control de las actividades que generan deterioro en las mismas están prácticamente abandonados. Entre 2001 y 2017 Venezuela perdió casi 2 millones de Ha de bosques, gran parte de esta disminución ocurrió en cuencas utilizadas para la captación de agua para consumo humano. Ello representa una amenaza grave para el futuro del derecho al agua en Venezuela. 
  • Existe un proceso de deterioro generalizado de los sistemas de distribución de aguas. La falta de mantenimiento, el manejo inadecuado y la corrupción ha producido que los sistemas de captación, almacenamiento y distribución estén muy deteriorados lo que genera frecuentes averías y paradas en el abastecimiento del líquido.
  • La gestión de desechos sólidos es insuficiente e inequitativa. La creciente ineficacia asociada a la gestión de desechos sólidos está incrementando las enfermedades dermatológicas, respiratorias, alérgicas e infecciosas y pone en peligro muchos ecosistemas. Las comunidades de menores recursos económicos son los sitios donde la recogida de desechos es menos frecuente o inexistente, obligando a sus residentes a la constante exposición a ambiente insalubres. Prácticamente todos los sitios de disposición final de desechos sólidos son vertederos a cielo abierto donde no se realiza ningún procedimiento para evitar la contaminación generada por la acumulación de los mismos. Adicionalmente, en la mayor parte del país, no hay políticas ni programas efectivos para el tratamiento y disposición de desechos peligrosos ni hospitalarios.
  • No hay controles efectivos sobre actividades que generan daño ambiental. En la gran mayoría de los proyectos de desarrollo se omite el requisito constitucional de realización previa de estudios de impacto ambiental y sociocultural. La ineficiencia, la corrupción y las decisiones arbitrarias en las instituciones ambientales impide, obstaculiza o tergiversa las labores de supervisión y control de las actividades generadoras de daño ambiental. No existe información disponible sobre niveles de contaminación atmosférica, de suelos, ni aguas, ni tampoco de otros procesos de deterioro ambiental. Tampoco existe información sobre programas en ejecución para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Convenios de Estocolmo (contaminantes orgánicos persistentes) Rotterdam (comercio de productos químicos peligrosos) ni la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, entre otros. 
  • Hay un grave retroceso en los programas de gestión de la diversidad biológica. El Estado venezolano ha perdido la capacidad para gestionar las Áreas Naturales Protegidas del país. La mayoría de las mismas no tienen programas efectivos para garantizar su protección. Estas áreas están siendo sometidas a usos, desarrollo de infraestructura y explotación contraria a sus objetivos de conservación, incluyendo la creciente mercantilización de sus territorios y recursos. Los programas para el manejo de la diversidad biológica, principalmente en el caso de la protección de especies y ecosistemas amenazados, así como el control de especies exóticas están prácticamente abandonados. Debido a estas situaciones está aumentando de manera acelerada la deforestación, la sobreexplotación de recursos biológicos, el deterioro de ecosistemas naturales tanto terrestres como marinos y el deterioro de las contribuciones de la naturaleza a la sociedad. Como consecuencia de estas situaciones, se está produciendo una grave merma en los recursos pesqueros, así como de otros recursos naturales de interés social y económico. Muchas de estas situaciones están afectando derechos humanos incluidos los derechos a la vida, a la salud, al alimento, a la seguridad, al agua, a la vivienda, a la cultura y a un ambiente sano.
  • El desabastecimiento de gas doméstico está teniendo efectos sobre la salud y el ambiente. Aunque no se cuenta con datos precisos sobre la magnitud de esta situación, un número probablemente alto de familias en sectores populares en todo el país está usando leña para cocinar. El uso de este combustible tiene efectos sobre la salud de las personas que lo utilizan, principalmente mujeres y los niños que están en las casas. Asimismo la inhalación de humo por parte de mujeres gestantes puede producir trastornos en el desarrollo del feto. Por otra parte, la extracción creciente de leña para cocinar contribuye a la deforestación, a la degradación ambiental y aumenta los riesgos de deslaves, derrumbes, incendios, inundaciones y otros eventos adversos.
  • El Estado no parece tener políticas para articular la sostenibilidad ambiental con los grandes temas económicos y sociales. No se tiene información sobre la existencia de programas o acciones sistemáticas para promover la sostenibilidad ambiental en áreas prioritarias para el país como la producción petrolera, energética, agrícola, industrial o minera. Tampoco sobre la articulación de las contribuciones de la naturaleza con temas como la lucha contra la pobreza y el hambre, salud humana, sostenibilidad urbana, etc.
  • La acción del gobierno es en muchos casos contraria al compromiso nacional y responsabilidad global de mitigación del cambio climático.  Ello es más evidente en el caso del incremento de las tasas de deforestación producto de la minería, las cuales afectan negativamente la capacidad de las selvas amazónicas para mitigar el cambio climático. Asimismo, la industria petrolera nacional es actualmente generadora de emisiones comparativamente altas de gases de efectos invernadero, incluyendo gas metano que es liberado sin control en las zonas de explotación petrolera.


2.  El Estado está impulsando un desarrollo minero generador de destrucción y graves violaciones a los derechos humanos. 

  • Las actividades mineras actuales no tienen ningún control. En la mayor parte de los casos no se cumplen las garantías constitucionales, ni las normas legales ambientales, ni se respetan los derechos de las comunidades locales. Existe un solapamiento de funciones impropio en la institución promotora de la minería, que a su vez debe fijar normas y controles ambientales. En ningún caso se hace la valoración de los costos ambientales y sociales generados por la actividad minera.
  • La actividad minera está expandiéndose en todo el territorio nacional. La misma ha ido creciendo de manera acelerada en cada vez más espacios territoriales. Actualmente esta actividad afecta no sólo el territorio demarcado en el decreto de creación de la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”, sino al resto de la Guayana venezolana. En un estudio reciente, realizado en toda la Amazonía, se encontró que de los 2.312 puntos de minería ilegal detectados, más del 80% están en Venezuela. Asimismo, en los últimos años comienzan a realizarse explotaciones mineras realizadas por el gobierno en estados situados al norte del Orinoco, incluyendo los estados Carabobo, Cojedes, Táchira, Mérida y Lara. En todos estos casos con objetivos económicos poco claros, grave deterioro ambiental y generando conflictos con las comunidades locales.
  • El deterioro ambiental está acelerándose como consecuencia de la expansión de la minería. Entre los años 2000 y 2015 como consecuencia de esta actividad fueron destruidos un total de 5.266 kilómetros cuadrados de vegetación, siendo el país de la región amazónica con mayor crecimiento de su tasa de deforestación. Este proceso ha afectado bosques en las cuencas de los ríos Cuyuní, Caroní, Caura, Paragua, así como gran parte del Alto Orinoco y sus ríos afluentes.  Igualmente, todos los Parques Nacionales localizados al sur del Orinoco están siendo gravemente deteriorados como consecuencia de la actividad minera realizada dentro de sus límites. Todo ello, sin que en ninguno de estos casos se conozcan de acciones efectivas por parte del gobierno nacional para controlar estas situaciones.
  • La actividad minera viola los derechos a un ambiente sano y a la salud. En el 2018 en Venezuela la epidemia de malaria afectó a más de 1 millón de personas, pudiéndose alcanzar los 2 millones de casos este año. Asimismo, se calcula que 16 millones de venezolanos están en riesgo de contraer esta enfermedad. Se ha evidenciado que este crecimiento exponencial de casos está asociado en gran medida a la degradación ambiental producida por la actividad minera. Por otra parte, el uso del mercurio en la minería es generalizado a pesar de que fue prohibido por Decreto Presidencial y que el gobierno venezolano firmó (pero no ha ratificado) el Convenio de Minamata. Por ello, se ha evidenciado que gran cantidad de personas incluyendo mineros, habitantes de comunidades cercanas a las minas y comunidades indígenas, incluyendo mujeres en edad fértil y niños, están gravemente afectados por la exposición a este elemento y sus compuestos derivados. Tal situación se agrava debido a que los peces usados en la alimentación humana en todas las cuencas importantes de Guayana presentan niveles de mercurio por encima de las recomendaciones de la OMS. Por tales razones, es posible que un número muy alto de personas tanto en las regiones mineras, así como en otros territorios, dentro como fuera del país, estén en riesgo o ya estén afectados por la exposición al mercurio. No existe información sobre la existencia de programas gubernamentales para controlar el uso del mercurio, mitigar la contaminación producida, ni atender a las personas afectadas. Adicionalmente, la actividad minera ha sido asociada con el aumento y expansión de patologías como enfermedades de transmisión sexual, difteria y el sarampión, entre otras. 
  • La minería afecta gravemente los derechos de los pueblos indígenas. En el contexto de la expansión de la actividad minera, los pueblos y comunidades indígenas están siendo sometidas a esclavitud moderna, explotación sexual, destrucción y substitución de sus prácticas económicas y patrones alimenticios tradicionales. Igualmente, sufren de desplazamiento forzoso, pérdida de sus culturas, aumento de su vulnerabilidad a enfermedades y exposición a contaminantes tales como el mercurio así como a los efectos de la degradación ambiental. Adicionalmente, las comunidades indígenas son el grupo más vulnerable a sufrir de agresiones, persecuciones y atentados contra sus vidas. Un número importante de líderes y otros integrantes de las etnias indígenas venezolanas han sido asesinados o agredidos en el contexto de conflictos por sus tierras. En ninguno de estos casos el Estado venezolano ha realizado acciones efectivas para evitar estas situaciones, atender a las víctimas, sancionar a los autores, ni facilitar las condiciones para obtener reparaciones. Por lo contrario, actualmente existe una escalada de violencia contra las comunidades indígenas en muchos casos con participación directa de funcionarios gubernamentales.
  • La minería sin control está asociada a un aumento de la actividad criminal. Gran parte de la actividad de explotación, refinamiento primario, comercialización y movilización de los minerales extraídos está bajo control directo o indirecto de bandas armadas ilegales tanto nacionales como extranjeras. Estos grupos han sido responsables de masacres, asesinatos, crímenes atroces, explotación humana y deterioro ambiental, entre otras actividades.  Por ello, Venezuela se ha convertido en un exportador de oro, y otros minerales asociados a la muerte y explotación de los venezolanos.
  • El Plan Nacional de Minería 2019-2025 amenaza con incrementar las violaciones a derechos humanos ya existentes. Este Plan aprobado recientemente tiene como objetivo convertir a la minería en el eje productivo nacional. Ello se plantea aun cuando el mismo reconoce un descenso en los niveles de producción minera, precarización de las condiciones de vida de los mineros y comunidades aledañas y daño ambiental, entre otros problemas. A pesar de todo ello, plantea un aumento de la magnitud de las operaciones, incluyendo la expansión de los territorios y recursos minerales sujetos a explotación, aumentando así el riesgo de mayores violaciones a derechos humanos en toda la región. 


3. Se está produciendo un aumento de la vulnerabilidad social ante desastres de origen socionatural y tecnológico

  • Venezuela no tiene un Plan Nacional de Adaptación al cambio climático. La Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos del 2009 estableció la elaboración de este Plan en un plazo de dos años posterior a su publicación en Gaceta. Igualmente el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016 -2019 incluía entre sus objetivos la elaboración de este Plan. Hasta la fecha no se conoce de ningún avance en la elaboración del mismo.
  • El Estado no tiene políticas sostenidas y sistemáticas para disminuir la vulnerabilidad de la población ante los efectos negativos del cambio climático. La información existente sobre medidas de adaptación realizadas hasta el momento por el gobierno es escasa. Los casos conocidos parecen ser acciones improvisadas, esporádicas, desarticuladas y sin continuidad. No se cuenta con información de que las mismas respondan a políticas sistemáticas, ni si tienen asignados fondos para su realización. Tampoco se conoce sí cuentan con alguna institución responsable de su diseño, implementación, coordinación o evaluación de estas acciones. Esta situación agrava la situación de vulnerabilidad de la población frente a los efectos negativos del cambio climático, que en el caso de Venezuela se prevé incidan sobre la producción agrícola, la disponibilidad de agua, expansión de enfermedades transmisibles por vectores y un aumento del riesgo ante eventos meteorológicos extremos.
  • Los eventos meteorológicos extremos afectan de manera cada vez más grave a la población. Aunque no existen datos oficiales sobre este tema, parece estarse incrementando los niveles de severidad y daño generado por fenómenos como: inundaciones, sequías, incendios de vegetación y tormentas. Asimismo, el Estado no parece tener planes de gestión de riesgos que permitan disminuir la vulnerabilidad de la población frente a estas situaciones. Un ejemplo de esta condición fueron las inundaciones ocurridas en el 2018 en la zona sur del país. Este evento afectó a cientos de miles de personas en al menos seis estados. En todos los casos, las respuestas del gobierno para atender a las poblaciones afectadas fueron muy deficientes.
  • Se está produciendo un aumento del número de accidentes de origen tecnológico. Cada vez parecen ser más frecuentes eventos tales como derrames de hidrocarburos, explosiones, incendios y otros eventos en el interior o en las inmediaciones de instalaciones petroleras. Algunos de los mismos han generado pérdida de vidas humanas, así como daños a la salud de personas, al ambiente, así como a bienes e infraestructura.  La actuación de los organismos responsables en los eventos ocurridos en los últimos años parecen evidenciar la ausencia o deficiencias en los planes de control y seguridad de las empresas involucradas, así como en muchos casos negligencia, incapacidad técnica y corrupción. Asimismo, en la mayor parte de estas situaciones, los daños y violaciones a los derechos de las personas afectadas son ignorados o menospreciados.
  • El Estado tiene una baja capacidad para monitorear la variabilidad climática. Diversos especialistas han denunciado el deterioro de la red nacional de estaciones meteorológicas así como la pérdida de datos climatológicos históricos. Debido a ello, resulta muy difícil realizar estudios predictivos y modelaje de la variabilidad climática, al igual que el monitoreo de las consecuencias del cambio climático.


4. El Estado niega el derecho al acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, así como a una educación ambiental de calidad.

  • El Estado tiene una política de opacidad informativa.  Por ello, la población venezolana no tiene acceso a información ambiental relevante para la toma de decisiones. Esta situación es crítica al no existir información en materia de acceso al agua, niveles de contaminación, políticas ambientales y proyectos que pueden afectar derechos de las personas. Esta situación es agravada por la difusión por parte del gobierno de información falsa, insuficiente o políticamente manipulada.
  • El Estado obstaculiza la generación de información ambiental. Ello ocurre a través de una política de estrangulamiento económico, desmantelamiento progresivo y permanente hostigamiento contra las universidades existentes en el país. Producto de esta situación, ha venido mermando la capacidad de estas instituciones para generar información científica. Por ello, se está produciendo un enorme déficit de información actualizada sobre la situación ambiental del país.
  • El Ejecutivo nacional mantiene una política de segregación y exclusión por razones políticas. A través de las mismas se coarta el derecho a la participación a personas, comunidades y especialistas en la toma de decisiones relacionadas con actividades que pueden tener impactos significativos sobre el ambiente, incluyendo efectos sobre la salud y otros derechos humanos. En el contexto de estas políticas, se han producido amenazas y hostigamiento contra algunas organizaciones y personas defensoras del ambiente. Asimismo, el Ejecutivo Nacional limita y obstaculiza las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil que documentan, denuncian y divulgan violaciones a los derechos humanos ambientales.
  • El Estado obstaculiza la posibilidad de solucionar conflictos ambientales mediante procedimientos judiciales. El gobierno nacional obstaculiza la posibilidad de que personas, comunidades y organizaciones accedan a la justicia en temas ambientales. En los casos en que se ha intentado recurrir a estas vías, las respuestas han sido generalmente negativas o se posterga indefinidamente la respuesta a los requerimientos realizados.   
  • El gobierno nacional se negó a participar en el desarrollo del Acuerdo de Escazú. En tal sentido no tiene previsto firmarlo, ni participar en un futuro de este instrumento de protección de los derechos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia, así como a mecanismos para la protección a los defensores de derechos ambientales.
  • El Estado menoscaba el derecho de la población a recibir una educación ambiental de calidad.  El ministerio de Ecosocialismo renunció en la práctica a la competencia que tenía el anterior ministerio del Ambiente de ser ente rector y promotor de las políticas de educación ambiental del país. Esta situación ha generado un retroceso en la capacidad del Estado para promover conciencia y acción ambiental a través de la educación. Por otra parte, los contenidos ambientales presentes en los programas de educación básica y media en Venezuela en la mayor parte de los casos son inadecuados, insuficientes y pedagógicamente inconvenientes.


A estas situaciones habría que agregar que actualmente el número y capacidades de las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos ambientales resultan insuficientes frente a los retos actuales y cuentan con muy pocos recursos humanos y financieros.

Por ello, se dificulta la capacidad de las mismas para realizar la labor de documentación, divulgación y denuncia, lo que se ve más complejizado por la muy amplia gama de situaciones, temáticas y territorios del país, así como el contexto restrictivo derivado de la emergencia humanitaria compleja.

Como conclusión de este resumen, resulta indudable que el deterioro ambiental es un componente significativo de los factores generadores de la emergencia humanitaria compleja que afecta el país y que tal situación está generando daños graves a la población. Todo ello, repercute en una violación masiva de los derechos humanos, incluyendo los derechos a la salud, vida, trabajo, seguridad, información, participación, desarrollo y ambiente sano, entre otros.

De igual forma, la incapacidad del Estado para resolver esta crisis ambiental está generando graves rezagos y retrocesos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

En razón a todo lo anteriormente expuesto, le solicitamos respetuosamente atender a los siguientes requerimientos:


  1. Procurar que el trabajo de seguimiento y evaluación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, así como los futuros informes que sean realizados por su oficina, incluyan la temática medio-ambiental como un elemento clave en sus consideraciones.
  2. Exigir al Gobierno Nacional que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos ambientales, acate las normas constitucionales y legales del país en esta temática, así como respete y cumpla los tratados internacionales de los cuales nuestro país es signatario.
  3. Promover mecanismos permanentes de comunicación, intercambio y apoyo entre los funcionarios de su oficina a cargo de la evaluación de la situación de derechos humanos de Venezuela y las organizaciones de la sociedad civil venezolana que realizan labores de monitoreo de las violaciones a los derechos humanos ambientales.
  4. Impulsar mecanismos que aseguren la protección tanto de los defensores de derechos humanos ambientales, así como de las personas y comunidades que luchan por la defensa de los derechos de sus territorios ancestrales y culturas.


Agradeciendo de antemano su apoyo y solidaridad,

Por Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos


Dr. Alejandro Álvarez Iragorry
Coordinador
Correo: clima21.ddhh@gmail.com

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Si desea bajar la carta en su formato original puede hacerlo marcando aquí

Asimismo, les agradecemos apoyarnos con la divulgación del contenido de esta carta.



5 jun. 2019

¿Y nuestros derechos ambientales?



Imataca. Foto tomada en el 2015 

Los amigos de Arepita me publicaron hoy 5 de junio Día Mundial del Ambiente el siguiente texto en su resumen diario de noticias. Agradezco a Clavel Rangel y al resto de los extraordinarios amasadores de arepitas por este honor de estar hoy en su fogón. Les recomiendo con total entusiasmo seguir y apoyar a esta excelente iniciativa, comunicacional venezolana. Pueden subscribirse al mismo a través de este enlace
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 El Día Mundial del Ambiente nos recuerda a presidentes plantando árboles en un parque, o más adelante a otro vociferando sobre la ética socialista. Hoy quién sabe qué veremos. Pero sí lo que tenemos: la mayor crisis ambiental de la historia de nuestro país.

Esta crisis tiene dos lados: uno es la enorme ineficiencia en los servicios ambientales, que hace que 82% de la población no reciba agua de manera continua y la que recibe es de dudosa calidad, así como la enorme insuficiencia de los servicios de recolección de desechos. Por otro, una minería de saqueo y expoliación, que bajo el espejismo del nuevo Dorado, está dejando devastación ambiental, enfermedades y muerte, incluyendo la destrucción de nuestras culturas indígenas originales.

Estas situaciones son parte de la Emergencia Humanitaria Compleja que está arrasando a Venezuela. Cambiar esta situación pasa porque comprendamos que en la naturaleza y sus contribuciones a la sociedad están las soluciones para una Venezuela próspera, sana y segura. Para avanzar en este camino necesitamos organizarnos para empujar el cambio, convencer a los escépticos y aprender que los derechos ambientales también son nuestros derechos.

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Adicionalmente en esta Arepita nos dan el enlace a este excelente trabajo de RAISG "Amazonía en la Encrucijada" en el cual participan las ONG Venezolanas Wataniba y Provita y en el cual se revelan el conflicto entre la visión de desarrollo económico imperante con respecto a los derechos territoriales indígenas y la conservación de las áreas protegidas.


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Hoy en Venezuela no es día para celebraciones sino para reiterar el mensaje que sin una política de Estado y una sociedad comprometida con la sustentabilidad como guía y orientación del país no lograremos salir de la grave situación de crisis que vivimos en este momento. Gracias a todos.

1 may. 2019

Gestión ambiental y sus trabajadores. Un homenaje en un complicado 1ro de mayo



Bombero forestal. Años 70


Venezuela en los años setenta del pasado venía de una etapa de desarrollismo extremo impulsado por el crecimiento del petro-estado. Los años del “buldócer” los llamó Ocarina Castillo.

Quizás un ejemplo claro de la ideología detrás de ese modelo económico puede leerse en este texto de Hans Neumann presidente de las Empresas del Grupo Montana publicado en El Nacional en 1974 (1):

“Se trata de optimizar para el hombre y no para la naturaleza. No es la naturaleza per se lo que nos debe interesar, sino ella como un ambiente en el que nos podremos desempeñar y vivir nosotros y todas las generaciones futuras. La consigna “conservacionista” no puede ser la única rectora de una conciencia ecológica. Se trata de crear un ambiente vivible y no de catalogar bosques como se hace con una obra de Velásquez.”

Esa mirada desarrollista y antropocéntrica era la narrativa compartida por la mayoría de las cúpulas del poder político y gubernamental de esa época. Este grupo entendía las ideas conservacionistas únicamente como restricciones a su actividad empresarial y al crecimiento económico. Eso dentro de un país cuya riqueza y actividad económica había surgido casi sin ninguna limitación: “El cielo era el límite”.

Pero también quizás era la respuesta a una ola creciente de conservacionismo que iba creciendo en el mundo, que en Venezuela tuvo extraordinarios promotores, incluyendo a profesores universitarios, miembros de organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos, así como a líderes políticos y comunitarios. Pero también a vecinos y pobladores de distintas zonas del país afectadas por los proyectos de desarrollo que destruían sin ningún límite sus formas de vida, recursos de los cuales dependía y su propia identidad.

Este grupo venía inspirado por lo que Eugenio Caricote (2), llamó el “sentido ético de la conservación”.

Ya para el año de 1976 se promulgó la primera Ley Orgánica del Ambiente de Venezuela y una de las primeras leyes ambientales del mundo. Un año después inicia sus actividades el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARNR)

Este proceso avanza en conjunto con la acción de la sociedad civil que ve como sus ideas de conservación ambiental pueden fundamentarse en un entramado legal e institucional cada vez mayor.

Entre ambos generan una fuerza de contrapeso a los intereses económicos y políticos. En ningún momento este contrapeso logró evitar del todo el avance de los intereses desarrollistas, pero logró imponerle ciertos límites, restricciones y modos a su acción.

A esta historia, aun escasamente contada en la literatura, le falta un aspecto esencial: El aporte de los trabajadores al crecimiento de la gestión ambiental de Venezuela.

Ellos fueron guardaparques, bomberos forestales, trabajadores en distintas instituciones que hacían labores de campo, pero también funcionarios haciendo trabajo de planificación, gestión y control ambiental. Algunos eran ingenieros, biólogos, geógrafos, abogados, químicos, arquitectos y de muchas otras profesiones. Otros eran simplemente gente del pueblo.

Nadie puede saber cuántos fueron y la mayoría fueron anónimos, pero su acción fue fundamental para la consolidación de la gestión ambiental en el país.

Sus principales herramientas eran: mística de trabajo, compromiso institucional y amor por Venezuela.

Las historias de sus enfrentamientos contra los poderes podrían llenar libros. Algunas de estas historias están llenas de inteligencia, astucia y el saber cómo mover desde abajo los hilos de la política.

En algunas ocasiones tuvieron apoyo desde los altos cargos del gobierno, pero en otras tuvieron que luchar contra ellos. Algunas batallas se ganaron, otras se perdieron. Pero ese grupo de trabajadores nunca perdió su pasión por Venezuela y su ambiente.

Tuve el honor de trabajar en conjunto con personal de Inparques, Ministerio del Ambiente y algunos otros organismos. Y siempre admiré su tenacidad a pesar de las enormes dificultades que tenían para hacer sus trabajos.

Un nuevo grupo en el poder, una casta de saqueadores, se dieron cuenta de que el obstáculo más grande que tenían para poder expoliar el país eran las instituciones ambientales y en particular sus trabajadores. Como consecuencia el ataque fue despiadado y la destrucción fue casi total.

Pero aún me consigo con trabajadores dando la pelea. Muchos de ellos ya envejecidos y cansados manteniéndose fieles a las ideas que los alimentaron en sus inicios. Pero los hay también jóvenes que aunque nunca conocieron las etapas mejores de la gestión ambiental del país, tienen el sueño de participar en acciones importantes y contundentes para salvar no al planeta, sino al futuro de Venezuela y sus hijos.

Este grupo y muchos más participaremos en la necesaria reconstrucción de la institucionalidad ambiental del país. Sus experiencias serán necesarias. Sus heridas los recordatorios de lo que no debe hacerse.

Son ellos y ellas nuestra esperanza.

Feliz día del trabajador. Nos veremos pronto en la reconstrucción.





(1) Tomado de El Libro Venezolano del Ambiente. Gondelles, E. y otros. Tomo Segundo. 1983. Pág. 27.
(2) Eugenio Caricote. Ingeniero Agrónomo, Director de. Educación Superior del Ministerio de Educación y Profesor Universitario.

22 abr. 2019

Día de la Tierra 2019 o mejor dicho SOS a la tierra venezolana





Esta conmemoración del "Día de la Tierra" para un venezolano común puede resultar paradójica e incluso banal en el medio de la mayor crisis humanitaria que, según palabras de voceros de las Naciones Unidas, ha sido sufrida en el continente americano.

Aún peor si en Venezuela en algún momento el gobierno nacional habló de "Salvar la Tierra", pero el efecto parece ser el contrario: Destruir la Tierra. 

Esta paradoja nace de dos circunstancias simultáneas: La pérdida de la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones legales en materia ambiental y la irrupción de un Estado depredador ambiental.

A ello le tenemos que agregar que esas situaciones ocurren en simultáneo con la crisis ambiental global. Ésta ejemplificada por el cambio climático, la crisis de extinción de la diversidad biológica y la contaminación como efecto global.

Producto de ese contexto, en Venezuela vivimos en el medio de la crisis ambiental más grande que se ha producido en el país al menos desde que somos un país independiente y hace que el tema ambiental forma parte de la crisis humanitaria compleja.

Lo que hace que este momento sea muy poco propicio para nuestro planeta y el futuro de la humanidad, pero principalmente para el futuro de los pobladores de este territorio que llamamos Venezuela.

Los temas del sufrimiento, pobreza, enfermedad, hambre y el desprecio

Nuestra crisis ambiental está marcada principalmente por cuatro grandes temas:

La crisis de agua. Se ha estimado que la negación a los derechos al acceso agua potable y al saneamiento esté afectando a un número cercano al 85% de los pobladores de Venezuela, un número que posiblemente sea aún mayor debido a la relación entre la crisis del Sistema Eléctrico Nacional y los sistemas de distribución de agua potable. Esta situación es causante de graves violaciones a la salud, al trabajo y la educación entre otros derechos. Los problemas derivados de la falta de acceso al agua están a su vez potenciados por la baja calidad de las aguas disponibles, llegando en muchos casos a ser un peligro grave para la salud de la población.

La contaminación por mercurio en las zonas mineras de Venezuela. Sobre esta situación no existe ningún estimado del número de posibles afectados pero posiblemente esté en la escala de las decenas de miles de personas. A pesar de ello, el Estado no está realizando ningún esfuerzo para controlar, impedir o mitigar la contaminación y mucho menos para atender a las personas afectadas.

La deforestación y degradación de hábitats. Este es un proceso creciente de los bosques tanto en la zona norte costera, como en la región de Guayana. Aunque este problema, no parece tener consecuencias obvias a corto plazo, genera graves efectos a mediano y largo plazo que afectarán derechos humanos de la población. Un ejemplo de ello es la relación entre la deforestación producto de la minería que actualmente se practica y el crecimiento exponencial de la tasa de morbilidad y mortalidad causada por la malaria, así mismo, la deforestación creciente de cuencas está poniendo en riesgo creciente el suministro de agua a largo plazo.

La denegación de información y de medios para la participación de los ciudadanos en temas ambientales. El gobierno ha impuesto una política de opacidad, cuando no de mentiras oficializadas en la mayor parte de los temas ambientales que afectan a la población. No sabemos cuándo tendremos agua y mucho menos su calidad. No sabemos si los alimentos son aptos para su consumo (esta situación se potencia con respecto a la mayor parte del pescado que se consume en la región de Guayana) No sabemos si existe alguna previsión que evite los riesgos y disminuya nuestras vulnerabilidades ante eventos como inundaciones, tormentas, sequías, incendios de vegetación y otros desastres socio-naturales. Por otra parte, el derecho a la participación fue sustituido en Venezuela por la obligación a ser parte de las mentiras y los actos ficticios.

Todos ellos combinados son causa de enfermedades, muerte y pobreza.

El futuro puede ser un largo proceso de cambios hacia ninguna parte (¿O hacia el infierno?)

Actualmente el gobierno reitera sus ejercicios de planificación ficticia en el medio del desastre. Así nos presenta una nueva dosis de fantasía ambiental con el “Plan de la Patria 2025” ahora mutado en el objetivo de “Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana”. Si no fuese por la crueldad de la situación que viven los ciudadanos venezolanos, como producto del deterioro ambiental generado por las políticas gubernamentales, este programa de gobierno podría ser un entretenido texto de literatura de ficción fantástica por el nivel de creatividad e imaginación fabulosa desplegado por los creadores del mismo.

Por el otro lado, estamos frente al riesgo de que en caso de una transición política hacia un nuevo modelo de gobierno, sus actores desconozcan la importancia de promover las condiciones para que se realice una gestión ambiental basada en los principios del desarrollo sostenible. Ese cambio, aún en el caso de que pueda tener algún tipo de éxito controlando las causas de la crisis económica y social que afectan a Venezuela, no tendrá la capacidad de generar una verdadera transformación que garantice a largo plazo el bienestar y dignidad de todos los habitantes del país.

De hecho, el futuro de Venezuela no dependerá tanto de la capacidad para estabilizar la crisis política o alcanzar una prosperidad económica, sino de temas como el acceso al agua, la conservación de ecosistemas y el cambio climático.

En este contexto qué podemos hacer como sociedad civil

La primera estrategia siempre será perseverar en la acción que está realizando cada organización. Necesitamos todas las manos, todas las acciones, todas las voces que ayuden a documentar, denunciar, divulgar, apoyar, educar y generar modelos de cambio positivo y responsable.

Igualmente será necesario seguir haciendo esfuerzos por hacer incidencia política para buscar influenciar sobre los actores políticos para que trabajen bajo los principios de una gestión ambiental basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

En el contexto de la crisis humanitaria compleja debemos desarrollar capacidades para mantener un trabajo de apoyo y solidaridad con los grupos más afectados. Una parte importante del trabajo será promover en toda la ciudadanía capacidades y motivación (incluso valor) para seguir adelante en la defensa de sus derechos.

Asimismo, es urgente dejar de ser organizaciones islas y convertirnos en organizaciones que formen parte de un movimiento inspirador de esperanza y cambio posible a través de la realización conjunta de acciones que vayan construyendo fortaleza y resiliencia social.

Una estrategia final es conseguir una voz clara para hablarle al mundo del tamaño de la crisis venezolana y lo que está en juego como consecuencia de la misma. Este mensaje debe ser claro: O el mundo se une para apoyar el cambio en Venezuela o la crisis venezolana desestabilizará la región de manera muy grave.

¿Y qué puede hacer el ciudadano común?

Lo primero es aprender a que un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado no es una frase bonita para incluir en discursos y normas legales, es la expresión de nuestro derecho a la vida, a la salud y a todo el resto de nuestros derechos.

Asimismo debemos exigir a los políticos. A todos ellos. A cumplir con sus obligaciones en materia de conservación ambiental y protección de los derechos humanos ambientales de todos los ciudadanos, así como de la urgente necesidad de que todos los gobiernos, empresas, organizaciones y ciudadanos del mundo cooperen positivamente para frenar las causas de la destrucción ambiental global.

Finalmente, hágase parte. Es decir participe. Actúe junto con otros. Nuestro futuro en este planeta necesita de ciudadanos educados, informados y activados.

Sólo así honraremos y preservaremos nuestra casa común: La Tierra.

15 mar. 2019

Mujeres ambientalistas de Venezuela





El viernes 8 de marzo, Día de la Mujer, esta imagen debió ser publicada. El apagón nacional lo impidió. La publicamos una semana después, porque siempre estamos a tiempo para celebrar y reconocer el trabajo de las mujeres en el mundo de la protección ambiental de Venezuela.

Queremos resaltar y reconocer su trabajo porque ha sido una acción desconocida, relegada y olvidada.

La imagen tiene una selección de mujeres que han realizado acciones importantes en diferentes áreas de la protección ambiental de Venezuela. Es una lista por necesidad incompleta y heterogénea con ejemplos en diferentes edades, campos relacionados del ambientalismo, las ciencias ambientales, la educación ambiental y la comunicación ambiental. Con mujeres de diferentes épocas. Algunas desafortunadamente ya no están con nosotros, y otras han buscado por distintas razones otros retos en otras tierras.

 A propósito no se incluyeron sus nombres para generar el reto de reconocerlas.

  • ¿Cuántas conoces? ¿Puedes nombrarlas?
  • ¿Quiénes faltan? ¿Puedes incluirlas?


7 mar. 2019

¿Conoces las propuestas ambientales para el Plan País?




Fueron realizadas por un grupo de profesionales miembros de universidades y organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de incorporar un marco de sustentabilidad ambiental y de respeto  a los derechos humanos ambientales a ese Plan y al futuro de Venezuela.

Estas propuestas fueron entregadas a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional.

Pero esto no es suficiente

Necesitamos seguir trabajando hasta lograr que sean incorporadas en los planes de transición y de reconstrucción nacional.

Participa en este proceso:

  • Revísalas y discútelas junto con otros grupos y personas
  • Difúndelas entre las personas interesadas
  • Envíalas a actores políticos importantes
  • Hazlas llegar a medios de comunicación
  • Participa en las próximas acciones que se irán realizando

Para acceder a la propuesta marque aquí 
Contacto: Alejandro Álvarez

3 feb. 2019

La necesaria ambientalización del Plan País





Recientemente la Asamblea Nacional presentó al país un documento con los elementos principales de un plan de reconstrucción nacional para Venezuela. Muchos venezolanos aplaudimos este avance y queremos sumarnos al esfuerzo de recuperación de la democracia y reconstrucción nacional.

A pesar de ello a algunos de nosotros nos hizo falta encontrar en el mismo una clara mirada ambiental.

Por supuesto que no hay manera de quitarle dolor e indignación al crimen cometido sobre la población de Venezuela.

Sólo debido a la opacidad y la campaña de desinformación oficial no tenemos una idea exacta del número de venezolanos muertos por la inseguridad, la enorme crisis de salud, el hambre y las masacres generadas por organismos del gobierno y sus cómplices. Quizás alguna vez una investigación imparcial nos muestre la película completa de esta era cargada de horrores y mentiras.

Pero también hay que decir que, al igual que en otras crisis humanitarias en el mundo, en Venezuela el ambiente ha sido una víctima olvidada.

También en este caso el olvido nace del velo de desinformación y mentiras oficiales. Pero también a que los daños ambientales quedan mezclados con los otros factores involucrados en la emergencia humanitaria compleja.

También este olvido nace de la creencia que los temas ambientales están separados de los grandes temas sociales y económicos. Eso no es verdad en ninguna situación y en el caso de la Venezuela actual lo social, lo económico , lo cultural y lo ambiental están profundamente entremezclados en la crisis que vivimos.

Pero al igual que en los otros temas sólo conocemos una parte del problema y nos falta mucha información sobre temas muy importantes:

No sabemos cuántas de las enfermedades son causadas por la crisis de agua que lleva a comunidades completas a vivir sin prácticamente sin suministro del líquido por meses. Tampoco tenemos idea de cuál ha sido la disminución de la capacidad de generar agua en las cuencas debido a la desaparición de la capacidad y voluntad de protegerlas.

Tampoco tenemos conocimiento sobre cuantas personas se han enfermado o han fallecido debido a la contaminación por mercurio usado en las minas de oro en toda la región de Guayana, por los continuos derrames petroleros derivados de las malas prácticas de seguridad de la industria petrolera nacional o por complicidad con países vecinos. Mucho menos de las personas afectadas por la muy mala calidad del agua que se distribuye en las redes de acueductos aún operativos.

Asimismo, ignoramos el tamaño del daño producido a la capacidad de producir alimento debido a políticas agrícolas y pesqueras tomadas con total ignorancia de las dinámicas ambientales territoriales, incluso a la ausencia de información sobre las variaciones climáticas naturales o generados por las cambios globales.

Igualmente desconocemos el número de personas afectadas: muertas, lesionadas o desplazadas por causa de eventos meteorológicos extremos: Inundaciones, sequías, derrumbes, deslizamientos y tormentas. La mayoría de estos daños no fueron causados directamente por el evento sino por el aumento de la vulnerabilidad de la población debido a la ausencia de políticas de gestión de riesgos socio-ambientales y de información ambiental.

A veces, hasta queremos ignorar el número de personas muertas, desplazadas y vidas arruinadas por las políticas mineras criminales y sus daños ambientales, incluyendo el aumento sin precedentes de la epidemia de malaria y otras enfermedades que se extienden a partir de las zonas mineras.

Todas estas situaciones son parte de la actual crisis nacional. Desconocer esta realidad es suicida.

Venezuela necesita desarrollar políticas ambientales de emergencia que actúen desde las primeras etapas del proceso de transición para poder salir de la crisis.

Pero también estamos obligados a tener una visión más amplia y empezar a definir el futuro de la nación como país ambientalmente sustentable.

Para ello debemos definir políticas que frenen la deforestación, preserven los ecosistemas de alto valor ecológico y generadores de servicios ambientales, generen políticas integrales de gestión de desechos sólidos, promuevan el desarrollo de ciudades sustentables y enfrentar los retos del cambio climático y hagan valer los compromisos internacionales del país en materia ambiental.

Todo ello no sólo desde una perspectiva conservacionista sino como base de un futuro de prosperidad basado en el uso sustentable y respetuoso de nuestra riqueza natural.

Por supuesto necesitaremos rescatar y renovar la institucionalidad ambiental, redefinir las políticas de educación y participación ambiental y establecer políticas integrales nacionales basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los derechos humanos ambientales.

Los profesionales y activistas relacionados con temas ambientales, así como los defensores de los derechos ambientales, en su enorme mayoría, tenemos la absoluta disposición y voluntad de participar activamente en este proceso y aportar conocimientos, experiencia y trabajo para hacer posible este cambio.

Ya hay información, organización, y capacidades para que los ambientalistas y los profesionales del ambiente participemos desde el principio en la transformación.

Al final participar en este proceso de ambientalización será nuestra única garantía de éxito como sociedad.

7 ago. 2018

¿Qué siente el ciudadano de Caracas ante la fallas en el servicio de agua potable?



Imagen tomada de Analitica.com

La Coalición Clima21 en alianza con la Fundación Tierra Viva y el apoyo de Civilis Derechos Humanos estamos realizando este año una serie de informes que documenten la situación de los derechos humanos ambientales de los venezolanos.

En tal sentido, hemos comenzado realizando informes sobre violaciones al derecho al agua potable en el Área Metropolitana de Caracas y otro sobre las violaciones a los derechos ambientales en las zonas mineras de Guayana.

Para el primero de estos informes se realizó una encuesta online enviada por correo electrónico dirigida a los habitantes de los municipios Libertador, Chacao, Baruta, Sucre y El Hatillo que conforman el Área Metropolitana de Caracas.

Con los resultados de la misma se realizó un informe preliminar sobre el cual presento un breve resumen:

¿Qué siente el ciudadano de Caracas ante las fallas en el servicio de agua potable?

Percepción de los ciudadanos sobre el servicio de agua en el Área Metropolitana de Caracas


El agua es una condición necesaria e insustituible para la vida, por ello el acceso al agua es un prerrequisito para el disfrute del derecho a la salud, a la vida, al trabajo y a un nivel de vida digno.

En el año 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció al acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano.  Adicionalmente, el Estado venezolano se ha comprometido con el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde el Objetivo 6 es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Por ello, el  Estado venezolano tiene la obligación de garantizar a toda la población el derecho al agua potable. Derecho que debe de ser medido en términos de cantidad, continuidad y calidad del servicio.

A pesar de ello, los problemas de déficit en el abastecimiento y calidad de agua se han venido extendiendo por toda Venezuela desde hace varios años, pero ha sido durante el primer semestre del 2018 cuando el Área Metropolitana de Caracas se ha visto más afectada, alcanzando niveles de  crisis en los últimos meses.

Los resultados más relevantes obtenidos por la encuesta son los siguientes:

  • 3 de cada 4 caraqueños no recibe agua regularmente
  • De cada 100 caraqueños, 98 están afectados de alguna forma por el racionamiento de agua
  • 92% de los encuestados perciben que la calidad del agua que reciben es regular o mala
  • 95 de cada 100 caraqueños responsabilizan al gobierno por la crisis de agua

Igualmente la gran mayoría de los que respondieron a la encuesta entienden que es necesario un Programa de Gestión Integral del Agua como medida necesaria para revertir esta situación que está impactando en su calidad de vida.

En conclusión, este trabajo revela que la población del AMC está siendo sometida a unas condiciones de servicio de agua potable que no cumplen con las condiciones necesarias para realizar el derecho al agua potable y que el Gobierno Nacional no parece estar adoptando las medidas apropiadas para lograr la plena efectividad de este derecho.

Tal situación tiene consecuencias importantes sobre otros derechos, tales como: los derechos a la salud, alimentación, trabajo, educación y un nivel de vida adecuado, entre otros. Por lo cual es posible que se esté frente a una emergencia en materia de abastecimiento de agua en el AMC.

Para lograr un cambio en esta situación será necesario una activación de las organizaciones de la sociedad civil de tal manera de exigir al gobierno nacional cumplir con sus obligaciones y adoptar medidas apropiadas con miras a lograr la plena efectividad del derecho y proponer acciones participativas a escala municipal y local que permitan la solución a los problemas existentes. Asimismo consideramos muy valiosa la experiencia realizada en este sentido por La Red de Organizaciones Vecinales de Baruta


Para leer y descargar el informe completo marque aquí

10 abr. 2018

Taller de Técnicas básicas para la comunicación de derechos ambientales




LLAMADO A INSCRIPCIONES


Sin unas condiciones ambientales adecuadas la vida y la dignidad de las personas no resultan posibles. Por tales razones,  desde hace varios años se ha venido avanzando en la toma de conciencia de que temas ambientales tales como: el acceso al agua y al saneamiento, un ambiente sano libre de contaminantes,  la existencia de condiciones naturales seguras y armónicas, entre otras circunstancias, deben ser considerados derechos humanos.

Para lograr la plena vigencia y disfrute de esos derechos, resulta necesario lograr la concientización de la población sobre los mismos y su importancia para su vida y su desarrollo humano.

En este sentido, las distintas organizaciones que trabajan con temas de derechos humanos ambientales, así como las que desarrollan programas relacionados con la conservación ambiental y el desarrollo sostenible, les corresponde realizar programas efectivos de comunicación que den a conocer los derechos ambientales.

 Igualmente, deben promover su valoración, denunciar las situaciones de violaciones de estos derechos, exigir a los gobiernos y empresas el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a los mismos y difundir las historias de las luchas de las comunidades y las personas por alcanzar el disfrute de esos derechos.

Para lograr este propósito es necesario que las organizaciones manejen criterios y técnicas de comunicación que les permitan realizar estas actividades, no sólo de manera eficiente, sino ética, responsable y segura.

Por tales razones la Coalición Clima21 en conjunto con la Fundación Tierra Viva y el apoyo de Civilis DDHH, han organizado este taller cuyo objetivo es aportar a las organizaciones relacionadas con temas ambientales las orientaciones y herramientas básicas para comunicar los derechos ambientales en Venezuela de manera eficiente y responsable.

Las características del taller son las siguientes:
Fecha: 18 de abril.
Lugar: Caracas (el lugar exacto del taller se informará posteriormente)
Duración: 8 horas, de 8:30 am a 4:30 pm.
Facilitadores: Lic. Jeanfreddy Gutiérez, Corresponsal de Mongabay e instructor de AC Medianalisis / Alejandro Álvarez, Coalición Clima21 / Alejandro Luy, Fundación Tierra Viva.
Coordinación: Alejandro Álvarez

Para solicitar inscribirse por favor llene la siguiente planilla electrónica marcando aquí.

Por razones presupuestarias tenemos los cupos muy  limitados. Para la asignación de los cupos tendrán prioridad los miembros de las organizaciones de la sociedad civil e estricto orden de inscripción. Posteriormente se les enviará un correo a las personas que hayan sido aceptadas de acuerdo a los criterios anteriores.

Este proceso de inscripción cerrará el próximo domingo 15 de abril.

En el caso de que se inscriba le pedimos que se comprometa con su participación en el taller. Si por cualquier razón usted no puede asistir, le rogamos le deje su cupo a otra persona.

Cualquier otra pregunta, comentario o sugerencia, le rogamos nos los envíe a través del correo: ​coalicion.clima21@gmail.com

Le agradecemos divulgar esta invitación a las personas que puedan estar interesadas.

13 mar. 2018

La naturaleza como enemigo público: Cuentos de la iguana insurrecta





Muchas culturas concibieron la naturaleza como un enemigo. El mundo natural estaba lleno de monstruos aterradores, fenómenos catastróficos, plagas y calamidades. Los humanos temían a su poder y no entendían sus designios ni reglas.

Era necesario protegerse: Por ello construyeron ciudades, murallas, culturas, dogmas y religiones que pusieron límites entre lo humano y lo natural.

Con el paso del tiempo, los humanos aprendimos, hasta cierto punto, a leer la naturaleza. Determinamos sus patrones y dedujimos sus leyes. Pudimos usar los lenguajes de la ciencia para representar y prever sus dinámicas. Describimos, mapeamos, analizamos y modelamos. Fuimos capaces, dentro de ciertos límites, de planificar y gestionar nuestro entorno, incluso de hacernos menos vulnerables  a sus momentos de furia.

Ciertos enfoques contemporáneos buscan avanzar aún más en la comprensión del mundo natural. Ellos parten de reconocer la conexión inseparable de la naturaleza con los humanos, así como de la necesidad de entender y respetar las dinámicas naturales y trabajar con ellas. Esta perspectiva permitiría avanzar hacia sociedades prósperas, sanas y equilibradas.

Pero ahora en Venezuela renacen los viejos temores e ignorancias. Ya toda lluvia es una catástrofe, toda sequía es destrucción, toda acción responsable es soslayada, ignorada, negada.

Incluso están siendo relegados los conocimientos tradicionales sobre las condiciones ambientales del territorio venezolano. Son olvidados neciamente los desastres previos y se vuelven a cometer los mismos errores. Las condiciones ambientales son forzadas hasta el colapso.

Ahora ministros sin vergüenza usan la naturaleza como excusa, como enemigo, como elemento subversivo y terrorista.

Venezuela tuvo hasta hace poco un excelente servicio eléctrico que cubría prácticamente el territorio nacional. El mismo fue construido sobre la base de la explotación de nuestras propias capacidades de producción hidroeléctrica.Como consecuencia de esa acción, el servicio de electricidad en gran parte del país era una condición dada por hecho, por lo que incluso se instauró una cultura del derroche energético.

Asimismo teníamos un servicio de distribución de agua que mejoraba continuamente. Esto a pesar de las dificultades de la topografía y la estacionalidad extrema. A éste se unió un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que preservaban las principales cuencas productoras de agua. Gracias a ello, por décadas la mayor parte de las ciudades tuvieron servicio de agua permanente y los racionamientos eran eventuales y de corta duración.

Avanzábamos hacia un Sistema Nacional de Gestión de Riesgos que progresivamente iba estableciendo políticas de defensa civil y protección contra desastres socionaturales, aún insuficientes pero en mejora.

Pero ahora, las graves y continuas deficiencias en el sistema eléctrico son culpa de iguanas, rabipelados, lluvias, centellas, sequías o cualquier otro fenómeno natural común.

Igualmente el servicio de agua es un derecho negado. En todo el territorio nacional, pueblos, ciudades, sectores urbanos y zonas rurales tienen el suministro racionado, a veces hasta de manera cruel e inhumana. La culpa parece ser de sequías que no han afectado de igual manera a los países cercanos.

En este momento toda lluvia fuerte o período de sequía tiene efectos dramáticos. Una tormenta costera reciente, mostró como en toda la zona afectada los daños más graves habían ocurrido en instalaciones construidas, incluso por entes gubernamentales, dentro del espacio que por Ley debía ser protegido y libres de toda construcción.

Actualmente la escasa producción agrícola depende únicamente de la buena suerte y las oraciones de los productores para que la lluvia y los otros fenómenos naturales sean propicios.

Y como dicen “parió la abuela”. El cambio climático es un enorme monstruo que nos amenaza de manera tan cerca que ya sentimos su aliento en nuestros cuellos.

Ya no vale la pena hablar del número de altos cargos del gobierno que han vociferado que el país es ejemplo global de lucha contra el cambio climático. Eso a la vez que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático previsto por la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos tiene un retraso de casi nueve años y el Arco Minero del Orinoco es el proyecto de destrucción ambiental más grave que se ha planteado sobre esta tierra.

Es necesario reaccionar y resistir ante esa arremetida de ignorancia, perversión y demencia contra la base misma de los fundamentos ambientales de los cuales dependemos.

Reaccionar será tomar conciencia colectiva de a dónde nos lleva esta situación. Resistir es negarse a creer que este será un destino inevitable.

Es necesario como dice un amigo “pensar más duro” sobre lo que debemos hacer para prender la luz que haga retroceder a la oscuridad.

Es también comenzar a construir el futuro. No podremos salir del laberinto en que vivimos si no creemos que tiene salida y caminamos hacia ella. Quizás aún no las tiene. Posiblemente haya que construirlas, perforar un túnel que nos lleve afuera. Pero ello no será posible sin unión, solidaridad, coraje y trabajo duro.

Creo en eso. Nos iremos encontrando en el camino de la Venezuela sustentable.

7 mar. 2018

¿Y los ambientalistas? A propósito del Acto en el Aula Magna el 06/03/18


Imagen de EDO tomada de su cuenta de Twitter


Me parece muy importante y necesario el evento realizado ayer en el Aula Magna de la UCV. Para mi además es urgente su tema central, magistralmente descrito por EDO en su imagen: Unidad.

Esta idea debería ser prioritaria para nuestro país. La polarización nos ha hecho tanto daño que no estamos divididos: estamos fragmentados, despedazados, y aún seguimos buscando como separarnos aún más. Los efectos de esa perversa acción política están a la vista y se cuentan en miseria, muerte, destrucción, desesperanza y éxodo masivos.

Con este acto se abren caminos para la esperanza. Por supuesto que estos caminos serán largos, difíciles y culebreros. No hay de otra.

Pero me queda una pregunta. Nace de una especie de reclamo cordial que me hizo un amigo: En ese evento faltaban los ambientalistas. Entonces ¿estamos fuera de esa acción ciudadana por el rescate de la democracia?. 

Realmente no se si no asistió nadie que sea parte de algún grupo ambientalista. No me fue posible asistir. Pero casi estoy seguro que no había ninguno que representara realmente a este sector.

Estoy claro que, como muchos otros, las organizaciones ambientalistas han sido muy golpeadas por la situación económica y el hostigamiento gubernamental.

Se que han desaparecido muchos grupos o han tenido que reducir sus acciones. Las plataformas que los articulaban también han decaído en sus acciones y capacidades de representación.

Además viejos recelos y la triste polarización ha impedido la necesaria organización de los reclamos alrededor de temas .tan importantes como el Arco Minero del Orinoco, la crisis de agua, la destrucción de nuestras áreas protegidas, la creciente deforestación y destrucción en cuencas y otros temas muy importantes para el país cuyos efectos son parte de la actual crisis humanitaria compleja del país.

Nos falta mucha unión para dejar de ser un territorio abierto al saqueo y expoliación de los piratas y tiranos actuales.

Asimismo, necesitamos mucho trabajo conjunto, reflexión, estudio y acción ciudadana.

Ello también es necesario para evitar que oportunistas políticos tomen la bandera ambientalista por nosotros. También debemos recordar que si nosotros no lo hacemos, el espacio será ocupado por otros, no necesariamente los más idóneos u honestos.

Pero estoy seguro que el sentimiento ambientalista aún está muy vivo en el país y se manifiesta, como siempre, de manera muy diversa y creativa. Quizás ya no como movimiento organizado. Pero somos una semilla latente esperando por germinar luego de la temporada de sequía e incendios.

La pregunta es ¿podemos esperar hasta que los buenos tiempos lleguen? o más bien ¿no tendríamos que ser un factor que ayude desde su ámbito a impulsar los cambios necesarios? 

La ecología enseña que los ecosistemas surgen de las condiciones ambientales imperantes en un territorio. Pero también que los ecosistemas crean sus propias condiciones ambientales.

Así que queda abiertas las preguntas:

¿Debemos los ambientalistas participar en este proceso por la democratización de Venezuela?

En caso de que la respuesta sea si, ¿De qué maneras podemos contribuir a este proceso? ¿Cuál es el papel que podemos jugar en este momento de la historia del país?

De las posibles respuestas que le demos a estas preguntas se establecerán las bases para un futuro para el ambientalismo en Venezuela y en especial para avanzar hacia una sociedad sustentable, que haga del uso responsable de su extraordinario patrimonio natural la base de su futura prosperidad y capacidad de convertirse en una verdadera nación de oportunidades, justicia y equidad.

Espero por sus contribuciones, opiniones y propuestas.

26 ene. 2018

Carta al Sr. Ministro del Ambiente de Venezuela en un #26E





Caracas, 26 de enero de 2018

Sr. Ministro del Ambiente
Su despacho.

Estimado Sr. Ministro,

Aprovecho este 26 de enero de 2018 para hacerle llegar esta carta con la esperanza de que alguna vez llegue a sus manos. Pero antes de iniciar mi exposición resulta necesario aclarar algunos aspectos de este mensaje:

Por una parte, no me estoy dirigiendo a algún ministro de Ecosocialismo y Aguas actual o por venir. Estoy seguro que ello sería una absoluta pérdida de tiempo. Sólo en democracia un ciudadano puede dirigirse a un servidor público y esperar respuesta, o al menos aportar opiniones y propuestas en la construcción y evaluación de las políticas públicas nacionales. Y sólo en democracia es posible trabajar todos juntos por la sustentabilidad nacional.

Adicionalmente a lo anterior, no me puedo dirigir a un ministro de un ininteligible “Ecosocialismo”. No porque no pueda comprender las ideas que definen a esta doctrina política, sino porque el régimen que nos gobierna convirtió a las mismas en una contradicción retorcida entre el discurso de “amor por la Madre Tierra” y su práctica de odio y guerra hacia la naturaleza.

Por otra parte, lo de escribirle desde el 26 de enero de este año,  es mi homenaje a la irreverencia de los venezolanos que se inventaron un “Día Mundial de la Educación Ambiental” y ya lograron que otros países lo asumieran (1) Así mismo esta carta es una declaración de fe por los cambios que van a ocurrir.

Aclarado el  destinatario y la fecha, vuelvo a mi misiva, dirigida a usted Sr. Ministro encargado de la gestión ambiental de este país en algún futuro.

Es posible que desde que usted llegue  a ese cargo (espero que por razones legítimas) pudiera quedar abrumado por la magnitud del reto que le asignaron en un contexto de crisis y restricciones extremas.

Aún más, puede usted sentirse maniatado. Muchas personas, y entre ellos sus colegas ministros en las áreas de economía, salud, educación, seguridad etc., quizás ya lo convencieron de que los problemas ambientales son de baja prioridad al lado de los graves problemas derivados de la crisis económica y social y por eso lo dejaron (de nuevo) sin recursos.

Pero eso no es lo peor, pueden intentar convencerlo que para salir de la crisis hay que asumir de manera frontal los mega-proyectos mineros y la expansión de la actividad petrolera. Todos los cuales habría que apoyarlos eliminando las trabas burocráticas y los obstáculos innecesarios, tales como planes de ordenamiento, estudios de impacto ambiental, así como los controles y restricciones ambientales. Todo sea por el “rescate de la economía nacional”.

Usted tiene dos posibilidades: La más sencilla, intentar sobrevivir en ese cargo hasta que un día cualquiera lo sustituyan por otro pendejo (Uslar Pietri dixit) con menos escrúpulos ambientales y más proclive a los negocios.

Otra opción es plantearse hacer algo nuevo, pero infortunadamente más difícil y políticamente riesgoso.

Para ello le propongo trabajar desde dos ángulos: El primero establecer una estrategia de “ecología de la restauración” aplicada al ministerio que dirige. Es decir, realizar una serie de acciones que promuevan la recuperación de las capacidades y funcionalidad institucional a través de la inserción de prácticas de gestión adaptativa (2).

Habrá que aprovechar todas  las oportunidades (financiamientos, apoyos y asesorías nacionales e internacionales) e ir aprendiendo y re-adaptándose sobre la marcha a través del monitoreo y evaluación de los resultados. A medida que usted acompañe de manera decisiva las acciones de cambio verá que la institución comenzará a reverdecer.

Por otra parte, sería necesario establecer un programa nacional de sensibilización, concientización y movilización social de alto impacto.

Ello implica promover, mediante herramientas comunicacionales y educativas, un gran movimiento nacional, dirigido a estimular  el resurgimiento de Venezuela a través de la valoración, promoción y uso sustentable de sus recursos ambientales como ejes de una nueva economía post-petrolera.

Para lograr este propósito, será necesario construir una nueva narrativa de país dirigida a redefinirnos como nación formada por ciudadanos que trabajan y emprenden en función del manejo responsable nuestras capacidades ambientales. Narrativa que  debe desplazar a la de país rentista y extractivista poblado por personas que sólo esperan su pequeña ración de una riqueza cada vez más lejana.

Esta misma estrategia  debe ser dirigida a demostrar a los promotores de transiciones económicas, que en un país sin agua, con ambientes degradados nocivos para la salud, afectado por múltiples catástrofes socio-ambientales y que destruye sus servicios y capital ambiental, no tendrá ninguna posibilidad de transición, ni desarrollo.

Asimismo que los recursos naturales de Venezuela: biológicos, hidrográficos, eólicos, solares y de otros tipos, sí son usados de manera responsable, pueden apalancar de manera determinante el regreso del país a un camino de progreso.

Estas últimas ideas son la raíz de mi segundo planteamiento. Todas ellas están centradas en la necesidad de que en Venezuela se implemente un gran programa de educación y comunicación ambiental en todos los sectores y dirigido a todas las personas.

Entre los crímenes cometidos por los que devastaron la institucionalidad ambiental del país, estuvo el de destruir a la Dirección de Educación Ambiental y Participación Comunitaria del antiguo Ministerio del Ambiente. Ello sin ningún respeto por el derecho constitucional de todos los ciudadanos a ser educados ambientalmente y mucho menos por los tratados internacionales que obligan al país a desarrollar programas educativos relacionados con los distintos temas ambientales.

Esa instancia era el órgano competente para diseñar las políticas educativas ambientales, así como de implementar gestiones dirigidas a insertar la dimensión ambiental tanto en todos los niveles y modalidades educativas, como en los procesos de planificación. Como consecuencia de este atentado, la educación ambiental nacional es casi una especie extinta, envejecida y moribunda.

Revertir los daños causados, pasa por entender que la transformación necesaria del país sólo podrá lograrse si se cuenta con una población bien formada e informada y con alto grado de motivación. Ello será necesario para que todos podamos asumir las tareas de reconstrucción y restauración de nuestras funcionalidades y ecosistemas, tanto naturales como institucionales.

No le pido que simplemente restaure la anterior Dirección. Las viejas estrategias no serán suficientes, ni adecuadas para enfrentar los nuevos retos. Será necesario crear una nueva organización con objetivos ambiciosos, basada en criterios actuales que se alejen de las prácticas educativas bancarias (3) y de los modelos de déficit (4).

Venga, atrévase. Para ello contará con el apoyo decidido de muchas organizaciones de la sociedad civil, universidades, academias e incluso empresarios. Todos,  lo apoyaremos de manera decidida y constante.

Tu país y el de tus hijos lo necesita y exige de manera urgente. Vamos juntos a trabajar por un futuro ambientalmente sostenible. Ahora si, para todos.

Cordialmente,

Alejandro Álvarez Iragorry





(1) Ver la última parte de mi artículo “10 viñetas para conmemorar la educación ambiental venezolana” https://forotuqueque.blogspot.com/2017/01/10-vinetas-para-conmemorar-la-educacion.html  Un elemento adicional es la campaña iniciada desde el año pasado por el Secretariado Permanente del Congreso Mundial de Educación Ambiental para promover un Día Mundial de la Educación Ambiental. Cuya fecha propuesta es el 14 de octubre, en celebración del aniversario del Congreso de Tiblisi en 1977.   https://weecnetwork.org/es/october-14-first-world-environmental-education-day/

(2) La gestión adaptativa es un enfoque de gestión dirigido a aumentar las capacidades institucionales  para actuar mediante la creación de nuevas estrategias, así como la de enfrentar los cambios negativos mediante el aprendizaje constante producto de la evaluación de las acciones.

(3) En la concepción educativa de Pablo Freire la basada únicamente en la transmisión de información que es “depositada” por el educador en el educando.

(4) Es un modelo educativo que se caracteriza por asumir que el público tiene un déficit de información sobre temas ambientales  y propone que se diseñen e implementen programas para subsanarlos a partir de la transferencia de conocimientos desde los expertos. El mismo se contrapone a un modelo democrático que promueve el desarrollo de competencias en la ciudadanía para participar de manera activa y preparada para tomar decisiones en los temas ambientales que los involucran.