Gestión ambiental y sus trabajadores. Un homenaje en un complicado 1ro de mayo

Bombero forestal. Años 70

Venezuela en los años setenta del pasado venía de una etapa de desarrollismo extremo impulsado por el crecimiento del petro-estado. Los años del “buldócer” los llamó Ocarina Castillo.

Quizás un ejemplo claro de la ideología detrás de ese modelo económico puede leerse en este texto de Hans Neumann presidente de las Empresas del Grupo Montana publicado en El Nacional en 1974 (1):

“Se trata de optimizar para el hombre y no para la naturaleza. No es la naturaleza per se lo que nos debe interesar, sino ella como un ambiente en el que nos podremos desempeñar y vivir nosotros y todas las generaciones futuras. La consigna “conservacionista” no puede ser la única rectora de una conciencia ecológica. Se trata de crear un ambiente vivible y no de catalogar bosques como se hace con una obra de Velásquez.”

Esa mirada desarrollista y antropocéntrica era la narrativa compartida por la mayoría de las cúpulas del poder político y gubernamental de esa época. Este grupo entendía las ideas conservacionistas únicamente como restricciones a su actividad empresarial y al crecimiento económico. Eso dentro de un país cuya riqueza y actividad económica había surgido casi sin ninguna limitación: “El cielo era el límite”.

Pero también quizás era la respuesta a una ola creciente de conservacionismo que iba creciendo en el mundo, que en Venezuela tuvo extraordinarios promotores, incluyendo a profesores universitarios, miembros de organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos, así como a líderes políticos y comunitarios. Pero también a vecinos y pobladores de distintas zonas del país afectadas por los proyectos de desarrollo que destruían sin ningún límite sus formas de vida, recursos de los cuales dependía y su propia identidad.

Este grupo venía inspirado por lo que Eugenio Caricote (2), llamó el “sentido ético de la conservación”.

Ya para el año de 1976 se promulgó la primera Ley Orgánica del Ambiente de Venezuela y una de las primeras leyes ambientales del mundo. Un año después inicia sus actividades el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARNR)

Este proceso avanza en conjunto con la acción de la sociedad civil que ve como sus ideas de conservación ambiental pueden fundamentarse en un entramado legal e institucional cada vez mayor.

Entre ambos generan una fuerza de contrapeso a los intereses económicos y políticos. En ningún momento este contrapeso logró evitar del todo el avance de los intereses desarrollistas, pero logró imponerle ciertos límites, restricciones y modos a su acción.

A esta historia, aun escasamente contada en la literatura, le falta un aspecto esencial: El aporte de los trabajadores al crecimiento de la gestión ambiental de Venezuela.

Ellos fueron guardaparques, bomberos forestales, trabajadores en distintas instituciones que hacían labores de campo, pero también funcionarios haciendo trabajo de planificación, gestión y control ambiental. Algunos eran ingenieros, biólogos, geógrafos, abogados, químicos, arquitectos y de muchas otras profesiones. Otros eran simplemente gente del pueblo.

Nadie puede saber cuántos fueron y la mayoría fueron anónimos, pero su acción fue fundamental para la consolidación de la gestión ambiental en el país.

Sus principales herramientas eran: mística de trabajo, compromiso institucional y amor por Venezuela.

Las historias de sus enfrentamientos contra los poderes podrían llenar libros. Algunas de estas historias están llenas de inteligencia, astucia y el saber cómo mover desde abajo los hilos de la política.

En algunas ocasiones tuvieron apoyo desde los altos cargos del gobierno, pero en otras tuvieron que luchar contra ellos. Algunas batallas se ganaron, otras se perdieron. Pero ese grupo de trabajadores nunca perdió su pasión por Venezuela y su ambiente.

Tuve el honor de trabajar en conjunto con personal de Inparques, Ministerio del Ambiente y algunos otros organismos. Y siempre admiré su tenacidad a pesar de las enormes dificultades que tenían para hacer sus trabajos.

Un nuevo grupo en el poder, una casta de saqueadores, se dieron cuenta de que el obstáculo más grande que tenían para poder expoliar el país eran las instituciones ambientales y en particular sus trabajadores. Como consecuencia el ataque fue despiadado y la destrucción fue casi total.

Pero aún me consigo con trabajadores dando la pelea. Muchos de ellos ya envejecidos y cansados manteniéndose fieles a las ideas que los alimentaron en sus inicios. Pero los hay también jóvenes que aunque nunca conocieron las etapas mejores de la gestión ambiental del país, tienen el sueño de participar en acciones importantes y contundentes para salvar no al planeta, sino al futuro de Venezuela y sus hijos.

Este grupo y muchos más participaremos en la necesaria reconstrucción de la institucionalidad ambiental del país. Sus experiencias serán necesarias. Sus heridas los recordatorios de lo que no debe hacerse.

Son ellos y ellas nuestra esperanza.

Feliz día del trabajador. Nos veremos pronto en la reconstrucción.





(1) Tomado de El Libro Venezolano del Ambiente. Gondelles, E. y otros. Tomo Segundo. 1983. Pág. 27.
(2) Eugenio Caricote. Ingeniero Agrónomo, Director de. Educación Superior del Ministerio de Educación y Profesor Universitario.

Volviendo del futuro ambiental

El siguiente artículo fue publicado en la Edición Aniversaria del Semanario Quinto Día aparecida el pasado 27 de noviembre. La misma recogió una serie de textos breves - y en tono positivo - sobre diversos temas los cuales buscaban responder a la solicitud de enviar "consejos a los gobernantes".

Ha pasado poco tiempo desde su publicación, pero ya algunos de los puntos tratados parece que se encaminan a un presente peor de lo esperado.

La película “Volver al Futuro II” de 1985 comienza con la aparición de un extravagante científico que dice venir del futuro y le pide al protagonista que le acompañe de regreso para tratar de evitar unos sucesos que aún están por ocurrir. La fecha objetivo: 21 de octubre de 2015.

Si contáramos con los medios para viajar, por ejemplo veinte años al futuro, ¿Cómo sería recordado el año 2015? Vamos a poner nuestra máquina del tiempo en marcha para investigar sobre lo que se vivió en ese momento.

Es casi seguro que cuando se revisen los principales sucesos ocurridos ese año, el mismo estará marcado por importantes acontecimientos ambientales. Ellos serán percibidos como hitos que definirían el futuro de nuestro planeta y nuestro país.

Iniciaríamos la cuenta en el mes de mayo con la publicación de la Encíclica Papal “Laudato Si´”. En ese documento el Papa Francisco hace un vehemente llamado  a la acción por la protección de nuestra “Casa Común”. Asimismo, critica el consumismo y la codicia y exhorta a lograr una acción colectiva para actuar contra el cambio climático.

Más adelante, en el mes de septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas estaría aprobando el documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. El mismo contiene 17 objetivos y 169 metas dirigidos a orientar los esfuerzos de desarrollo global. Un elemento resaltante de estos Objetivos de Desarrollo es que los temas ambientales atraviesan toda la Agenda, por lo que la dimensión ambiental se convierte en uno de los ejes principales de este compromiso mundial.

Luego, a finales de año, en París se realizaría la  Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas. En ella se estaría alcanzando un nuevo acuerdo para regular la emisión de gases causantes del calentamiento global. Asimismo, esta Conferencia obtendría otro resultado importante: El compromiso voluntario de 146 países del mundo de disminuir según sus posibilidades la emisión de estos gases en sus territorios y procesos.

Quizás también se recuerde el año por un hecho adicional: El haber alcanzado un nuevo record en las temperaturas del planeta. Un dato que debería habernos recordado que caminábamos hacia un posible desastre ambiental.

Y en Venezuela ¿qué estaba ocurriendo en materia ambiental ese año?

Las noticias no serían buenas: Se había eliminado el Ministerio del Ambiente, uno de los organismos pioneros en políticas de gestión ambiental en el mundo. Más adelante en el año se crearía un nuevo ministerio llamado de Ecosocialismo y Aguas cambiando el foco de la gestión ambiental a la doctrina política del momento.

En paralelo, la situación ambiental del país sería preocupante: Un estudio indicaría que más del 39% de los hogares venezolanos no recibían agua de forma regular. A la vez que se multiplicaban las denuncias por la mala calidad del agua distribuida en las redes de acueductos. Asimismo, el resultado de un trabajo realizado en toda la Amazonía revelaría que Venezuela era el único país de la región donde la deforestación de sus bosques amazónicos estaba aumentando. La minería ilegal de oro en la Guayana seguiría con su secuela de devastación, contaminación, enfermedad y destrucción de las culturas indígenas. Surgirían nuevas amenazas sobre las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, incluyendo Parques Nacionales protectores de nuestra biodiversidad e importantes productores de agua y electricidad. Asimismo se multiplicarían las obras públicas realizadas sin respetar las normas constitucionales y legales de control ambiental. Ese año Venezuela no aportó ningún compromiso, ni mostró avances en materia de cambio climático. Y, sin agotar la lista, se mantendría un grave conflicto entre los funcionarios del extinto ministerio del ambiente y las autoridades del nuevo ministerio.

Afortunadamente no todo serían malas noticias: Diversas organizaciones, instituciones y personas estaban haciendo esfuerzos por mejorar la conciencia ambiental de la ciudadanía, establecían programas de reciclaje, apoyaban la conservación de la biodiversidad, promovían emprendimientos basados en los principios de la sustentabilidad, investigaban y articulaban el conocimiento científico en materia de cambio climático, entre otras acciones. Todo ello a pesar del entorno político y económico extremadamente difícil de ese momento.

Dado este panorama, cuáles podrían ser los consejos que esos viajeros en el tiempo podrían dar a nuestros gobernantes.

El primero, y quizás más importante, sería no perder la oportunidad que representan los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por las Naciones Unidas. Ellos pueden actuar como lineamientos que orienten una Agenda Nacional encaminada a redefinir nuestro modelo de desarrollo. A la vez, a corto plazo, servirían para encauzar las acciones de los organismos venezolanos con competencias ambientales.

Esta oportunidad ha sido ya señalada por el Presidente de la República. El cual, al regresar de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, convocó “a todos los sectores del poder popular a conocer y estudiar los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable”. Asimismo, pidió la realización de un debate nacional sobre los mismos, así como incorporarlos al Plan de la Patria.

Este “debate para la acción”, como el mismo presidente lo definió, pudiera ser una oportunidad extraordinaria para lograr una alianza nacional amplia, inclusiva y abierta por un desarrollo justo, democrático y responsable de nuestra nación.

El debate debe hacerse sin sectarismo ni exclusiones, respetando el derecho de todos los ciudadanos a participar de manera protagónica y eficaz en la construcción de nuestro futuro como país.

Mientras esta discusión se realiza, es urgente que el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas diseñe, revise o reactive acciones adecuadas para la solución de los problemas ambientales del país. Estos, al menos, deben incluir: el control de contaminantes y otras fuentes de daño ambiental, la protección efectiva de especies y ecosistemas, la gestión integral de cuencas y los planes de ordenamiento del territorio. Asimismo debe liderar el diseño de planes nacionales para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como coordinar un programa nacional de educación ambiental sin apellidos partidistas.

También será necesario que la Asamblea Nacional se incorpore a esta acción. Se necesita promover leyes que le den piso legal a la lucha contra el cambio climático y revisar las normas ambientales que estén desfasadas o son ineficaces. Igualmente será preciso promover el uso de los presupuestos nacionales como herramienta para impulsar las prioridades que surjan de una Agenda Nacional Ambiental en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los ciudadanos igualmente necesitamos activarnos y trabajar para defender nuestros derechos ambientales y de participación, así como promover acciones y procesos de articulación y diálogo y actuar como contralores de las acciones que se realicen.

El futuro de Venezuela puede ser promisorio para todos sí asumimos nuestro territorio y sus recursos naturales con conocimiento, responsabilidad y sensatez, pero también puede ser de mayores dificultades y limitaciones, especialmente para la población de menores recursos, si dilapidamos esta oportunidad.

No es necesario viajar en el tiempo para comprender estas opciones y actuar en consecuencia.

Mi agradecimiento a la periodista Leni Ramírez por la oportunidad y el apoyo en la redacción de este artículo.

Agenda urgente para las ONG Ambientalistas de Venezuela: O correr o encaramarse

Ciudadano: Habitante de… (los) Estados modernos como sujeto de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país  (Diccionario de la Real Academia Española)

Una de las razones para celebrar el “Día Mundial del Ambiente" es que sirva  como momento para la reflexión sobre la labor realizada y proponer nuevas estrategias para ser más eficientes en el logro del propósito de avanzar en un camino de sustentabilidad.

Tal idea viene al caso porque, en mi opinión, el movimiento ambientalista (1) en Venezuela está en una situación muy delicada, por decir lo menos. Condición que lo obliga a repensarse y establecer nuevas estrategias si realmente desea tener incidencia sobre la gestión ambiental en el país.

Tal percepción de deterioro no es un invento mío, ni es nuevo.

En los últimos años he oído varios testimonios y denuncias sobre el desconocimiento y la descalificación del trabajo de las  organizaciones ambientalistas por parte de sectores del gobierno; graves y crecientes limitaciones económicas; restricciones crecientes tanto legales como por la arbitrariedad de funcionarios públicos;  discriminación y exclusión por parte de los organismos del gobierno, así como en algunos casos amenazas directas a organizaciones o sus integrantes.

Ello ha llevado a buena parte de las mismas a restringir actividades, contraer sus ámbitos de acción y en algunos casos a desaparecer. Pero también otras han seguido un camino de autocensura  y del camuflaje. en un intento, a veces vano, de pasar desapercibidos y seguir realizando su trabajo sin demasiada interferencia. El lema parece ser sobrevivir a cualquier precio.

Pero no es posible achacar todo el problema a la situación política, económica y social de la Nación. El clima de polarización y confrontación política crea bandos en apariencia, irreconciliables y mutuamente excluyentes. Por ello es muy fácil echar a otros la culpa de todos los problemas existentes (sobre todo si en muchas ocasiones puede ser verdad)

No es un asunto de distribuir culpas, sino de ser auto-críticos

Algunos de los juicios que voy a emitir pueden parecer negativos e incluso destructivos, pero lo hago no desde la idea de tirar piedras desde el exterior, sino como ejercicio de autocrítica. Nada de lo que aquí digo es una opinión contra alguien, soy parte y formo parte de todo lo que aquí voy a comentar por lo que todo lo que aquí exprese me involucra, me señala y me compromete (2)

La situación de confrontación política es una excusa perfecta para no reconocer que parte, quizás importante, del problema es causado por nuestros propios desaciertos, formas de pensamiento anacrónico e ineficiente y a veces auto-saboteador.

Algunos dirán que exagero y dramatizo, pero una serie de síntomas así lo parecen demostrar. Revisemos unos pocos:

• La decisión de eliminar el Ministerio del Ambiente fue adversada de manera pública por un grupo de organizaciones, instituciones y personalidades (incluyendo individuos que se identifican con las políticas gubernamentales) pero también es cierto que muchas otras organizaciones nunca se manifestaron al respecto. Unos meses después, una nueva decisión vuelve a fundar el ministerio con nuevo nombre, lo que implica un cambio completo de concepción: del ministerio técnico sectorial al ministerio promotor de una doctrina política.  En este segundo momento el número de organizaciones o personas que opinaron al respecto fue marcadamente menor (ni siquiera para aplaudir la decisión) ¿Estas decisiones no les importaba o no les afectaba de ninguna manera a las mismas?

• Recientemente se han denunciado casos graves de destrucción de ecosistemas, deterioro de la salud ambiental, amenazas sobre las áreas protegidas , menoscabo de las condiciones de vida urbana, sin que por ello se haya producido un movimiento social organizado para enfrentar estos temas ¿Si el deterioro ambiental de los venezolanos no es preocupación de los ambientalistas, de quién es?

• Una organización muy conocida ha desarrollado un programa para ofrecer herramientas de diversos tipos para fortalecer a las organizaciones del sector, a pesar de ello frecuentemente solo unas pocas aprovechan este beneficio y algunas ni siquiera responden a los llamados a participar de las mismas ¿Estas organizaciones no creen que pueden mejorar o que ya tienen resueltos todos sus problemas y no tienen nada que aprender?.

Puedo seguir dando ejemplos, pero como se decía antes: para muestra basta un botón.

Al conversar y reflexionar con muy distintas personas dentro del sector sobre esta situación  encontré varias opiniones y patrones:

• Organizaciones ancladas en  enfoques y modos de trabajo que no están adaptados a la realidad actual tanto venezolana como internacional.
• Aislamiento y escasa capacidad para realizar acciones articuladas tanto con otras organizaciones, como con otros sectores de la sociedad, tanto a escala nacional como internacional.
• Desconexión con los grandes temas sociales y socio-ambientales nacionales y globales. 
• Poca capacidad para monitorear la realidad ambiental y conectarse con temas emergentes.
• Poco interés en formarse, reflexionar, evaluar y cuestionar sus acciones
• Renuencia a establecer acciones para buscar incidir y participar en el diseño y evaluación de las políticas ambientales el país.

Por supuesto que cada uno de estos temas es matizable y encontraremos ejemplos de excepciones en todos los casos. Pero como diría el viejo dicho: la excepción confirma la regla.

No es posible en este momento, analizar el origen y consecuencia de cada uno de estos problemas, así que voy a revisar  solo el último de los mismos, el cual involucra principalmente a las organizaciones que realizan proyectos en temas específicos y cuentan con personal pagado para implementarlos.

El gran tema es la participación

Estas organizaciones frecuentemente se consideran a sí mismas como “instituciones técnicas”, rechazando toda relación con temas considerados como “políticos”. Estas perciben lo “técnico” como un valor cercano a la tolerancia, la honestidad, la neutralidad, y la racionalidad, mientras que lo “político” lo entienden como la labor que realizan los partidos políticos y movimientos de activistas, lo que lo relacionan con acciones de confrontación, realizadas por personas deshonestas y sectarias que desconocen y desprecian la racionalidad científica.

Esta concepción estrecha y tergiversada de la política, ignora que las organizaciones de la sociedad civil  surgen de la acción pública de ciudadanos que se organizan en defensa de los derechos, intereses e ideales de la colectividad, y que esta labor es claramente política, aunque no partidista.

En tal sentido, las mismas  desarrollan sus actividades a través de diferentes roles. Ellos pueden incluir, entre otros: articular las demandas ciudadanas con las acciones del Estado, incidir sobre las decisiones de los entes públicos para mejorar la eficacia de sus políticas, dar respuesta a necesidades sociales insatisfechas por deficiencias de los gobiernos, promover la participación de las comunidades, así como supervisar la acción de los entes gubernamentales con respecto al cumplimiento de las leyes y acuerdos internacionales  (3).

Esto en términos sencillos, se puede resumir como: resistir, exigir, proponer y construir, tal como lo expresa Deborah Van Berkel Directora Ejecutiva de Sinergia.

Dentro de todas estas funciones quizás el elemento central es  que las organizaciones de la sociedad civil deben participar en la toma de decisiones sobre la concepción, formulación y ejecución de las políticas en todos los niveles del Estado, de tal manera que representen las aspiraciones, valores e ideas de la sociedad.

El término clave en este caso es participar. Más allá de la retórica improductiva y vacía que nos han impuesto, la sociedad civil debe involucrarse activamente en todos los temas que le interesa y compete. Participar no es opinar o asistir a actividades: Es como se ha dicho en muchas ocasiones: Ser parte y tomar parte.

Se es parte, porque como ciudadanos toda acción que nos afecte nos compromete y afecta y a partir de allí exigimos tomar parte en el diseño, planificación, ejecución y evaluación de estas decisiones.

El problema es que si no tomamos parte (no participamos) al final terminaremos no siendo parte (perdiendo nuestra condición de ciudadanos y transformados en masa o en simple público)

La participación es un derecho. Los derechos se ganaron con mucho esfuerzo, en ningún caso  fueron concesiones de los gobernantes. A los gobiernos, a ningún gobierno, les interesa ceder su poder. De allí el peligro: si no se ejercen los derechos terminan perdiéndose.

Es por ello que las organizaciones ambientales en Venezuela deben activarse, articularse y generar maneras novedosas de participar en todo los que nos compete y forma parte de nuestra misión central: la defensa de nuestros derechos ambientales.

O corremos o nos encaramamos. O mucho mejor expresado por Simón Rodríguez hace casi doscientos años: O inventamos o erramos.




NOTAS:
(1) Uso el término ambientalista en la acepción del DRAE: Dicho de una persona: Que se preocupa por la calidad y la protección del medio ambiente. En tal sentido, llamo movimiento ambiental a las distintas organizaciones de la sociedad civil articuladas o no, en cualquier nivel de la sociedad que desarrollan acciones para apoyar la gestión ambiental y la vigencia de los derechos ambientales.
(3) Este párrafo quedó por error fuera de la versión inicial publicada
(2) Recomiendo leer en la página de Civicus una discusión mucho más detallada y completa de estas ideas

Carta abierta a Guillermo Barreto, Ministro de Ecosocialismo y Aguas

Sin educación no puede haber gestión participativa del ambiente

Ciudadano Guillermo Barreto, 

Ministro de Ecosocialismo y Aguas

Su despacho.

Me dirijo a usted en este momento que ha sido nombrado para este importante cargo, con el fin de llamar su atención sobre un tema que considero  preocupante: La eliminación de la Dirección General de Educación Ambiental y Participación Comunitaria (DGEAPC) que ocurrió como parte del proceso de reorganización del ya desaparecido Ministerio de Ecosocialismo Vivienda y Hábitat.

Esta infortunada, y a mi entender equivocada, decisión desechó la extensa e importante trayectoria que tuvo esta dirección dentro del antiguo Ministerio del Ambiente. La DGEAPC fue clave para el establecimiento de políticas públicas como la incorporación de la educación ambiental en los currículos educativos en el país, la formación de educadores en temas ambientales, la realización de procesos de articulación y apoyo con otros países de la región, la asesoría a otros entes del Estado y el diseño de estrategias, políticas y orientaciones para el trabajo educativo en la gestión ambiental, entre otros logros. Asimismo, impulsó desde sus inicios procesos participativos, en un principio con las Juntas Ambientales, hasta llegar a los Consejos Comunales. Por otra parte, fue un ente articulador con otros organismos del Gobierno Venezolano como ministerios, gobernaciones y municipios, a la vez que vinculó las políticas de gestión ambiental del ministerio con organizaciones y movimientos de la sociedad civil del país, así como con Universidades, empresas y otras instituciones.

La labor de la DGEAPC fue fundamental para el establecimiento de una política de gestión

ambiental con enfoque social. Esta reconoce la necesidad de educar a la población en materia ambiental y promover la participación de la sociedad como elemento fundamental de la gestión del ambiente. Es por ello que la educación ambiental pasó a tener rango constitucional a partir de la Constitución Bolivariana de 1999; e igualmente está contemplada como estrategia de gestión en toda la normativa ambiental venezolana, así como en los tratados firmados y ratificados por la República.

Como muestra de estos compromisos internacionales: El Convenio sobre la Conservación de la Diversidad Biológica, a partir del desarrollo del su artículo 13, se ha propuesto la implementación de una Iniciativa mundial sobre Comunicación, Educación y Conciencia Pública. Igualmente, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático establece  la realización de programas de educación y concienciación pública, los cuales han sido reafirmados en la COP 20 a partir de la Declaración Ministerial de Lima sobre la Educación y la Sensibilización.

La desaparición de la DGEAPC fue a mi entender el resultado de la acción de sus enemigos, tanto internos, en el propio ministerio, como fuera de el mismo. Contra su existencia se alegó la “transversalidad” de esos temas en todos los programas del ministerio, lo que supuestamente hacía innecesaria esta Dirección. Argumento falaz que desconoce la educación como proceso sustantivo y formal, el cual no puede ser asumido desde el empirismo educativo; igualmente omite la necesidad de establecer una rectoría que permita orientar, coordinar, promover y articular las diferentes acciones que se implementen en el país. Otros criterios en su contra incluyeron que las acciones educativas debieran ser asumidas por el ministerio de educación y no por el que tiene  la competencia ambiental. Esta opinión ignora la diferencia entre los procesos educativos que se realizan en instituciones educativas y aquellos que ocurren y deben ocurrir en todos los procesos, espacios y situaciones de la vida del país como parte de la gestión ambiental. Por supuesto los ministerios con competencia ambiental y educativa tienen que coordinar sus acciones, y esto se  ha venido realizando desde hace muchos años. 

En el fondo, la negación a aceptar la necesidad de generar políticas públicas en materia de educación y la participación ambiental es una expresión del desconocimiento y desprecio por los temas sociales. Situación que infortunadamente aún prevalece dentro de ciertos sectores de la sociedad venezolana, incluyendo el gubernamental, a pesar de la retórica a favor de los mismos.

Por supuesto, la DGEAPC  había caído en un letargo e ineficacia progresiva. Pero ello no fue responsabilidad de sus funcionarios a lo largo del país, sino de la pérdida de orientaciones y capacidad profesional, los escasos presupuestos y la falta de conocimiento en temas de educación ambiental de algunos de sus directores. De hecho, uno de los signos más significativos de la pérdida de capacidades fue el abandono de los procesos de seguimiento y articulación con  las grandes discusiones en materia de educación ambiental que están ocurriendo en nuestra región y del liderazgo que en estos temas Venezuela siempre había tenido. Esta desidia llegó al extremo cuando en el pasado Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, cuyo eje fue la Educación Ambiental Comunitaria, el Gobierno del Perú, anfitrión del mismo, realizó una invitación formal al MINAMB para que presentara la experiencia de Venezuela en este tema, invitación que no fue aceptada sin que aparentemente mediara ninguna razón.

Ahora hay una nueva oportunidad de rectificar esta situación. En el Decreto de creación del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas se establecen las competencias del Viceministro de Ecosocialismo Ambiental las cuales  incluyen: ”Diseñar, impulsar y desarrollar planes, programas y proyectos orientados a la investigación, educación y divulgación para la promoción de la ética ecosocialista y la conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica y sus componentes”. Aunque la redacción es para mí poco clara, pareciera que esta función permitiría que volviera a crearse la Dirección General de Educación Ambiental y Participación Comunitaria., y en tal sentido darle cumplimiento al artículo 107 de nuestra Constitución y al artículo 15 numeral 5 de la Ley Orgánica del Ambiente e incluso a la Estrategia Nacional de Educación Ambiental y Participación Comunitaria diseñada y aprobada en el MINAMB:

Por todo lo anterior, le pido que aproveche esta situación y promueva que el ministerio a su cargo  restablezca la DGEAPC de tal manera que puedan avanzarse en las políticas y acciones necesarias para educar y promover la participación de la sociedad en la solución de los problemas ambientales del país. 

Estoy seguro que en caso de que así lo decidiera, muchos apoyaremos las acciones positivas e incluyentes que se realicen a favor de lograr que sea garantizado nuestro derecho a ser educados ambientalmente.

En tal sentido, le sugiero que convoque de manera abierta a las Universidades,  ONG, movimientos sociales y comunicadores que realizan acciones de educación ambiental, los cuales en conjunto con las instituciones del Estado que tienen competencias en este campo podremos ofrecer propuestas para avanzar en este sentido.

Finalmente, es importante entender que sin educación, ni participación no podrá haber ni gestión ambiental eficaz, ni más Ecosocialismo que el nombre del ministerio.

Dr. Alejandro Álvarez Iragorry

Coordinador del Foro Venezolano de Educación Ambiental (Red FOVEA)

Animador Nacional de la Comisión de Comunicación y Educación (CEC) de la IUCN.

Miembro del Consejo Directivo de la ONG EcoJuegos

(Todas las opiniones que en esta carta se expresan son de mi absoluta responsabilidad y no comprometen a las organizaciones en las cuales participo)

Acuerdos y desacuerdos sobre el artículo "Sacar y seguir sacando"

Imagen tomada de http://www.eluniversal.com/

Recientemente el periodista Oscar Medina publicó en el diario El Universal un artículo titulado "Sacar y seguir sacando" en el cual muestra los efectos perversos tanto sociales como ambientales de una economía basada en un modelo extractivista. Este artículo tuvo como fuentes un informe realizado por la organización civil Laboratorio de Paz y las opiniones de sus autores Rafael Uzcátegui y Lexys Rendón.

El artículo nos recuerda uno de los temas que deberían ser parte de la discusión nacional sobre nuestro modelo de país, en un momento donde la agenda pareciera estar exclusivamente en  temas como el precio del petróleo, la inflación y la escasez de productos de primera necesidad. Debería ser claro que ninguna estrategia de desarrollo nos permitirá salir de la crisis sino entendemos que, más que los precios del petróleo, dependemos de nuestra capacidad para gestionar de manera responsable y sustentable nuestros recursos naturales, y en particular la biodiversidad, el agua y los suelos.

Por ello, recomiendo leer, discutir y compartir este artículo. Pero a la vez quiero expresar mi desacuerdo con algunas afirmaciones que aparecen en el texto, algunas expresadas en el mismo a manera de preguntas y, que en mi opinión son sobre-simplificaciones de la realidad ambiental y social venezolana y que creo que no deberían ser tomadas como verdades definitivas. Peor aún si parecieran provenir de conocidos y muy meritorios defensores de derechos humanos.

Revisemos las mismas en el mismo orden en que aparecen en el artículo (los textos entrecomillados son tomados textualmente del artículo):

“¿Se ha preguntado por qué no se escucha casi nada sobre las consecuencias ambientales y sociales de estas actividades? ¿Por qué los ambientalistas no hacen ruido como antes? ¿Por qué en Venezuela, a diferencia de buena parte de Latinoamérica, esto no es objeto de discusión?”

Los ambientalistas en Venezuela estamos claros con respecto a la grave crisis por la cual está pasando el sector de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Venezuela y, dentro de éste, el de las que trabajan en la conservación del ambiente y la defensa de los derechos ambientales de los ciudadanos. No es noticia hablar de la exclusión, aislamiento, estrangulamiento económico y rechazo a toda forma de contacto y diálogo que han venido sufriendo estas organizaciones en los últimos años. En este contexto se ha generado un repliegue del sector (Una explicación más rigurosa de este proceso lo da la profesora García Guadilla en un trabajo publicado recientemente)

A pesar de esta situación, los ambientalistas venezolanos han seguido trabajando y generando propuestas, acciones y divulgado opinión al respecto de los temas ambientales que afectan al país. Con respecto de los temas mencionados en el artículo valdría la pena mencionar los trabajos realizados por la Red ARA en los últimos años. En particular el diagnóstico de la situación ambiental del país realizado por esta red en el año 2011, así como el informe sobre los efectos de la minería ilegal de oro presentado en el 2013, así como otros trabajos recientes. Igualmente las múltiples denuncias realizadas sobre la explotación carbonífera en la Sierra de Perijá realizadas por la ONG Homo et Natura. A esto se suma un importante trabajo de articulación, diálogo, educación y comunicación tanto de forma directa como a través de medios de comunicación tradicionales, páginas web, blogs y otros medios.

"Al mirar el mapa de conflictos actuales en América Latina la resistencia a proyectos de gran minería está en primer orden", explica Uzcátegui: "Todas las comunidades indígenas y los ambientalistas están en esa lucha. Pero aquí no. ¿Cómo es posible que no sea así en un país petrolero y de vocación extractivista?"

Decir que “aquí no”, sin más explicaciones ni matices, es desconocer el enorme esfuerzo de resistencia que están realizando las comunidades indígenas en el país. En particular en los últimos años distintas organizaciones han venido realizado denuncias sobre los conflictos, tanto sociales como ambientales, relacionados con la explotación minera tanto carbonífera como de oro. Estas denuncias han sido presentadas ante instituciones del Estado venezolano, organizaciones internacionales y la opinión pública venezolana. Asimismo, organizaciones civiles, universidades y grupos religiosos han realizado denuncias e informes sobre las graves situaciones existentes en las zonas bajo explotación minera y petrolera.

Por otra parte, el hecho de que no se haya realizado un mapa de conflictos socio-ambientales del país no es atribuible al desinterés o a la negligencia de ningún grupo, sino a las enormes limitaciones, presiones y restricciones que afectan a las instituciones y organizaciones venezolanas.

Adicionalmente las sucesivas crisis políticas y económicas que ha venido sufriendo el país en la última década, han generado que la sociedad venezolana pareciera estar en una etapa de perplejidad e incertidumbre, por lo que los temas socio-ambientales, incluyendo los efectos negativos del extractivismo, no parecieran resonar en la mayor parte de la sociedad. Esto lo podemos ver en la reciente eliminación del Ministerio del Ambiente y su fusión (¿demolición?) con el Ministerio de Vivienda y Hábitat sin que esta situación haya generado más que algunas protestas por parte de organizaciones ambientalistas y universidades sin que haya generado una respuesta mayor de la población.

“En general esas organizaciones indígenas se atreven más a alzar la voz aunque se identifiquen con el chavismo porque viven el problema y lo entienden con claridad”

Entiendo claramente que en el contexto de una entrevista a veces es necesario resumir y simplificar ideas, pero este mismo proceso puede generar que algunas ideas se sobre-simplifiquen y puedan ser mal interpretadas.

Generalizar sobre la situación del mundo indígena venezolano es una tarea riesgosa. El mismo, al igual que el resto de la sociedad venezolana, es muy heterogéneo y se resiste a ser encasillado. Existen fuertes diferencias en el modo de enfocar los temas relacionados con la minería entre etnias, entre comunidades y aún en el interior de las mismas. He oído directamente a dirigentes indígenas lamentar las divisiones y enfrentamientos que la minería de oro está generando en las comunidades indígenas.

Es claro que la mayor parte de los grupos indígenas apoyaron las políticas gubernamentales generadas a partir del reconocimiento constitucional de sus derechos culturales, territoriales y económicos y que este apoyo se mantiene en gran medida. Pero a su vez, la gravísima situación de deterioro social y económico derivado de los efectos más perversos de la minería (contaminación por mercurio, violencia, pérdida de sus valores culturales, pobreza, explotación humana) está generando cambios en la percepción de las comunidades indígenas sobre las políticas desarrolladas por el gobierno nacional. En palabras de uno de sus dirigentes: “En la región se está produciendo un proceso de neocolonización tan destructivo como los anteriores”.

En conclusión

El tema del extractivismo (y en particular de su variante actual el neoextractivismo ) y sus efectos ambientales y sociales es bastante complejo en particular en la realidad actual venezolana donde nada parece ser claro y cierto. Más aún con la aparente caótica dinámica política que se ha desarrollado recientemente. En el medio de esa turbulencia aún hay esfuerzo, resistencias y acciones importantes.

Más allá de las diferencias en enfoques y percepciones, creo que debemos buscar juntar esfuerzos y trabajar cada vez más unidos para cambiar la actual narrativa del país como campamento minero tal como lo definió José Ignacio Cabrujas  y construir el país de la diversidad productiva y responsable.

Bienvenida la discusión y bienvenido la organización Laboratorio de Paz al mismo.

¿Cuál es el ministerio del ambiente que necesitamos? 2. Una estructura para una nueva historia

Este artículo está basado en la ponencia “¿Qué queremos? Aprovechando la oportunidad” presentada en el Foro: ¿A dónde va el ambiente en Venezuela? Realizado el 05 de noviembre de 2014 en el Centro Cultural Chacao, Caracas.

En el artículo pasado, presenté algunas ideas para la discusión de las bases para una nueva estructura del Ministerio del Ambiente que deseamos y necesitamos. Allí comentamos la necesidad de no comenzar a pensar en  una estructura sin antes pensar cuál es el propósito que debería cumplir en la Venezuela que soñamos y en particular entender que más que una institución necesitamos una nueva concepción – una narrativa – que guíe el desarrollo futuro de nuestra relación con la naturaleza existente en el territorio nacional, los recursos naturales que en él se encuentran y nuestro ambiente.

La propuesta que hice en esa ocasión es trabajar para cambiar nuestra concepción “minera” del ambiente: extractivista, cortoplacista, que niega y destruye nuestras verdaderas riquezas, y sustituirla por una nueva idea que se expresa en la narrativa de país de la diversidad productiva. Es decir entender que de valorar y gestionar con responsabilidad, justicia y solidaridad nuestra diversidad (biológica, social y cultural) nacerá el camino hacia un nuevo futuro.

Sobre este sustrato, podemos comenzar a construir la nueva edificación.

En primer lugar, necesitaremos de una institución que conozca y comprenda las condiciones ambientales del país, así como las dinámicas de cambio de las mismas. Es claro que sin una comprensión de la realidad ambiental toda planificación será ficticia y toda acción un viaje en la oscuridad.

Este  conocimiento deberá nacer del desarrollo de agendas de investigación que promuevan, articulen y faciliten la incorporación de todos los actores del sector ciencia y tecnología, así como a las empresas, comunidades y a la cooperación científica internacional.

Nuestra diversidad debe ser conocida y nuestros científicos deben ser convocados, apoyados y estimulados. Nuestra riqueza nace de una poderosa ciencia nacional. Sin que esto signifique ninguna xenofobia ni exclusión, necesitaremos del apoyo de científicos de todo el mundo y del apoyo de las tecnologías que no tenemos.

El resultado de estas investigaciones, convertida en una base de datos de conocimiento sobre todos los aspectos de nuestra realidad ambiental servirá como insumo para desarrollar procesos de planificación integrales y abiertos que se convertirán en políticas públicas dirigidas a orientar tanto la acción del Estado y de la sociedad, como al propio ministerio.

Estos procesos de planificación ambiental incluirán como aspecto fundamental la ordenación del territorio, pero deberá a su vez incluir una visión integral de todos los aspectos ambientales de manera integral y sistémica.

Estas políticas a lo interno, deberán permitir establecer programas de gestión dentro de cuatro temas estratégicos:

1) La preservación a largo plazo del funcionamiento de los ecosistemas que generan bienes y  servicios ambientales necesarios para la sustentabilidad del país.

2) La regulación de las actividades que se realicen de tal manera de prevenir, mitigar, restaurar y compensar los daños que se puedan generar sobre el ambiente.

 3) La ampliación y optimización de los servicios públicos ambientales dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población, y

4) La promoción de una agenda ciudadana que promueva la incorporación de toda la población en la defensa de los derechos ambientales, así como en el cuidado y uso responsable de los recursos y bienes naturales.

Esta última área estratégica será fundamental para el éxito de la misión del nuevo ministerio, el cual deberá convertirse en facilitador de la construcción colectiva de un acuerdo nacional dirigido a generar los cambios en los valores y prácticas personales, institucionales y productivas.

Transitar este camino de transformación cultural, necesitará de las mejores herramientas comunicacionales, educativas y de promoción social existentes. Pero principalmente precisará establecer procesos de diálogo, articulación y conciliación.  Todo ello dirigido a construir la confianza social en la posibilidad de que podemos lograr y tenemos derecho a una vida sana, segura y ecológicamente equilibrada y a un futuro mejor basados en el uso responsable de nuestras  riquezas naturales.

Las cuatro áreas estratégicas actuarán en permanente vínculo y simbiosis a través de procesos matriciales y retroalimentarán la planificación mediante el monitoreo continuo de nuestro ambiente.

Igualmente, permitirán establecer una base de conocimientos y experiencias que permitirán al país, desde una visión nacional, participar proactivamente en la construcción de una agenda internacional dirigida a promover y apoyar una alianza global dirigida a la solución de los problemas ambientales globales sobre la base de los principios de corresponsabilidad, solidaridad y justicia ambiental.

Finalmente, una propuesta de futuro también implica conectarse, literalmente, al mundo de las nuevas tecnologías. No es posible seguir entendiendo la complejidad ambiental con herramientas que en el mejor de los casos son de una generación anterior. Los retos actuales exigen manejar información de formas mucho más exhaustivas, detalladas y urgentes de tal manera de monitorear los cambios y entender la complejidad natural y socio-ambiental. Necesitaremos desde tecnologías satelitales, manejo masivo de datos, sensores de alta tecnología y el modelaje matemático, hasta el manejo eficiente de redes sociales, entre muchas otras herramientas.

Alcanzar este sueño exigirá establecer una institución fuerte, bien dotada de recursos financieros y humanos, así como de los recursos técnicos y las herramientas sociales necesarias. Pero ante todo, requerimos una institución con la suficiente autoridad ética y política que le permita promover los cambios necesarios para convertirnos en una sociedad sustentable.

Todos estos planteamientos pueden sonar utópicos, pero no tenemos más remedio que buscar hacerlos  realidad o fracasar como país. O como diría el viejo educador: “O Inventamos o erramos”.

Es el momento de demostrar nuevamente que los venezolanos tenemos el espíritu y la capacidad para actuar juntos y tejer el país de la diversidad floreciente que nuestros hijos disfrutarán.

La idea que quiero dejar al final es de Bertolt Brecht: “No aceptes lo habitual como cosa natural. Porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural. Nada debe parecer imposible de cambiar”

Por eso podemos y debemos cambiar y convertirnos en el país de la diversidad productiva.

¿Cuál es el ministerio del ambiente que necesitamos? 1. Cambiando de historia

Este artículo está basado en la ponencia “¿Qué queremos? Aprovechando la oportunidad” presentada en el Foro: ¿A dónde va el ambiente en Venezuela? Realizado el 05 de noviembre de 2014 en el Centro Cultural Chacao, Caracas.

Para todos aquí es conocida la decisión reciente del Ejecutivo Nacional de eliminar, luego de treinta y siete años de trayectoria, al Ministerio del Ambiente. Esta decisión ha generado rechazo aún entre grupos cercanos a las políticas del gobierno. Pero por otra parte, algunos de nosotros creemos que esta decisión es una oportunidad para repensar su existencia, misión y funciones.

Este ejercicio ciudadano nos permitirá prepararnos para el momento en que recuperemos esta institución en el marco del restablecimiento pleno de los principios y garantías establecidas en nuestra Constitución y en particular desde las orientaciones expresadas en el Artículo 2 de la misma.

Lograr este objetivo no será una tarea nada fácil, pero en este sentido tomo las palabras del científico colombiano Bernardo Toro de que “una sociedad se convierte en nación en la medida que es capaz de responder proactiva y colectivamente a los desafíos que le presenta la historia”.

Nuestra idea es adelantar la vista al futuro de tal manera de reconstituir su acción desde nuevas orientaciones, de tal manera que pueda desempeñar cabalmente su rol dentro de un sistema integrado de instituciones que garanticen los derechos ambientales de los venezolanos.

Darle a este deseo una forma concreta, necesitará del trabajo en común de muchos venezolanos que desde la diversidad y los múltiples enfoques y caminos para la gestión pública del ambiente, puedan construir una propuesta suficientemente acabada para ofrecérsela al país.

Para ello, será necesario establecer mecanismos de consulta amplios e incluyentes donde tengan cabida la visión del gestor, el científico, el político, los empresarios, los profesionales, las organizaciones de la sociedad civil, así como del resto de la ciudadanía.

La propuesta final a este proceso de consulta debe trascender la idea común de que el ministerio tiene que ser una institución técnica que diseñe y ejecute la política ambiental del país, idea que lo convierte en un sector más de la acción del Estado y tiende a aislarlo del resto de la sociedad. Asimismo, debe abandonar, por falaz e ineficiente, la perspectiva populista que resume la gestión ambiental en el desarrollo de algunas actividades comunitarias generalmente esporádicas sin ninguna base técnica y con objetivos principalmente político-electorales.

Por ello, debemos pensar en este proceso desde una perspectiva más amplia y sistémica que nos permita superar las limitaciones y vacíos  que tuvo el desaparecido ministerio.

En tal sentido, presento algunas ideas preliminares que espero puedan contribuir a iniciar la discusión en relación con este ente esencial para el país que todos necesitamos.

Partamos de la pregunta ¿Cuál es el desafío a emprender?

En principio la respuesta a esta pregunta no debería ser una estructura para un nuevo ministerio, sino partir de la creación de una nueva narrativa. Esto quiere decir, una nueva manera de expresar nuestras percepciones, creencias con respecto al ambiente y nuestras relaciones con el ambiente.  Ella nos debe guiar para generar una nueva manera de pensar y actuar con respecto a los temas ambientales; y partir de allí, transformar la gestión de nuestro territorio y recursos a través de un proyecto ético dirigido a la utilización responsable, prudente, participativa, equitativa y solidaria de la riqueza ambiental del país como elemento fundamental del desarrollo social y económico de Venezuela, en conjunto con la responsabilidad y el respeto por las distintas manifestaciones de la vida presentes en el país.

La nueva narrativa debe transformar nuestra percepción de la naturaleza y nuestra relación con la misma. En particular debe remplazar la percepción de que ella es un almacén infinito de recursos que pueden ser apropiados, explotados y consumidos sin ninguna limitación, ni responsabilidad con ninguna otra persona actual o futura. Y por lo tanto, frente a esta perspectiva la única acción posible para frenar esta depredación es crear instituciones cuasi-policiales que controlen y sancionen la destrucción del ambiente.

En remplazo de esta idea será necesario percibir los recursos biológicos y los ecosistemas presentes en el territorio nacional como un espacio de interacciones, oportunidades, valores y contextos que nos generan sentido y propósito como sociedad y cultura. 

Una primera aproximación a esta idea, parte del hecho de que somos el territorio de la diversidad biológica, social y cultural y que las interacciones entre las mismas nos construyen y definen como nación.

Bajo esta premisa, todas las acciones que se realicen deben apuntar a convertirnos en un país donde la naturaleza y los procesos socio-productivos relacionados con ella sean el fundamento de nuestro desarrollo común, nuestro futuro y nuestra identidad cultural. Por tal razón, una narrativa basada en esa visión nos permitirá crear un nuevo modelo de desarrollo que orienten procesos productivos y estilos de vida basados en el reconocimiento de nuestra diversidad, el respeto a la vida en todas sus formas y la responsabilidad en el cuidado y el uso de los recursos naturales.

Es decir la nueva idea que nos puede orientar es que somos y seremos la tierra de la diversidad productiva.

Este marco nos permitirá acercarnos desde una nueva perspectiva a los grandes temas ambientales, económicos y sociales del país y a partir de ella articular y movilizar a la población en el cuidado y manejo responsable de nuestro capital natural para el beneficio de todos los venezolanos presentes y futuros.

Petróleo, minería, agricultura, industria y muchos otros temas deben ser repensados desde esta perspectiva. Habrá que preguntarnos: ¿Necesitamos de una riqueza que destruya nuestro patrimonio natural, nuestra cultura y tejido social?

O a la inversa pensemos ¿Cómo estas actividades pueden servir para fortalecer estos atributos? Y ¿Cuáles otras actividades productivas pueden reforzar nuestra identidad, diversidad y preservar las condiciones para ser cada vez más sanos, vivir seguros y tener una vida digna?

Preguntarnos definitivamente ¿Cómo ser prósperos a partir de lo que somos y tenemos?

Esta narrativa adicionalmente determina que solo se podrá avanzar con la participación activa de todos los sectores del país, incluyendo el Estado, las Empresas, las Comunidades y las Organizaciones de la Sociedad Civil. Es decir aprovechar también nuestra diversidad social y cultural. Igualmente es claro que ninguno de estos sectores por sí solo podrá tener éxito en avanzar en el logro de este proyecto nacional.

Sólo a partir de estas bases es que podemos comenzar a pensar en las características de la institución que pueda ser la promotora del avance hacia ese nuevo horizonte.

Notas sobre la extinción del Ministerio del Ambiente en Venezuela 2. Metiendo el ambiente por el ojo de una aguja

Imagen: Micro-escultura de Willard Wigan

Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Marcos, 10. 25.

En un artículo anterior en este mismo blog, comencé a presentar los argumentos críticos que han sido publicados con respecto a la desaparición del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en Venezuela, así como los contraargumentos usados hasta el momento para intentar invalidar las opiniones contrarias a esta decisión. Para ello, revisé los distintos artículos de opinión, declaraciones, resoluciones, artículos y notas de prensa publicados hasta el momento. A partir de este análisis encontré cuatro argumentos básicos utilizados para criticar u oponerse a la decisión:

1. Se percibe esta decisión como un retroceso en materia de desarrollo institucional en un país pionero y con avances innegables en este tema, y, aún peor, por parte de un gobierno que se presenta internacionalmente como adalid de las causas ambientales del mundo.
2. Se consideran incompatibles las funciones de un ministerio que debe actuar como ente rector de las políticas ambientales del país – que deberían ser transversales a toda la acción del Estado – con las de un ministerio dirigido al desarrollo urbano y que a su vez, sus actividades deberían ser orientadas y supervisadas por el primero. 
3. Se percibe una desproporción entre los retos ambientales que afectan al país y el hecho de que de ahora en adelante estos deberán ser asumidos por una institución degradada al rango de “sub-ministerio” (luego aclaro este término) y 
4. Finalmente, un grupo expresa estar en desacuerdo con el uso del concepto de “Ecosocialismo” para definir el objeto del nuevo ministerio y por lo contrario otro grupo celebra y apoya esta decisión.

En el primer artículo analicé el primero de estos argumentos y ahora sigo con el segundo, para ello me hice la pregunta:

¿Es compatible la gestión ambiental del país con la construcción de viviendas?

“Veo dificultad para ejercer la función reguladora sobre todo el Estado (si se maneja) desde un viceministerio (…) creo que estamos a tiempo de hacer de una rectificación. Un ministerio regulador no puede estar subsumido en un ministerio constructor” Declaraciones de Ana Elisa Osorio, ex-ministra del Ambiente 

Para contestar esta pregunta, en primer lugar es necesario saber cuáles son las funciones que fueron asignadas al Ministerio del Ambiente (MINAMB) para entender su rol en la estructura del Estado venezolano.

El MINAMB tiene asignadas una variedad de funciones que lo definen como rector de las políticas ambientales del país, contralor de las actividades capaces de generar daño al ambiente, orientador de las actividades realizadas en el país, promotor de educación y participación en temas ambientales, así como ejecutor de programas de conservación, uso sostenible, control ambiental, entre otros.

Vale la pena decir que estas funciones, que aquí se resumieron de forma muy apretada, nacen de un muy complejo cuerpo de leyes existentes en Venezuela, que orientan y regulan las políticas y gestión ambiental del país.

En tal sentido, el ministerio tuvo una dimensión múltiple y compleja que es transversal a todas las actividades que se realizan en todos los ámbitos territoriales, incluyendo zonas urbanas y no urbanas, espacios terrestres y acuáticos, así como espacios aéreos influenciados por la actividad humana. Por otra parte su acción se articula con temas prioritarios para la vida y desarrollo nacional como la salud, alimentación, seguridad, economía, cultura y ocupación territorial, entre otros. Asimismo es un ministerio con doble función: De orientador del desarrollo nacional a través de la definición de instrumentos de ordenamiento territorial, control ambiental, manejo de recursos y procesos de educación y participación, así como de ejecutor de acciones específicas en cada una de esas áreas.

Por su parte, las funciones del Ministerio de Vivienda y Hábitat están definidas por la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, norma que fue dictada para garantizar el derecho de los venezolanos a una vivienda digna.

En el artículo 5º de esta Ley se indica que este ministerio ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat en los ámbitos nacional, regional y municipal para el desarrollo del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, de seguimiento y monitoreo de la ejecución programática, física y financiera, así como la coordinación de todas las instancias organizativas y territoriales.

Asimismo, le asigna competencias sobre la política nacional de vivienda, hábitat, diseño, ejecución y seguimiento de planes de ordenamiento de asentamientos urbanos, establecimiento de normas, procedimientos y orientaciones para el desarrollo de programas de vivienda, establecer fondos para la financiación de estos planes, e intervenir en la ejecución de los mismos, entre otros.

A través del ejercicio de estas funciones, el Ministerio de Vivienda y Hábitat es un ente sectorial, dirigido a establecer, implementar políticas y acciones dirigidas a establecer políticas de desarrollo urbanístico y habitacional del país, así como a la planificación y ejecución de programas y proyectos dirigidos a garantizar viviendas para la población.

Al comparar las funciones que debían desempeñar ambos ministerios ahora fusionados, me queda claro que son totalmente diferentes y en su mayor parte difícilmente compatibles. En este punto difiero un poco de la apreciación antes mencionada de la diputada y ex-ministra Ana Elisa Osorio: Para mí, ambos ministerios, previo a la fusión, tenían roles reguladores dentro de su ámbito de competencia particular, pero la diferencia es que mientras que la función que fue asignada al ministerio de Vivienda y Hábitat queda enmarcado en un tema sectorial: El desarrollo urbanístico y promoción de la construcción de viviendas, el MINAMB tenía asignadas funciones que son transversales a todas las acciones del Estado venezolano en toda la geografía nacional, y que ahora de alguna manera nada clara toca mezclar.

Respondiendo a las críticas y dudas existentes, el ministro de “Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda” (como ahora lo nombran a pesar del Decreto de creación) Ricardo Molina indicó “No se está eliminando la palabra ambiente, ahora la tenemos más presente que nunca, hábitat es sinónimo de ambiente, y la construcción de vivienda asociada al desarrollo armónico con la naturaleza, es la unión de conceptos de políticas que tendrán que convertirse en una sola” (sic).

El intento del ministro de hacer sinónimos los conceptos de ambiente y hábitat, no me parece inocente, ni resultado de simple ignorancia. En este último caso bastará que el nuevo vice-ministro de “Ecosocialismo Ambiental” (sic) el biólogo y profesor de la Universidad Simón Bolívar Guillermo Barreto pueda aclararle la diferencia entre ambos términos. Por otra parte pudiera ser un intento, poco feliz según mi opinión, de justificar la razón jamás explicada de esta fusión.

Pero, más allá de estas posibilidades, creo que hay un trasfondo subyacente más complejo: el intento de vaciar de significado al concepto central de las ciencias ambientales para poder constreñirlo dentro del ámbito del hábitat humano. Es decir empequeñecer las dimensiones ecológicas, económicas, sociales y políticas del ambiente para poder referir de aquí en adelante a proyectos de desarrollo urbanístico como temas ambientales. Más adelante en este artículo desarrollaremos esta idea.

Luego de esas declaraciones me quedaron dos preguntas: ¿En dónde, además de algunas pocas experiencias en el mundo, la construcción de viviendas está asociada al desarrollo armónico con la naturaleza? Y por otra parte ¿en cuál de los proyectos urbanísticos desarrollados por el gobierno venezolano se ha intentado lograr este objetivo?

Por otra parte, el argumento del señor ministro de que “la fusión de los dos ministerios es la unión de conceptos de políticas que tendrán que convertirse en una sola”, podría haber sido usado para fusionar el ministerio del ambiente con una variedad de otros ministerios, quizás haciendo sinónimos los conceptos de ambiente con los de salud, cultura o quizás el de planificación, entre otros.


¿Cuál ha sido la experiencia de otros países al hacer fusiones similares?

Otro nivel de análisis acerca de la posible inadecuación de fusionar ministerios de Ambiente y Vivienda es revisar los resultados logrados por otros países donde se haya realizado una acción similar. Sorprendentemente, esta situación, hasta donde he podido saber, solo había ocurrido hasta ahora en Colombia durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe y revertida al inicio del gobierno del actual Presidente Juan Manuel Santos.

En tal sentido tenemos un punto de comparación, no necesariamente equivalente, pero sí con algunas similitudes ambientales, históricas, sociales y culturales (mas no ideológicas) que permiten establecer algunas analogías.

Al respecto, podemos citar las declaraciones del ambientalista y ex-ministro de Ambiente colombiano Juan Mayr, el cual en declaraciones a la revista Semana calificó como: “un desastre” esa fusión, porque “minimizó y debilitó la gestión ambiental en el país, pues el ministerio obedeció más a la política desarrollista, sin consideraciones ambientales”. Asimismo, expresó que: “la fusión de funciones puso al ministerio en un escenario inconveniente, al señalar que se convirtió en “juez y parte”, pues al tener competencias en vivienda y desarrollo, algunas disposiciones se enfrentaban a su papel de defensa ambiental”. Igualmente alertó que frente al… reto de la inversión extranjera, especialmente para la minería, (se) necesita un ministerio que garantice que el ambiente esté a salvo y sea derecho de todos los colombianos. Eso sólo lo puede hacer un ministerio con dientes y voluntad política para avanzar en procesos de desarrollo sostenible”. (Las negrillas son mías)

Más claro imposible. Y en gran medida aplicable a nuestra realidad actual, principalmente ante la entrada de empresas extranjeras que vienen a explotar nuestros recursos naturales, la mayor parte de las mismas provenientes de países muy poco conocidos por su preocupación, avances y responsabilidad en temas ambientales.

Por otra parte, la intención explícita del gobierno del presidente Uribe al producir estas y otras fusiones fue la reducción del tamaño del gobierno, dentro de una política común dentro de gobiernos con ideologías mucho más a la derecha que la seguida por nuestro gobierno. Entonces ¿si ideológicamente no pareciese tener sentido que las razones políticas fuesen similares, cuál entonces fue la razón de fondo del gobierno venezolano de haber tomado una decisión similar?


Receta para hacer pasar un camello por el ojo de una aguja

Las ideas aquí analizadas me llevan continuamente a la pregunta: sí no parece tener sentido ni ideológica, ni técnica, ni políticamente hablando esta fusión; entonces ¿cuáles fueron las razones que guiaron a esta decisión?

No hemos encontrado hasta ahora ninguna respuesta más o menos coherente a esta pregunta más allá del intento de rescribir los conceptos que sustentan a las ciencias ambientales o el de la implantación del ecosocialismo (que en este caso hubiese tenido más sentido fortalecer a un ministerio que le diera fuerza a esta idea)

Por ello habrá que recurrir a la imaginación: Usemos esta analogía: Si queremos pasar un camello (la gestión ambiental) por el ojo de una aguja (del desarrollismo) solo existen dos posibilidades: O hacer agujas muy grandes o hacer que el camello sea muy pequeño.

Como ya lo había comentado más arriba, este pudo ser el trasfondo de esta decisión: la necesidad de tener un sector ambiental muy pequeño, que no tenga capacidad política ni técnica de controlar los futuros planes de desarrollo urbanístico, industrial, minero o de cualquier otro tipo.

Varias pistas parecen apuntar en esa dirección: En los últimos años se han multiplicado las denuncias referidas a la minimización de la partida presupuestaria del MINAMB, el secuestro continuado de sus competencias por otras instituciones, la demolición de las bases técnicas de su trabajo a través de la incorporación de conceptos e ideas ambiguas, inaplicables o simplemente absurdas, la reducción y desvalorización de sus cuadros técnicos, la pérdida de su capacidad operativa, y un muy largo etcétera.

Si este análisis tiene algún sentido, la fusión del MINAMB con el ministerio de Vivienda y Hábitat fue únicamente la última fase de este proceso de miniaturización que ahora puede permitir pasarlo sin problema por el ojo de cualquier aguja que hayan previsto los grupos desarrollistas del país.

Cuál entonces será el futuro de la gestión ambiental del país. No tengo ninguna respuesta lógica e esta pregunta, pero siguiendo en la onda bíblica, quizás valga la pena citar el siguiente proverbio: “El que confía en sus riquezas, caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde” (Proverbios 11:28)