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| Imagen tomada de http://www.eluniversal.com/ |
Recientemente el periodista Oscar Medina publicó en el diario El Universal un artículo titulado
"Sacar y seguir sacando" en el cual muestra los efectos perversos tanto sociales como ambientales de una economía basada en un modelo extractivista. Este artículo tuvo como fuentes un informe realizado por la organización civil Laboratorio de Paz y las opiniones de sus autores Rafael Uzcátegui y Lexys Rendón.
El artículo nos recuerda uno de los temas que deberían ser parte de la discusión nacional sobre nuestro modelo de país, en un momento donde la agenda pareciera estar exclusivamente en temas como el precio del petróleo, la inflación y la escasez de productos de primera necesidad. Debería ser claro que ninguna estrategia de desarrollo nos permitirá salir de la crisis sino entendemos que, más que los precios del petróleo, dependemos de nuestra capacidad para gestionar de manera responsable y sustentable nuestros recursos naturales, y en particular la biodiversidad, el agua y los suelos.
Por ello, recomiendo leer, discutir y compartir este artículo. Pero a la vez quiero expresar mi desacuerdo con algunas afirmaciones que aparecen en el texto, algunas expresadas en el mismo a manera de preguntas y, que en mi opinión son sobre-simplificaciones de la realidad ambiental y social venezolana y que creo que no deberían ser tomadas como verdades definitivas. Peor aún si parecieran provenir de conocidos y muy meritorios defensores de derechos humanos.
Revisemos las mismas en el mismo orden en que aparecen en el artículo (los textos entrecomillados son tomados textualmente del artículo):
“¿Se ha preguntado por qué no se escucha casi nada sobre las consecuencias ambientales y sociales de estas actividades? ¿Por qué los ambientalistas no hacen ruido como antes? ¿Por qué en Venezuela, a diferencia de buena parte de Latinoamérica, esto no es objeto de discusión?”
Los ambientalistas en Venezuela estamos claros con respecto a la grave crisis por la cual está pasando el sector de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Venezuela y, dentro de éste, el de las que trabajan en la conservación del ambiente y la defensa de los derechos ambientales de los ciudadanos. No es noticia hablar de la exclusión, aislamiento, estrangulamiento económico y rechazo a toda forma de contacto y diálogo que han venido sufriendo estas organizaciones en los últimos años. En este contexto se ha generado un repliegue del sector (Una explicación más rigurosa de este proceso lo da la profesora García Guadilla en un trabajo publicado
recientemente)
A pesar de esta situación, los ambientalistas venezolanos han seguido trabajando y generando propuestas, acciones y divulgado opinión al respecto de los temas ambientales que afectan al país. Con respecto de los temas mencionados en el artículo valdría la pena mencionar los trabajos realizados por la
Red ARA en los últimos años. En particular el
diagnóstico de la situación ambiental del país realizado por esta red en el año 2011, así como el informe sobre los
efectos de la minería ilegal de oro presentado en el 2013, así como otros trabajos recientes. Igualmente las múltiples denuncias realizadas sobre la explotación carbonífera en la Sierra de Perijá realizadas por la ONG Homo et Natura. A esto se suma un importante trabajo de articulación, diálogo, educación y comunicación tanto de forma directa como a través de medios de comunicación tradicionales, páginas web, blogs y otros medios.
"Al mirar el mapa de conflictos actuales en América Latina la resistencia a proyectos de gran minería está en primer orden", explica Uzcátegui: "Todas las comunidades indígenas y los ambientalistas están en esa lucha. Pero aquí no. ¿Cómo es posible que no sea así en un país petrolero y de vocación extractivista?"
Decir que “aquí no”, sin más explicaciones ni matices, es desconocer el enorme esfuerzo de resistencia que están realizando las comunidades indígenas en el país. En particular en los últimos años distintas organizaciones han venido realizado denuncias sobre los conflictos, tanto sociales como ambientales, relacionados con la explotación minera tanto carbonífera como de oro. Estas denuncias han sido presentadas ante instituciones del Estado venezolano, organizaciones internacionales y la opinión pública venezolana. Asimismo, organizaciones civiles, universidades y grupos religiosos han realizado denuncias e informes sobre las graves situaciones existentes en las zonas bajo explotación minera y petrolera.
Por otra parte, el hecho de que no se haya realizado un mapa de conflictos socio-ambientales del país no es atribuible al desinterés o a la negligencia de ningún grupo, sino a las enormes limitaciones, presiones y restricciones que afectan a las instituciones y organizaciones venezolanas.
Adicionalmente las sucesivas crisis políticas y económicas que ha venido sufriendo el país en la última década, han generado que la sociedad venezolana pareciera estar en una etapa de perplejidad e incertidumbre, por lo que los temas socio-ambientales, incluyendo los efectos negativos del extractivismo, no parecieran resonar en la mayor parte de la sociedad. Esto lo podemos ver en la reciente eliminación del Ministerio del Ambiente y su fusión (¿demolición?) con el Ministerio de Vivienda y Hábitat sin que esta situación haya generado más que algunas protestas por parte de organizaciones ambientalistas y universidades sin que haya generado una respuesta mayor de la población.
“En general esas organizaciones indígenas se atreven más a alzar la voz aunque se identifiquen con el chavismo porque viven el problema y lo entienden con claridad”
Entiendo claramente que en el contexto de una entrevista a veces es necesario resumir y simplificar ideas, pero este mismo proceso puede generar que algunas ideas se sobre-simplifiquen y puedan ser mal interpretadas.
Generalizar sobre la situación del mundo indígena venezolano es una tarea riesgosa. El mismo, al igual que el resto de la sociedad venezolana, es muy heterogéneo y se resiste a ser encasillado. Existen fuertes diferencias en el modo de enfocar los temas relacionados con la minería entre etnias, entre comunidades y aún en el interior de las mismas. He oído directamente a dirigentes indígenas lamentar las divisiones y enfrentamientos que la minería de oro está generando en las comunidades indígenas.
Es claro que la mayor parte de los grupos indígenas apoyaron las políticas gubernamentales generadas a partir del reconocimiento constitucional de sus derechos culturales, territoriales y económicos y que este apoyo se mantiene en gran medida. Pero a su vez, la gravísima situación de deterioro social y económico derivado de los efectos más perversos de la minería (contaminación por mercurio, violencia, pérdida de sus valores culturales, pobreza, explotación humana) está generando cambios en la percepción de las comunidades indígenas sobre las políticas desarrolladas por el gobierno nacional. En palabras de uno de sus dirigentes:
“En la región se está produciendo un proceso de neocolonización tan destructivo como los anteriores”.
En conclusión
El tema del extractivismo (y en particular de su variante actual el
neoextractivismo ) y sus efectos ambientales y sociales es bastante complejo en particular en la realidad actual venezolana donde nada parece ser claro y cierto. Más aún con la aparente caótica dinámica política que se ha desarrollado recientemente.
En el medio de esa turbulencia aún hay esfuerzo, resistencias y acciones importantes.
Más allá de las diferencias en enfoques y percepciones, creo que debemos buscar juntar esfuerzos y trabajar cada vez más unidos para cambiar la actual narrativa del país como campamento minero tal como lo definió José Ignacio Cabrujas y construir el país de la
diversidad productiva y responsable.
Bienvenida la discusión y bienvenido la organización Laboratorio de Paz al mismo.
