Carta abierta a Guillermo Barreto, Ministro de Ecosocialismo y Aguas

Sin educación no puede haber gestión participativa del ambiente

Ciudadano Guillermo Barreto, 

Ministro de Ecosocialismo y Aguas

Su despacho.

Me dirijo a usted en este momento que ha sido nombrado para este importante cargo, con el fin de llamar su atención sobre un tema que considero  preocupante: La eliminación de la Dirección General de Educación Ambiental y Participación Comunitaria (DGEAPC) que ocurrió como parte del proceso de reorganización del ya desaparecido Ministerio de Ecosocialismo Vivienda y Hábitat.

Esta infortunada, y a mi entender equivocada, decisión desechó la extensa e importante trayectoria que tuvo esta dirección dentro del antiguo Ministerio del Ambiente. La DGEAPC fue clave para el establecimiento de políticas públicas como la incorporación de la educación ambiental en los currículos educativos en el país, la formación de educadores en temas ambientales, la realización de procesos de articulación y apoyo con otros países de la región, la asesoría a otros entes del Estado y el diseño de estrategias, políticas y orientaciones para el trabajo educativo en la gestión ambiental, entre otros logros. Asimismo, impulsó desde sus inicios procesos participativos, en un principio con las Juntas Ambientales, hasta llegar a los Consejos Comunales. Por otra parte, fue un ente articulador con otros organismos del Gobierno Venezolano como ministerios, gobernaciones y municipios, a la vez que vinculó las políticas de gestión ambiental del ministerio con organizaciones y movimientos de la sociedad civil del país, así como con Universidades, empresas y otras instituciones.

La labor de la DGEAPC fue fundamental para el establecimiento de una política de gestión

ambiental con enfoque social. Esta reconoce la necesidad de educar a la población en materia ambiental y promover la participación de la sociedad como elemento fundamental de la gestión del ambiente. Es por ello que la educación ambiental pasó a tener rango constitucional a partir de la Constitución Bolivariana de 1999; e igualmente está contemplada como estrategia de gestión en toda la normativa ambiental venezolana, así como en los tratados firmados y ratificados por la República.

Como muestra de estos compromisos internacionales: El Convenio sobre la Conservación de la Diversidad Biológica, a partir del desarrollo del su artículo 13, se ha propuesto la implementación de una Iniciativa mundial sobre Comunicación, Educación y Conciencia Pública. Igualmente, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático establece  la realización de programas de educación y concienciación pública, los cuales han sido reafirmados en la COP 20 a partir de la Declaración Ministerial de Lima sobre la Educación y la Sensibilización.

La desaparición de la DGEAPC fue a mi entender el resultado de la acción de sus enemigos, tanto internos, en el propio ministerio, como fuera de el mismo. Contra su existencia se alegó la “transversalidad” de esos temas en todos los programas del ministerio, lo que supuestamente hacía innecesaria esta Dirección. Argumento falaz que desconoce la educación como proceso sustantivo y formal, el cual no puede ser asumido desde el empirismo educativo; igualmente omite la necesidad de establecer una rectoría que permita orientar, coordinar, promover y articular las diferentes acciones que se implementen en el país. Otros criterios en su contra incluyeron que las acciones educativas debieran ser asumidas por el ministerio de educación y no por el que tiene  la competencia ambiental. Esta opinión ignora la diferencia entre los procesos educativos que se realizan en instituciones educativas y aquellos que ocurren y deben ocurrir en todos los procesos, espacios y situaciones de la vida del país como parte de la gestión ambiental. Por supuesto los ministerios con competencia ambiental y educativa tienen que coordinar sus acciones, y esto se  ha venido realizando desde hace muchos años. 

En el fondo, la negación a aceptar la necesidad de generar políticas públicas en materia de educación y la participación ambiental es una expresión del desconocimiento y desprecio por los temas sociales. Situación que infortunadamente aún prevalece dentro de ciertos sectores de la sociedad venezolana, incluyendo el gubernamental, a pesar de la retórica a favor de los mismos.

Por supuesto, la DGEAPC  había caído en un letargo e ineficacia progresiva. Pero ello no fue responsabilidad de sus funcionarios a lo largo del país, sino de la pérdida de orientaciones y capacidad profesional, los escasos presupuestos y la falta de conocimiento en temas de educación ambiental de algunos de sus directores. De hecho, uno de los signos más significativos de la pérdida de capacidades fue el abandono de los procesos de seguimiento y articulación con  las grandes discusiones en materia de educación ambiental que están ocurriendo en nuestra región y del liderazgo que en estos temas Venezuela siempre había tenido. Esta desidia llegó al extremo cuando en el pasado Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, cuyo eje fue la Educación Ambiental Comunitaria, el Gobierno del Perú, anfitrión del mismo, realizó una invitación formal al MINAMB para que presentara la experiencia de Venezuela en este tema, invitación que no fue aceptada sin que aparentemente mediara ninguna razón.

Ahora hay una nueva oportunidad de rectificar esta situación. En el Decreto de creación del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas se establecen las competencias del Viceministro de Ecosocialismo Ambiental las cuales  incluyen: ”Diseñar, impulsar y desarrollar planes, programas y proyectos orientados a la investigación, educación y divulgación para la promoción de la ética ecosocialista y la conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica y sus componentes”. Aunque la redacción es para mí poco clara, pareciera que esta función permitiría que volviera a crearse la Dirección General de Educación Ambiental y Participación Comunitaria., y en tal sentido darle cumplimiento al artículo 107 de nuestra Constitución y al artículo 15 numeral 5 de la Ley Orgánica del Ambiente e incluso a la Estrategia Nacional de Educación Ambiental y Participación Comunitaria diseñada y aprobada en el MINAMB:

Por todo lo anterior, le pido que aproveche esta situación y promueva que el ministerio a su cargo  restablezca la DGEAPC de tal manera que puedan avanzarse en las políticas y acciones necesarias para educar y promover la participación de la sociedad en la solución de los problemas ambientales del país. 

Estoy seguro que en caso de que así lo decidiera, muchos apoyaremos las acciones positivas e incluyentes que se realicen a favor de lograr que sea garantizado nuestro derecho a ser educados ambientalmente.

En tal sentido, le sugiero que convoque de manera abierta a las Universidades,  ONG, movimientos sociales y comunicadores que realizan acciones de educación ambiental, los cuales en conjunto con las instituciones del Estado que tienen competencias en este campo podremos ofrecer propuestas para avanzar en este sentido.

Finalmente, es importante entender que sin educación, ni participación no podrá haber ni gestión ambiental eficaz, ni más Ecosocialismo que el nombre del ministerio.

Dr. Alejandro Álvarez Iragorry

Coordinador del Foro Venezolano de Educación Ambiental (Red FOVEA)

Animador Nacional de la Comisión de Comunicación y Educación (CEC) de la IUCN.

Miembro del Consejo Directivo de la ONG EcoJuegos

(Todas las opiniones que en esta carta se expresan son de mi absoluta responsabilidad y no comprometen a las organizaciones en las cuales participo)

Notas sobre la extinción del Ministerio del Ambiente en Venezuela 2. Metiendo el ambiente por el ojo de una aguja

Imagen: Micro-escultura de Willard Wigan

Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Marcos, 10. 25.

En un artículo anterior en este mismo blog, comencé a presentar los argumentos críticos que han sido publicados con respecto a la desaparición del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en Venezuela, así como los contraargumentos usados hasta el momento para intentar invalidar las opiniones contrarias a esta decisión. Para ello, revisé los distintos artículos de opinión, declaraciones, resoluciones, artículos y notas de prensa publicados hasta el momento. A partir de este análisis encontré cuatro argumentos básicos utilizados para criticar u oponerse a la decisión:

1. Se percibe esta decisión como un retroceso en materia de desarrollo institucional en un país pionero y con avances innegables en este tema, y, aún peor, por parte de un gobierno que se presenta internacionalmente como adalid de las causas ambientales del mundo.
2. Se consideran incompatibles las funciones de un ministerio que debe actuar como ente rector de las políticas ambientales del país – que deberían ser transversales a toda la acción del Estado – con las de un ministerio dirigido al desarrollo urbano y que a su vez, sus actividades deberían ser orientadas y supervisadas por el primero. 
3. Se percibe una desproporción entre los retos ambientales que afectan al país y el hecho de que de ahora en adelante estos deberán ser asumidos por una institución degradada al rango de “sub-ministerio” (luego aclaro este término) y 
4. Finalmente, un grupo expresa estar en desacuerdo con el uso del concepto de “Ecosocialismo” para definir el objeto del nuevo ministerio y por lo contrario otro grupo celebra y apoya esta decisión.

En el primer artículo analicé el primero de estos argumentos y ahora sigo con el segundo, para ello me hice la pregunta:

¿Es compatible la gestión ambiental del país con la construcción de viviendas?

“Veo dificultad para ejercer la función reguladora sobre todo el Estado (si se maneja) desde un viceministerio (…) creo que estamos a tiempo de hacer de una rectificación. Un ministerio regulador no puede estar subsumido en un ministerio constructor” Declaraciones de Ana Elisa Osorio, ex-ministra del Ambiente 

Para contestar esta pregunta, en primer lugar es necesario saber cuáles son las funciones que fueron asignadas al Ministerio del Ambiente (MINAMB) para entender su rol en la estructura del Estado venezolano.

El MINAMB tiene asignadas una variedad de funciones que lo definen como rector de las políticas ambientales del país, contralor de las actividades capaces de generar daño al ambiente, orientador de las actividades realizadas en el país, promotor de educación y participación en temas ambientales, así como ejecutor de programas de conservación, uso sostenible, control ambiental, entre otros.

Vale la pena decir que estas funciones, que aquí se resumieron de forma muy apretada, nacen de un muy complejo cuerpo de leyes existentes en Venezuela, que orientan y regulan las políticas y gestión ambiental del país.

En tal sentido, el ministerio tuvo una dimensión múltiple y compleja que es transversal a todas las actividades que se realizan en todos los ámbitos territoriales, incluyendo zonas urbanas y no urbanas, espacios terrestres y acuáticos, así como espacios aéreos influenciados por la actividad humana. Por otra parte su acción se articula con temas prioritarios para la vida y desarrollo nacional como la salud, alimentación, seguridad, economía, cultura y ocupación territorial, entre otros. Asimismo es un ministerio con doble función: De orientador del desarrollo nacional a través de la definición de instrumentos de ordenamiento territorial, control ambiental, manejo de recursos y procesos de educación y participación, así como de ejecutor de acciones específicas en cada una de esas áreas.

Por su parte, las funciones del Ministerio de Vivienda y Hábitat están definidas por la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, norma que fue dictada para garantizar el derecho de los venezolanos a una vivienda digna.

En el artículo 5º de esta Ley se indica que este ministerio ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat en los ámbitos nacional, regional y municipal para el desarrollo del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, de seguimiento y monitoreo de la ejecución programática, física y financiera, así como la coordinación de todas las instancias organizativas y territoriales.

Asimismo, le asigna competencias sobre la política nacional de vivienda, hábitat, diseño, ejecución y seguimiento de planes de ordenamiento de asentamientos urbanos, establecimiento de normas, procedimientos y orientaciones para el desarrollo de programas de vivienda, establecer fondos para la financiación de estos planes, e intervenir en la ejecución de los mismos, entre otros.

A través del ejercicio de estas funciones, el Ministerio de Vivienda y Hábitat es un ente sectorial, dirigido a establecer, implementar políticas y acciones dirigidas a establecer políticas de desarrollo urbanístico y habitacional del país, así como a la planificación y ejecución de programas y proyectos dirigidos a garantizar viviendas para la población.

Al comparar las funciones que debían desempeñar ambos ministerios ahora fusionados, me queda claro que son totalmente diferentes y en su mayor parte difícilmente compatibles. En este punto difiero un poco de la apreciación antes mencionada de la diputada y ex-ministra Ana Elisa Osorio: Para mí, ambos ministerios, previo a la fusión, tenían roles reguladores dentro de su ámbito de competencia particular, pero la diferencia es que mientras que la función que fue asignada al ministerio de Vivienda y Hábitat queda enmarcado en un tema sectorial: El desarrollo urbanístico y promoción de la construcción de viviendas, el MINAMB tenía asignadas funciones que son transversales a todas las acciones del Estado venezolano en toda la geografía nacional, y que ahora de alguna manera nada clara toca mezclar.

Respondiendo a las críticas y dudas existentes, el ministro de “Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda” (como ahora lo nombran a pesar del Decreto de creación) Ricardo Molina indicó “No se está eliminando la palabra ambiente, ahora la tenemos más presente que nunca, hábitat es sinónimo de ambiente, y la construcción de vivienda asociada al desarrollo armónico con la naturaleza, es la unión de conceptos de políticas que tendrán que convertirse en una sola” (sic).

El intento del ministro de hacer sinónimos los conceptos de ambiente y hábitat, no me parece inocente, ni resultado de simple ignorancia. En este último caso bastará que el nuevo vice-ministro de “Ecosocialismo Ambiental” (sic) el biólogo y profesor de la Universidad Simón Bolívar Guillermo Barreto pueda aclararle la diferencia entre ambos términos. Por otra parte pudiera ser un intento, poco feliz según mi opinión, de justificar la razón jamás explicada de esta fusión.

Pero, más allá de estas posibilidades, creo que hay un trasfondo subyacente más complejo: el intento de vaciar de significado al concepto central de las ciencias ambientales para poder constreñirlo dentro del ámbito del hábitat humano. Es decir empequeñecer las dimensiones ecológicas, económicas, sociales y políticas del ambiente para poder referir de aquí en adelante a proyectos de desarrollo urbanístico como temas ambientales. Más adelante en este artículo desarrollaremos esta idea.

Luego de esas declaraciones me quedaron dos preguntas: ¿En dónde, además de algunas pocas experiencias en el mundo, la construcción de viviendas está asociada al desarrollo armónico con la naturaleza? Y por otra parte ¿en cuál de los proyectos urbanísticos desarrollados por el gobierno venezolano se ha intentado lograr este objetivo?

Por otra parte, el argumento del señor ministro de que “la fusión de los dos ministerios es la unión de conceptos de políticas que tendrán que convertirse en una sola”, podría haber sido usado para fusionar el ministerio del ambiente con una variedad de otros ministerios, quizás haciendo sinónimos los conceptos de ambiente con los de salud, cultura o quizás el de planificación, entre otros.


¿Cuál ha sido la experiencia de otros países al hacer fusiones similares?

Otro nivel de análisis acerca de la posible inadecuación de fusionar ministerios de Ambiente y Vivienda es revisar los resultados logrados por otros países donde se haya realizado una acción similar. Sorprendentemente, esta situación, hasta donde he podido saber, solo había ocurrido hasta ahora en Colombia durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe y revertida al inicio del gobierno del actual Presidente Juan Manuel Santos.

En tal sentido tenemos un punto de comparación, no necesariamente equivalente, pero sí con algunas similitudes ambientales, históricas, sociales y culturales (mas no ideológicas) que permiten establecer algunas analogías.

Al respecto, podemos citar las declaraciones del ambientalista y ex-ministro de Ambiente colombiano Juan Mayr, el cual en declaraciones a la revista Semana calificó como: “un desastre” esa fusión, porque “minimizó y debilitó la gestión ambiental en el país, pues el ministerio obedeció más a la política desarrollista, sin consideraciones ambientales”. Asimismo, expresó que: “la fusión de funciones puso al ministerio en un escenario inconveniente, al señalar que se convirtió en “juez y parte”, pues al tener competencias en vivienda y desarrollo, algunas disposiciones se enfrentaban a su papel de defensa ambiental”. Igualmente alertó que frente al… reto de la inversión extranjera, especialmente para la minería, (se) necesita un ministerio que garantice que el ambiente esté a salvo y sea derecho de todos los colombianos. Eso sólo lo puede hacer un ministerio con dientes y voluntad política para avanzar en procesos de desarrollo sostenible”. (Las negrillas son mías)

Más claro imposible. Y en gran medida aplicable a nuestra realidad actual, principalmente ante la entrada de empresas extranjeras que vienen a explotar nuestros recursos naturales, la mayor parte de las mismas provenientes de países muy poco conocidos por su preocupación, avances y responsabilidad en temas ambientales.

Por otra parte, la intención explícita del gobierno del presidente Uribe al producir estas y otras fusiones fue la reducción del tamaño del gobierno, dentro de una política común dentro de gobiernos con ideologías mucho más a la derecha que la seguida por nuestro gobierno. Entonces ¿si ideológicamente no pareciese tener sentido que las razones políticas fuesen similares, cuál entonces fue la razón de fondo del gobierno venezolano de haber tomado una decisión similar?


Receta para hacer pasar un camello por el ojo de una aguja

Las ideas aquí analizadas me llevan continuamente a la pregunta: sí no parece tener sentido ni ideológica, ni técnica, ni políticamente hablando esta fusión; entonces ¿cuáles fueron las razones que guiaron a esta decisión?

No hemos encontrado hasta ahora ninguna respuesta más o menos coherente a esta pregunta más allá del intento de rescribir los conceptos que sustentan a las ciencias ambientales o el de la implantación del ecosocialismo (que en este caso hubiese tenido más sentido fortalecer a un ministerio que le diera fuerza a esta idea)

Por ello habrá que recurrir a la imaginación: Usemos esta analogía: Si queremos pasar un camello (la gestión ambiental) por el ojo de una aguja (del desarrollismo) solo existen dos posibilidades: O hacer agujas muy grandes o hacer que el camello sea muy pequeño.

Como ya lo había comentado más arriba, este pudo ser el trasfondo de esta decisión: la necesidad de tener un sector ambiental muy pequeño, que no tenga capacidad política ni técnica de controlar los futuros planes de desarrollo urbanístico, industrial, minero o de cualquier otro tipo.

Varias pistas parecen apuntar en esa dirección: En los últimos años se han multiplicado las denuncias referidas a la minimización de la partida presupuestaria del MINAMB, el secuestro continuado de sus competencias por otras instituciones, la demolición de las bases técnicas de su trabajo a través de la incorporación de conceptos e ideas ambiguas, inaplicables o simplemente absurdas, la reducción y desvalorización de sus cuadros técnicos, la pérdida de su capacidad operativa, y un muy largo etcétera.

Si este análisis tiene algún sentido, la fusión del MINAMB con el ministerio de Vivienda y Hábitat fue únicamente la última fase de este proceso de miniaturización que ahora puede permitir pasarlo sin problema por el ojo de cualquier aguja que hayan previsto los grupos desarrollistas del país.

Cuál entonces será el futuro de la gestión ambiental del país. No tengo ninguna respuesta lógica e esta pregunta, pero siguiendo en la onda bíblica, quizás valga la pena citar el siguiente proverbio: “El que confía en sus riquezas, caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde” (Proverbios 11:28)

Ecocidios en Venezuela. Apuntando en la dirección correcta

Imagen tomada de la verdad.com

“Más de mil árboles fueron destrozados en Maracaibo para armar barricadas en las vías públicas y las zonas residenciales, lo que incide en una mayor temperatura en la capital zuliana…”(sic) Aporrea 22/3/2014 

La denuncia

Recientemente, un grupo ambientalista del Zulia acusó a manifestantes en Maracaibo de cometer un ecocidio al haber supuestamente derribado quinientos árboles en las calles de esa ciudad.  Ya para este momento se habla de mil árboles cortados en la capital del Zulia y se han realizado acusaciones similares en varias de las ciudades donde recientemente se han realizado protestas.  Esto ha llevado a solicitar sanciones penales a los posibles culpables de este daño ambiental. Esta denuncia fue ratificada en una marcha de “movimientos sociales, ambientalistas y ecologistas” y por el Presidente de la República en cadena nacional y ya está en marcha una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Antes de analizar este caso, es necesario dejar claro que rechazo la destrucción del escaso arbolado urbano de nuestras ciudades, y he manifestado en anteriores ocasiones la enorme importancia de los mismos en la salud del ecosistema urbano y sus habitantes. Por ello, considero que si esta situación ocurrió tal como fue denunciado, merece el rechazo de toda la ciudadanía, el cual debe estar acompañado de una convocaría amplia y abierta a todos los ciudadanos a apoyar la defensa a nuestro derecho a disfrutar de ciudades sanas, seguras y armoniosas, es decir arboladas.

¿Pero qué es un ecocidio?

La palabra ecocidio fue acuñada por científicos durante la guerra de Vietnam para denunciar la destrucción ambiental y la catástrofe humana generada por el uso extensivo de defoliantes químicos tóxicos como arma de guerra por parte de las Fuerzas Armadas Estadounidenses.  En este contexto el nuevo término se construyó a partir de la confluencia de las palabras ecosistema y genocidio y buscaba concientizar a la población sobre la destrucción masiva y sistemática del ambiente natural producida principalmente por la acción humana deliberada.

A partir de ese momento, esta expresión ha tenido importantes avances en términos de justicia ambiental y la responsabilidad de gobiernos y empresas sobre el impacto de sus acciones sobre los ecosistemas y los derechos ambientales de los ciudadanos.

No existe una definición única de ecocidio por lo que es posible encontrar diferentes enfoques y aproximaciones a la idea básica antes mencionada.

En tal sentido, algunos grupos lo han definido como el daño extenso, destrucción o pérdida de los ecosistemas de un territorio dado. Pero en esta definición podría caber el daño producido por un huracán o un deslave, y creo que a nadie se le ocurriría acusar a un fenómeno natural de “homicida” o “genocida” por más muertes humanas que pudiera generar su acción.

También ha sido definida como “la destrucción de vastas áreas de ambiente natural como resultado de la acción humana deliberada”. En este segundo caso se específica que la destrucción proviene de un acto humano intencional, lo que excluye los daños que provienen de eventos naturales o circunstancias fortuitas.

Por su parte, el grupo activista “Eradicatingecocide” lo define como: “El daño extenso, la destrucción o la pérdida de uno o más ecosistemas de un territorio dado, ya sea por intervención humana o por otras causas, a un grado tal que el disfrute pacífico por los habitantes de ese territorio se vea gravemente limitado, ahora o en el futuro”.

Este mismo grupo precisa algunas de las ideas incluidas en esta definición:

1. Daño extenso: Que sea considerable (que abarque una superficie en la escala de varios cientos de kilómetros cuadrados). Que sea duradero (que su impacto persista por al menos un período de meses) y grave (que suponga una alteración o daño considerable a la vida humana, los recursos naturales y económicos u otros bienes)
2. Intervención humana: Que es posible identificar quién causó el daño.
3. Otras causas: Se refiere al que no fue causado por los seres humanos sino que ocurrió de manera natural.
4. Disfrute pacífico: Un término legal referido al derecho de los habitantes a disfrutar de un bien sin interferencia o inconvenientes.
5. Habitantes: Se refiere a todos los seres vivos tanto humanos como no humanos.

Estas especificaciones son enormemente importantes, ya que pueden permitir la construcción de indicadores objetivos para determinar la existencia de un ecocidio. A pesar de ello, todavía persiste la idea, a mi entender inadecuada, de considerar el daño derivado de fenómenos naturales.

Si intentamos sintetizar los elementos significativos de estas definiciones, consideraremos que estaremos frente a un ecocidio si se ha producido un daño grave y extenso (en escala tanto geográfica como temporal) sobre los ecosistemas en un territorio dado, provocado por la acción humana  deliberada, el cual genera un efecto negativo sobre los derechos de las personas y la existencia de los ecosistemas y comunidades biológicas presentes.

Por su parte, en Venezuela, ni la Ley Orgánica del Ambiente (LOA) del 2011, ni la Ley Penal del Ambiente del 2012 incluyen el concepto de ecocidio, y aunque pudiera extrapolarse a partir de la ampliación del concepto de daño ambiental descrito por el artículo 3 de la LOA (Toda alteración que ocasione pérdida, disminución, degradación, deterioro, detrimento, menoscabo o perjuicio al ambiente o a alguno de sus elementos) aún no contiene elementos claves de la definición a la cual hemos llegado. En tal sentido, en Venezuela este concepto no tiene aplicación legal.

¿En Venezuela se han producido ecocidios?

"¿Es verdaderamente sustentable el modelo de desarrollo que hoy está impuesto en el mundo? ¿Vamos a tratar de hacer sustentable lo insustentable? No pretendamos lo imposible, no sigamos siendo necios, reconozcamos las verdades y actuemos en consecuencia." Hugo Chávez Frías Discurso en la II Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sustentable, 2 de septiembre de 2002

Fundamentado en la anterior definición, podemos preguntarnos si en el país han ocurrido hechos que puedan enmarcarse en esta idea. Por supuesto no podemos en este artículo hacer una revisión ni siquiera somera de la historia del ecocidio en Venezuela, por lo que apenas intentamos preguntarnos si en este momento es posible describir algunos daños ambientales como ecocidios.

De la información disponible, existen muchas situaciones que pueden caber dentro de esta definición, por lo cual por razones de espacio sólo revisaremos tres de los casos, que quizás podamos llamar ecocidios en función de los impactos que están causando.

1. Efectos de la minería de oro en los estados Bolívar y Amazonas. 

La región de la Guayana venezolana sufre actualmente un grave proceso de deterioro ambiental y humano producto de los efectos derivados de la minería informal del oro. Quizás el más grave de estos problemas sea la contaminación derivada del uso del mercurio en las actividades mineras.

Las investigaciones realizadas indican que un importante número de la población local en las zonas mineras
está contaminada con mercurio, frecuentemente con valores muy superiores a los establecidos por la

Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho en una de las zonas estudiadas

Tomado de: cienciaguayana.com

 se encontraron individuos con valores de contaminación entre los más altos del mundo. Asimismo, en otra zona, el 92% de las mujeres presentan niveles muy superiores a los máximos establecidos por la OMS, y de este grupo más del 36 %  tiene niveles de contaminación tan altos que presentan riesgos importantes de partos de niños con desórdenes neurológicos.

Adicionalmente, se han conseguido concentraciones significativas de este tóxico en la atmósfera, cuerpos de agua, sedimentos, suelos, animales acuáticos y vegetación. Igualmente, se ha observado una disminución de la diversidad biológica en los cuerpos de aguas contaminados.

Por otra parte, se tiene evidencias de que la contaminación por mercurio está afectando zonas aguas abajo de los ríos en los cuales se realiza la minería, amenazando a poblaciones lejanas a los mismos.

A esta grave situación se une el hecho demostrado recientemente de la conexión entre actividad minera, la deforestación y el aumento significativo de los casos de malaria en la zona.

La situación empeora por el incremento de extracción de madera en la región. En un reporte reciente se describe un operativo policial internacional realizado en el 2013 que permitió el decomisó 292.000 metros cúbicos de madera. Dos tercios del mismo provenían de Venezuela.

2. Gestión del agua. 

Un importante número de las cuencas productoras de agua, principalmente en el eje norte costero del país se encuentran severamente afectadas poniendo en peligro la capacidad de proveer de agua potable a las zonas de mayor concentración poblacional del país.

Por otro lado, el gobierno nacional ha informado que el país cuenta con más de un 85% de cobertura en el tratamiento de las aguas servidas, pero en la práctica grandes áreas urbanas no cuenta con ningún sistema de tratamiento. Adicionalmente, la mayor parte de las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes, están deterioradas o no funcionan. De hecho de cada diez litros de aguas servidas, siete son vertidos directamente a cuerpos de agua sin ningún tipo de tratamiento.

Imagen tomada de noticiascentro.com

Estos problemas están poniendo en grave peligro la salud de la población, ya que el servicio de agua potable se presta en condiciones deficientes de cantidad, calidad y continuidad en todo el territorio nacional. Un ejemplo importante de esta situación ocurre en el embalse Pao- Cachinche, principal fuente de abastecimiento del Acueducto Regional del Centro, el cual a su vez surte a importantes poblaciones de los estados Carabobo, Aragua y Cojedes. El embalse recibe agua no tratada de varios afluentes con altos niveles de contaminación, así como se bombea agua hacia el mismo proveniente del lago de Valencia, este último tan contaminado que fue descrito en un foro reciente, quizás de manera un tanto brusca, como una "poceta (inodoro) tapada". Tal situación tiene como efectos que el agua distribuida a partir del mismo no cumpla con los parámetros indicados por la legislación venezolana para ser considerada apta para consumo humano y se tiene evidencia de que tal situación está afectando la salud de la población que recibe esa agua. Este caso es emblemático por el hecho de que se ha solicitado ante tribunales e instancias internacionales la solución a este problema sin que hasta ahora se haya producido ninguna acción realmente efectiva.

3. Los efectos de la contaminación derivada de la producción petrolera

La industria petrolera en Venezuela, a lo largo de su historia, ha generado grandes impactos en los ecosistemas tanto en los procesos de extracción, como en los de producción, refinamiento, distribución y consumo. Algunos de los  daños puntuales que ha generado pueden ser considerados ecocidios por sí mismos.

La actividad petrolera ha contribuido de manera significativa con el deterioro de ecosistemas tanto acuáticos como terrestres. Un caso muy conocido es el daño producido al Lago de Maracaibo, tanto por los derrames continuos producto de sus cinco mil pozos activos y una extensa red de tuberías subacuática, así como de la industria petroquímica generadora de efluentes tóxicos muchos de ellos persistentes. Tales daños han tenido efectos muy graves sobre los ecosistemas lacustres, como sobre las personas que viven en su entorno.

Otro caso ocurrido recientemente fue el derrame petrolero que afectó al río Guarapiche en el estado

Tomado de eluniversal.com

Monagas en febrero del 2012. Se estima que el mismo contaminó no solamente a éste río, sino que tendría efectos en el río San Juan y el Golfo de Paria. A lo largo de este recorrido, el crudo derramado dañaría la fauna acuática, la vegetación ribereña y los cultivos, dejando además sin suministro de agua potable a la ciudad de Maturín por un espacio de varias semanas.

Adicionalmente, la industria ha acumulado enormes pasivos ambientales. Para el año 2005 Pdvsa reportó la existencia de 10.269 fosas contentivas de 120 mil metros cúbicos de desechos peligrosos, 533 mil metros cúbicos de lodos petrolizados y 2.353 instalaciones abandonadas

Una situación reciente en este sentido son las enormes montañas de coque y azufre que se acumulan desde el 2008 en las instalaciones del complejo mejorador Antonio José de Sucre en Jose, estado Anzoátegui. Estos enormes volúmenes de materiales tóxicos, no solo son un riesgo potencial de daño al ambiente y a la salud humana sino que su propia existencia produce destrucción de los ecosistemas locales.

Asimismo, la industria petrolera contribuye con el cambio climático global. En tal sentido la ONG ambientalista internacional Greenpeace considera a Pdvsa una de las diez empresas con mayor nivel de responsabilidad en este tema.

Estos pocos casos que revisamos indican que en Venezuela han ocurrido y ocurren muchas situaciones que pueden ser definidas como ecocidios y que es necesario que toda la sociedad se reúna para actuar de manera decidida frente a ellos y reclame la solución de las mismas.

Este proceso de participación social por nuestros derechos ambientales debe ir mucho más allá de  las diferencias y polémicas que coyunturalmente nos separan y deben servir de puente articulador para un despertar de la conciencia ambiental de todos los venezolanos.

Tomado de tatuy.net

Entré a la educación ambiental a trabajar con niños. Treinta años después creo que es más urgente trabajar con los adultos con la esperanza de que pueden incidir sobre nuestro presente y así tener un futuro donde vivan los niños de hoy, pero sigo teniendo devoción y amor por los niños. Por eso, sentiría traicionar a los niños indígenas y criollos del Alto Caura, La Paragua, El Plomo, El Callao, a los niños de las zonas populares de Valencia, Maracay, Güigüe, San Diego, La Victoria, Palo Negro, a los niños de los pescadores zulianos de Santa Rosa de Agua, Congo Mirador,  Capitán Chico, Zapara y Ancón de Iturre entre muchos otros sitios de Venezuela, si protestara por algunos (¿ya vamos por cuantos?) árboles en situaciones nada claras, mientras me hago el desentendido con sus tragedias y encubro el sentido verdadero de denuncia y clamor de justicia social y ambiental de la palabra ecocidio.

Coda

¿Alguien sabrá cuál pueda ser el impacto ambiental y humano del uso de varias decenas (¿o centenas?) de miles de bombas lacrimógenas usadas en zonas residenciales en San Cristóbal, Mérida, Maracaibo, Maracay, Valencia, Caracas, Puerto Ordaz y otras ciudades y localidades durante las últimas semanas? ¿Podrá ser esto considerado un ecocidio?

Niños afectados por bombas lacrimógenas
Tomado de: noticiasvenezuela.org

Ambiente y política en la Venezuela actual: Negación, ira y más allá

En los últimos años, en Venezuela se ha producido un proceso de politización progresiva de los temas ambientales en el país.

Cuando hablamos de politizar, queremos decir  que se asume el enfoque ambiental como guía para realizar acciones colectivas dirigidas a mejorar el bienestar humano y la responsabilidad sobre la vida en nuestro planeta.

Este cambio es muy positivo para la sociedad venezolana, ya que los derechos y situaciones ambientales comienzan a ser percibidos como valores importantes para todos sus miembros.Pero, desafortunadamente este proceso tiene su cara oscura.

Los venezolanos nos encontramos en medio de un escenario político demencial, cuyos objetivos no son la gestión política de una nación en democracia, sino la lucha entre concepciones políticas antagónicas que se niegan mutuamente.

En esta situación, toda estrategia para vencer al enemigo es considerada válida. Por ello la política ambiental se convirtió en otra arma para la guerra.

En el medio de esta situación, o quizás como consecuencia de ella, en el último año, los temas ambientales  aparecieron cada vez más frecuentemente en la agenda política y comunicacional del país.

Si hacemos una apretada lista de las situaciones ambientales más destacadas en el último año, es necesario incluir: El derrame petrolero de Guarapiche, la intensificación de la crisis de la Cuenca del Lago de Valencia, el deterioro de la calidad de agua potable en varias ciudades, las graves intervenciones en diversos Parques Nacionales, las obras públicas que deterioran la calidad del ambiente urbano, las fallas en los procesos de recolección de desechos sólidos y las permanentes situaciones de desastres naturales que afectan la vida de muchas poblaciones.

Las respuestas políticas a estos acontecimientos han sido cónsonas con el estado de guerra que vivimos, y, hasta cierto punto, reproducen las fases sicológicas del duelo: Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. 

 
Por supuesto, no es posible trasladar de manera directa y exacta este modelo a un proceso político complejo, ni son visibles todas las etapas. A pesar de ello, estas nos pueden ayudar a entender lo que está pasando en las difíciles relaciones entre política y ambiente en el país.

Negación

En esta fase el paciente se niega a aceptar la realidad de su situación.

Esta es la respuesta gubernamental por definición.  Por ello, oficialmente no se produjo impacto ambiental en Guarapiche, el agua de los acueductos en los estados Carabobo y Aragua es totalmente sana, el cambio climático es culpa de otros, etc. Estas afirmaciones se repiten, aún en los casos en que es imposible negar situaciones evidentes.

Pero la negación tiene aristas aún más perversas: La negación de la información, la negación a aplicar la legislación vigente y la negación a ver (o ceguera políticamente inducida)

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La negación de la información ocurre cuando, las autoridades a distintos niveles de la administración pública, se niegan de manera sistemática a suministrar información sobre cualquier situación ambiental: sean indicadores de calidad de agua, tasas de deforestación,  volúmenes de desechos recogidos o presupuestos asignados.  Esto ocurre aún en los casos que por mandato constitucional o por Ley están obligados a suministrar información a solicitud de comunidades o grupos de interesados.

Este año llegamos a la negación política extrema, cuando por decisión de un tribunal se prohibió que los medios de comunicación social divulguen información sobre la calidad del agua en el país. No se puede informar de lo que oficialmente no existe.

Igualmente, la negación a la aplicación de las leyes queda demostrada por el hecho de que en ninguno de los casos recientes se adelantaron procedimientos judiciales.  Esto, a pesar de que la Ley Penal del Ambiente vigente obliga a las autoridades a ejercer acciones y castigar a los culpables ¿Cómo investigar lo que no ocurrió?

Finalmente, la negación a ver, una especie de ceguera unilateral, se expresa en documentos y declaratorias políticas. En los mismos se hacen críticas, a veces muy justificadas, contra la acción de las corporaciones globales y el  neo-liberalismo económico como causantes del daño ambiental. Pero a la vez, estos mismos documentos encubren el grave estado de deterioro existente en el país, causado en gran medida por instituciones del gobierno nacional.

Por su parte, en el campo de la oposición política del país, la negación ocurre por exclusión o dilución de los temas ambientales en su discurso, y, cuando estos temas aparecen, lo hacen como ideas más o menos difusas, mal pegadas a una oferta imprecisa de progreso.  Desde esta perspectiva,  el ambiente desaparece como elemento fundamental del bienestar humano.

Hemos llegado a un extremo de negación que vemos a toda una sociedad que cree posible seguir su vida “normal” a pesar de las claras señales de que nuestro entorno de deteriora de manera peligrosa y a veces irreversible.

Ira

La ira es la respuesta de rabia y frustración ante una situación dramática que ya no puede negarse. La persona con ira se vuelve agresiva y necesita conseguir culpables de su situación.

Esta es la reacción de muchos dirigentes gubernamentales a toda crítica o información sobre una situación ambiental, y por ello los denunciantes son descalificados, excluidos o criminalizados.

Esta situación genera una respuesta refleja desde los grupos afectados, principalmente ONG, medios de comunicación y universidades. En estas instituciones es frecuente oír a sus integrantes expresar indignación por los efectos de la hostilidad gubernamental, por lo que como una forma de represalia niegan valor o legitimidad a las propuestas y acciones gubernamentales.

Otra manifestación de la ira ocurre cuando algunos políticos de oposición utilizan cada situación o evento ambiental como oportunidad para enfatizar su mensaje sobre la incompetencia del gobierno.

Las consecuencias de la ira es el cierre de toda oportunidad de diálogo y trabajo en común, alejando las posibilidades de conseguir soluciones eficaces, viables y de largo plazo.

Negociación, depresión y aceptación

Las tres etapas siguientes son actualmente menos obvias y se manifiestan de formas menos intensas.

La negociación es el intento de la persona de posponer o retrasar lo inevitable. En este caso la negociación ocurre cuando las autoridades posponen las soluciones efectivas o definitivas a problemas ambientales graves “negociando” con los afectados la promesa de conseguir un remedio a su situación en algún futuro.

Asimismo se negocia sustituyendo las soluciones efectivas y permanentes por falsas soluciones. Por ejemplo, sí la comunidad no tiene suministro continuo de agua, se reparten  toneles y se suministra agua en camiones; sí la comunidad se inunda se promete establecer una mesa de trabajo entre la comunidad y algunas autoridades.

Este permanente “correr la arruga” termina empeorando  la situación de las comunidades afectadas. 

La depresión nace de la convicción de que no hay salida o solución a la situación existente. Es la condición que expresan con mucha frecuencia profesionales que laboran en muchos organismos de gestión ambiental, miembros de ONG e investigadores en universidades, pero también aparece en comunidades que sufren situaciones graves por períodos largos de tiempo.

La persona o comunidad deprimida tiene la sensación de “que esto se jodió”, por lo que no vale la pena intentar buscar soluciones e incluso paraliza todo deseo de buscarlas.

Finalmente,  la aceptación nace de reconocer lo inevitable y de asumir sus consecuencias. Esta etapa, aunque compleja y, a veces muy dolorosa, permite avanzar y eventualmente superar las situaciones penosas.

Entre más rápido podamos como sociedad llegar a esta etapa, más posibilidades tendremos de reconocer y avanzar hacia la solución de nuestros problemas. 

La aceptación de nuestra realidad ambiental será la oportunidad de tomar conciencia de que no podemos seguir viviendo como si el deterioro ambiental no existiera, como si no nos afectara, como si no nos importara, y a seguir dejando nuestro presente y futuro en manos de los que no les importa.

En cambio será la oportunidad  de comenzar a participar, cada uno de nosotros, en la construcción de una gestión ambiental eficaz, responsable, justa y solidaria dirigida a lograr una buena vida para todos los venezolanos.

Todas las imágenes añadidas a este texto son del artista inglés Banksy